Incertidumbre en las cooperativas de construcción barriales por el cese en la obra pública

“A fin de noviembre lo decidimos. Ya no teníamos plata. Los reunimos y les dijimos que ese era su último sueldo”. Liliana Aguirre está a cargo de una instalación eléctrica en hogares del barrio San Cayetano, partido de San Isidro. El proyecto de Aguirre, que emplea a más de 30 trabajadores, es una de los tantas obras públicas que las agrupaciones sociales realizan a lo largo y ancho del país en el marco de un programa que hasta el cierre de la gestión anterior dependía del Ministerio de Desarrollo Social, y que hoy, con el cambio de Gobierno, entró en un compás de espera e incertidumbre. “Tenemos esperanza de que depositen lo que falta, pero lo veo difícil y no podemos pedirles que trabajen gratis”, señala Aguirre.

El Programa de Obras Tempranas (POT), a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), baja recursos y financiamiento a las organizaciones sociales para impulsar mejoras de accesibilidad y conectividad en los barrios postergados de todo el país. La Secretaria aprobó el primer tramo de la instalación eléctrica, y con la última auditoría de la gestión anterior se le dio luz verde al proyecto de Aguirre, que espera el desembolso de fondos y que, como tantos otros, aguarda definiciones. Por sí o por no.

“Trabajamos tres meses solamente. Estamos en un 20% de la obra y la tuvimos que frenar. Nos dicen que hay que esperar, pero ¿hasta cuándo? No hay ningún tipo de respuesta. Entonces nosotros tampoco tenemos respuestas para darle a la gente, que es lo que queremos. Que nos digan no y nosotros hablamos, o ‘sí, seguimos’ pero no hay respuestas”, cuenta.

El número de trabajadores varía según la magnitud de la obra, pero siempre reúne a entre 20 y 30: un oficial de obra, ayudantes, serenos, pañoleros, un “sociocultural” –el agente que enlaza el programa con el barrio– y un arquitecto, responsable técnico. Los sueldos, por cinco jornadas de ocho horas, varían entre los 100.000 y los 130.000 pesos. “Nada, pero es un sustento”, explican.

“Hacemos veredas, cordón cuneta e instalaciones de agua, cloaca y electricidad”, explica el arquitecto Felipe de los Santos, que desde Libres del Sur, una agrupación con alcance nacional, pudo darle término a una obra en el barrio los Hornos, partido de la Plata, pero no así a la que ejecuta en Montegrande, Esteban Echeverría, cuya finalización estaba prevista para febrero. “Mucha gente contaba con un sueldo por lo menos hasta marzo”, explica Aguirre. “Según lo que dijo el ministro de Economía, las obras que ya estaban en ejecución se iban a continuar, pero todavía no hay ninguna definición”, agrega de los Santos.

En tránsito

“No hay ninguna indicación de congelar ni de frenar nada”, comparte uno de los funcionarios de Juntos por el Cambio que en los últimos días se sumó al armado de Pablo de la Torre, al mando de la Secretaría de Niñez y Familia, que se nutre de los equipos de San Miguel –distrito que su hermano Joaquín conduce políticamente desde 2007– pero también de otros municipios como Tres de febrero o Lomas de Zamora. “Hay experiencia de gestión, pero esto es otra dimensión”, comparan, en alusión al alcance nacional. “Todavía no vimos ni los expedientes”, afirma otro, cuyo cargo todavía no fue oficializado. Por fuera de la incertidumbre que rodea al financiamiento, también hay dudas sobre el destino de la SISU: podría recaer bajo el ministro Guillermo Ferraro, en la cartera de Infraestructura, o quedar bajo el ala de Sandra Pettovello, a cargo del ministerio de Capital Humano.

La sombra de los anuncios en torno al cese en la obra pública se proyecta sobre todo un esquema que activa –entienden en las organizaciones sociales– una dinámica virtuosa en los barrios: cada proyecto representa ingresos para las familias empleadas y mejores condiciones de habitabilidad para muchas otras. Señalan, a su vez, el marco de contención social que el trabajo genera en los barrios. “El último que entró a laburar era un chico de 19 años. Estaba muy contento, era su primer trabajo en el barrio. Le duró cuatro días. ¿Dónde puede terminar ese chico ahora?”, cuenta Oscar Hurtado, quien concluyó la primera etapa de un tendido eléctrico en Don Torcuato, pero que tiene en espera a 100 familias, que al ver los resultados del primera tramo, se anotaron para renovar el suyo.

“No hace falta entrar a las casas para darte cuenta del estado eléctrico. Son telarañas de cables”, señala. Indeleble, todos mantienen el recuerdo de 2007, cuando una conexión desató un incendio que tuvo un saldo trágico en La Cava, San Isidro.

“No tenemos ninguna garantía de continuidad en la obra. Muchos barrios dependen de esto. Muchas obras que quedaron abiertas y son lugares que se intervino porque cuestiones de riesgo”, explica Gastón Reyes, encargado de monitorear las obras que lleva adelante el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Con el cierre de gestión se frenaron los circuitos administrativos”, agrega Hernández, su par de Libres del Sur. “Nosotros somos y fuimos muy críticos del anterior oficialismo. Pero este programa funciona muy bien. Las auditorias –que constatan los tiempos y los números–, también”, explica.

“Esperemos que la billetera se abre un poco de más y que cumplan con las partes que faltan. Son obras que ya están arrancadas. Que se cumpla con lo que falta de la segunda etapa, que ya está pautada”, se seperanza Hurtado.

Comedores

Otra de las preocupaciones que se cierne sobre las organizaciones sociales son los comedores, un frente de contención que ralentiza el avance de la crisis. “En algunos ya no podemos anotar a más gente. Empezó a haber una demanda muy alta que no podemos satisfacer”, señala Hurtado. Su agrupación lleva un registro de quienes se acercan a estos centros de asistencia con que realizan un seguimiento en el peso, la talla y la nutrición de los chicos. Estos centros de asistencia vienen golpeados en los últimos años porque, en medio de la crisis sostenida, los recursos del Estado bajaron con intermitencia.

“No tenemos desnutridos, tenemos malnutridos”, explica Aguirre, en alusión a la harina, que compone casi en totalidad la pirámide nutricional en los comedores y merenderos. La carne y la verdura corren por cuenta casi exclusiva de los trabajadores que como contraprestación del Plan Potenciar Trabajo sostienen los comedores.

“Hace más de un año que también vienen adultos pidiendo comida para sus casas. Hace tiempo que el salario no alcanza. Se acercan jefas y jefes de familias para ahorrarse esa comida.”, afirma. “Si los números de [Luis] Caputo son reales, vamos a recibir un ejército de personas. No hay manera de bancar esto”, proyecta Hurtado. “Muchos comían en el comedor del colegio –agrega Aguirre–, pero ahora se terminan las clases”.

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