Caos y anomia: la toma descontrolada de terrenos que hace desaparecer el último pulmón verde en Ciudad Evita
La mitad de la reserva, un predio de 700 hectáreas, sucumbió a las ocupaciones para barrios populares, residencias y otras actividades; a los incendios de pastizales, la tala indiscriminada y basurales
LA NACION
El camino detrás del arco que reza “Bosques Ciudad Evita”, en La Matanza, se eleva en una pendiente transformada en lodazal por la tormenta de la noche anterior. Un hombre junto a dos adolescentes transitan por el barro encima de un carro rojo que arrastra con esfuerzo un tobiano enclenque. El caballo hace una proeza para desatascar las ruedas que constriñen la condición del terreno, el peso de sus ocupantes y la carga de cartones y plástico que transporta. La senda se improvisó con los años en la esponjosidad de un territorio inundable, un humedal cada vez más exigido para drenar el agua de lluvia ante la expansión de las construcciones y el cemento. A los costados se acumula basura y conviven realidades polarizadas: tolderíos junto a chalets, casonas y mansiones con pórticos de hierro; al fondo y rompiendo la línea del horizonte emergen montículos de ladrillo a la vista, nuevos asentamientos. Un pesado camión con dos chanchas de gas con la leyenda “Peligro, explosivo” se adentra en el lodo de los pastizales con la gallardía de un todoterreno. Su meta es rellenar las garrafas de las viviendas de 22 de Enero, un barrio popular en proceso de urbanizarse. Pocos indicios quedan de que toda la zona es una reserva ecológica con protección legal.
La ruta provincial 21 y las vías del ferrocarril Belgrano Sur corren en paralelo a la laguna, el humedal y los bosques de acacias negras. La frondosidad en los espacios verdes conserva un estado salvaje en retirada por el desmonte de la vegetación en los límites donde ahora proliferan comercios ruteros, carbonerías, playones de vehículos, clubes deportivos y negocios ligados a la construcción. Más adentro, el paso de un bosque de casuarinas lo interrumpe un alambrado que se extiende a lo largo de varias hectáreas, como si delimitara un campo de hacienda. Al otro lado de las púas pastan decenas de caballos, formando un verdadero haras; ovejas y ganado. Un ocupante levantó un terraplén artificial para evitar la acumulación de agua en el sector pantanoso y así poder esparcir su actividad agropecuaria. En una estación de servicio a escasos kilómetros de allí una retroexcavadora amarilla carga combustible antes de ingresar a la reserva, haciendo caso omiso a la orden de la Fiscalía General de La Matanza que prohíbe el movimiento de suelos y la presencia de maquinaria pesada en el lugar.
Las únicas constantes en la reserva natural de Ciudad Evita son el caos y la anomia. El ecosistema nada puede hacer contra el crecimiento descontrolado de la urbe en terrenos inundables. A los problemas históricos de la región se suma la crisis habitacional que azota al país. Ante el retroceso del Estado, los vecinos asumieron una versatilidad de roles, que van desde guardaparques y centinelas a brigadistas y bomberos, en un intento por frenar el deterioro del ambiente en una zona que es vital para la recuperación y el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.
La reserva es un predio de 700 hectáreas, donde la mitad de los espacios verdes desaparecieron por la toma de terrenos, los incendios de pastizales para loteo y venta, la tala indiscriminada de bosques, la construcción no autorizada de residencias de lujo, villas de emergencia, ocupaciones para hacienda, basurales a cielo abierto y la descarga de desechos industriales y áridos en arroyos y lagunas.
Una multiplicidad de focos de conflicto llevó la situación a un estado crítico en el último tiempo, con picos de tensión por desalojos masivos de 200 familias y el incendio de más de 60 hectáreas de bosques. Actualmente hay más de 50 denuncias penales contra usurpadores y se interpuso una demanda por daño ambiental contra la Municipalidad de La Matanza, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo propietario de más de la mitad de la superficie.
“Si no te informan que es una reserva de acceso público no te enterás, a menos que uno de los vecinos te lleve a recorrerla o alguien que conoce bien la zona”, dice a LA NACION Celia Zelaya, presidenta de la Asociación Civil de Vecinos de Ciudad Evita y miembro de Prenace, una agrupación vecinal que surgió en 2020 con el objetivo de proteger la reserva.
Frente a ella se extiende un pastizal donde hay una camioneta estilo Trafic calcinada. Lo único que indica el ingreso a la zona ecológica es un letrero oxidado que dice “Reserva Ciudad Evita” colocado hace tiempo por los vecinos junto a unos troncos con los que quieren impedir el paso de los vehículos que descargan basura. No hay cartelería oficial y el límite de dónde empieza la reserva y dónde el espacio urbano es difuso y sin una demarcación física que resguarde el espacio verde.
“Somos muy activos y alertamos siempre a las autoridades. Es difícil tomarse vacaciones porque siempre hay una ocupación nueva y vivimos en estado de alerta. Trabajamos mucho para que no se ponga ni un ladrillo porque después prácticamente se pierde la zona. En todos los sectores de la reserva la secuencia es la misma. Primero se instalan, después ocupan y venden como si fueran los dueños de cientos de hectáreas. No es solo gente humilde, sino que construye gente con alto poder adquisitivo, que en una semana te levanta un paredón y en un mes una casa de varios pisos. Se levantaron también estructuras lujosas, con mansiones para recibir invitados y hasta realizar eventos internacionales”, denuncia Zelaya.
Denuncias penales
La líder de la asociación vecinal refiere que presentaron más de 50 denuncias penales, además de alertar por la vías administrativas a todos los organismos públicos responsables. La mayoría fue por intentos reiterados de toma de terrenos. El último, refiere, sucedió el 1º de septiembre, una usurpación masiva de 200 familias, en la zona de El Pindo –el camino de tierra que atraviesa el arco “Bosques Ciudad Evita”– y la calle La Mulita, que implicó un megaoperativo de la policía bonaerense para desalojar y culminó con 23 personas detenidas, un oficial apuñalado y otro con traumatismo de cráneo. La tensión subió luego, cuando parte de los ocupantes en conjunto con miembros del partido político Frente de Izquierda se movilizaron a la comisaría para pedir la liberación de los detenidos y la renuncia del comisario. Habitantes del lugar que participaron de la ocupación sostuvieron a LA NACION que lo que detonó la marcha a la seccional fue que la policía realizó detenciones en la madrugada de personas que no formaron parte del acampe.
Las otras denuncias penales que presentaron desde Prenace fueron por movimientos de suelos, aperturas de calles, destrucción de flora nativa, descarga de áridos y tosca, elevación de terrenos, rellenos sanitarios en lagunas y desmontes. También denunciaron la entrada y salida constante de camiones y maquinaria pesada como retroexcavadoras, palas mecánicas y camiones hormigoneros, así como la presencia regular de trabajadores colocando postes para tendido eléctrico en la zona ecológica.
En paralelo, varios de los ocupantes que se arrogan la propiedad de grandes extensiones de hectáreas en Ciudad Evita iniciaron juicios en la justicia civil por usucapión, aunque ninguno tiene todavía sentencia firme. La figura contempla el derecho a que una persona adquiera la titularidad de un terreno por el simple paso del tiempo. Para que se le reconozca el dominio tienen que demostrar haberlo ocupado de buena fe por al menos diez años.
“En enero tuvimos un incendio muy grande, más de 60 hectáreas quemadas”, recuerda Zelaya, y señala los restos de los árboles carbonizados por las llamas. Unos troncos se mantienen sobre sus raíces y otros están tumbados donde la naturaleza comenzó a regenerarse con lentitud después del incendio forestal del verano. Los vecinos manejan dos hipótesis de su origen: una quema de basura que se descontroló o la intencionalidad de una persona que inició un foco para luego lotear la zona.
Y agrega: “Pusimos plata de nuestro bolsillo para comprar los equipos para combatir el fuego porque en Ciudad Evita no tenemos un cuartel de bomberos. Nos asistieron los cuarteles de Tapiales y Laferrere, pero no tienen la capacitación especial para apagar un incendio en una reserva. Cuando vieron que ya no había riesgo de vida para las personas de la zona, dejaron que se sigan quemando los espacios verdes. Fue desesperante, entre los vecinos hicimos lo que pudimos para llevar agua y, después de que se apagó, rastrillamos toda la zona para ver que no hubieran nuevos focos de incendio”.
Amparo por daño ambiental
La contienda legal escaló con la presentación de un amparo por parte de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que se interpuso en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2, el mismo que ejecuta la sentencia del fallo Mendoza en el que la Corte Suprema ordenó el saneamiento del Riachuelo, cuenca a la que pertenece la reserva. Fueron demandados la Municipalidad de La Matanza, el Ministerio de Ambiente bonaerense, la Acumar y el IVC porteño.
“Vimos que había una demora e inacción en la toma de decisiones conjuntas entre todos los organismos que demandamos. Presentamos un amparo ambiental en el que solicitamos medidas cautelares urgentes para paralizar el movimiento de suelos, cualquier obra, actividad o construcción dentro de la reserva; también, que Acumar, el Ministerio de Ambiente bonaerense y la municipalidad ejerzan su poder de policía dentro de ella y sus alrededores y que designen recursos económicos, materiales y humanos para garantizar que no se genere un daño ambiental en el ecosistema en general. Se necesita de un sistema de vigilancia dentro, guardaparques o agentes estatales que puedan controlar los movimientos constantes que se detectan”, detalla a LA NACION Ana Parellada, abogada del área de Biodiversidad de FARN.
El amparo de 94 páginas divide el territorio de la reserva por su importancia y riqueza ecológica y las diferentes problemáticas que la afectan. El “Sector A” contiene 288 hectáreas y, si bien es el único de los tres sectores que tiene protección legal –porque fue declarado reserva natural y área ecológicamente protegida “Bosques de Ciudad Evita” en 2015 por la ordenanza municipal 24.247 de La Matanza–, el 50% de su superficie está urbanizada por barrios populares recientes y consolidados.
El “Sector B” es donde se encuentran el humedal, los bosques, pastizales, la laguna y arroyos en una extensión de 301 hectáreas. Paradójicamente, siendo la zona de mayor valor ecológico por su falta de urbanización no fue incluida en la declaración de área protegida de 2015. Los terrenos del humedal pertenecen al IVC, que en total tiene la titularidad de aproximadamente 473 hectáreas en Ciudad Evita.
La Acumar la declaró “zona ecológicamente estratégica y a preservar” por ser terrenos bajos y de escasa pendiente que actúan como sistema de amortiguación de los excesos hídricos que van en dirección al cauce del río Matanza, evitando las inundaciones. Su humedal es vital para la recuperación del Riachuelo por ser reservorio de biodiversidad y regulador de las crecidas, además de ser un purificador natural de aguas contaminadas.
La última sección es el “Sector C”, de 110 hectáreas, que además tiene un alto valor cultural por albergar restos arqueológicos de los querandíes. Las parcelas están subdivididas y en gran parte se desconoce quiénes son los verdaderos propietarios por la gran cantidad de ocupaciones. Hasta 2015 era un extenso pastizal y en pocos años se transformó en una villa densamente poblada en la zona conocida como Puente 13.
La toma de terrenos recrudeció en 2020 con la pandemia, situación que generó que interviniera la Fiscalía General de La Matanza para prohibir en el área el establecimiento de corralones y secuestrar vehículos que transporten materiales de construcción.
En las rejas del portón de hierro de ingreso a los asentamientos de Puente 13 cuelga un cartel que dice “Prohibido el ingreso a personas ajenas al barrio”, dispuesto como si fuera un control fronterizo. Solo se abre para permitir el tránsito de los camiones de materiales y el de sus habitantes. En abril de este año los residentes protagonizaron el corte total de la autopista Riccheri para reclamar que el municipio autorice el servicio de luz.
Su población actual todavía no está censada y a diferencia del resto de los asentamientos y barrios populares de la zona, la traza de las calles muestra un diseño urbanístico más ordenado, con una avenida principal de tierra y caminos laterales que se desprenden de ella. La mayoría de las viviendas enfiladas son de ladrillo a la vista a excepción de las que limitan con las calles exteriores, que cuentan con empalizadas de piedra y rejas metálicas. Sus habitantes están en conflicto con los querandíes, quienes les reclaman por el deterioro de las tierras en las que descansan los restos de sus antepasados y donde yacen reliquias históricas de su cultura. La comunidad originaria denuncia también que se les prohibió el ingreso a realizar sus rituales religiosos en el lugar que consideran sagrado.
“Lo ideal en el futuro sería que la reserva tenga una protección jurídica mayor y más estricta a nivel provincial, con una gestión compartida entre la Municipalidad de La Matanza y el Ministerio de Ambiente bonaerense, y que el IVC decida qué hacer con sus parcelas –si las cede al municipio u otorga un permiso de uso– y que se implemente un plan de gestión de una reserva natural”, sostiene Parellada.
Conflicto de jurisdicción y una solución posible
En la región ecológica de Ciudad Evita hay un doble conflicto entre el gobierno porteño y el municipio por la jurisdicción y el reclamo de una deuda millonario por tasas. Los terrenos se encuentran dentro de La Matanza, pero la titularidad de la mayoría pertenece al IVC.
“La situación generó un vacío que dio lugar a las ocupaciones, tomas por necesidad de vivienda, y abrió procesos de usucapión. Nos la pasamos enviando a los guardianes ambientales en cualquier horario, llamando a la policía, realizando operativos y evitando que ocupen”, dice a LA NACION Antolín Magallanes, director de Gestión Política y Social de la Acumar.
Sobre el amparo refiere: “Desde Acumar ya presentamos en el juzgado la propuesta de un acuerdo tripartito con la Municipalidad de La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires para solucionar el tema”.
El acuerdo consiste en que el IVC ceda al municipio las parcelas que están en la región ecológica, para que se implemente la reserva. La seguridad del predio quedaría a cargo de la municipalidad y la Acumar financiaría lo necesario para desarrollarla.
En conjunto con el Conicet, el organismo incluyó al humedal de Ciudad Evita en el inventario de humedales de la cuenca, al igual que la Laguna de Rocha y Santa Catalina. La mayor biodiversidad está ligada a su entorno acuático, con 128 especies diferentes de aves, entre exóticas y comunes, como las cigüeñas americanas, el estornino pinto, la garcita blanca y el cuervillo cara pelada. También hay una variedad de mariposas, anfibios y coipos.
“De firmarse el acuerdo, Acumar no va a quedarse con el uso del predio, sino que va a controlar la recuperación del ecosistema y acompañar al municipio pudiendo financiar la seguridad, obras de infraestructura, centros de investigación, senderos y lugares de avistaje. Nada invasivo, pero sin garantizar la seguridad del predio que quedaría a cargo exclusivo del municipio”, agrega Magallanes.
Luego de meses de negociación se alcanzó una instancia final a la espera que La Matanza firme el acuerdo. Mientras que el municipio pretendía originalmente que la cesión fuera por tiempo indeterminado, el IVC impulsó que sea por cinco años con posibilidad de renovarlo por igual período. El último condicionante para que La Matanza firme el convenio y la reserva se implemente es económico.
Hace 15 días el Concejo Deliberante municipal creó la Comisión Especial de Reparación Histórica para tratar la regularización de las tierras de la Ciudad en La Matanza, y a la vez reclamarle las tasas y otros tributos que adeuda. “Estamos de acuerdo con avanzar en el convenio, pero no queremos que eso desligue la responsabilidad jurídica que tiene la Ciudad por la deuda de tasas municipales, que es millonaria; representa entre 7 y 8 veces el presupuesto anual de La Matanza”, dice Miguel Saredi, secretario de Planificación municipal.
El último de los demandados por FARN fue el Ministerio de Ambiente provincial. Desde la cartera que conduce Daniela Vilar señalaron a LA NACION que están trabajando junto con la intendencia y Acumar en la respuesta al amparo y que, si bien el tema corresponde a una reserva de jurisdicción municipal y no provincial, el ministerio está analizando el caso.
Urbanización y crisis habitacional
El acuerdo entre Provincia y Ciudad se centra en todo el territorio ecológico que todavía se conserva y no sobre el espacio que se perdió. Las autoridades del IVC indicaron a LA NACION que ya transfirieron los terrenos donde se instaló el asentamiento, conocido como Veinticuatro de Marzo, al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu) del gobierno bonaerense.
Por otro lado, en la región superior de la reserva donde se concentra 22 de Enero, un asentamiento densamente poblado, realizaron un convenio con la Secretaría de Inclusión Social de la Nación para autorizar el uso de la tierra a sus habitantes y urbanizar con infraestructura y obras comunitarias, como escuelas primarias, secundarias y campos deportivos. 22 de Enero abarca 117 manzanas y tiene una población aproximada de entre 1500 y 2000 familias, según estimaciones de los vecinos. En las inmediaciones están los asentamientos Tierra y Libertad, Gauchito Gil, Un Techo para Todos y 28 de Octubre, que en conjunto abarcan 159 manzanas.
Los habitantes de los cinco barrios están nucleados en la Coordinadora Interbarrial Ciudad Evita Popular y reclaman al gobierno nacional, a la Provincia y a la municipalidad la regularización dominial de los barrios.
“La responsabilidad de todo esto es del Estado y es un conflicto histórico que ya lleva 30 años. La situación de la reserva es compleja: cuando hay una necesidad legítima de los vecinos de adquirir una tierra para construir una vivienda aparecen todas las autoridades, pero cuando hay construcciones de gran calado con mucha inversión en zonas declaradas reserva, la policía no interviene”, sostiene a LA NACION Daniel Pérez, referente de la organización y vecino de 22 de Enero.
Después agrega: “El 97% de las calles de los cinco barrios no están pavimentadas. La acumulación de agua es permanente en todas las estaciones y trae problemas de salud a los vecinos y los chicos. La urbanización que hay es muy básica. Tenemos acceso a los servicios esenciales, pero no existe infraestructura”.
El deterioro de la reserva se superpone con la crisis habitacional que atraviesa el país. Según consignó Cippec en su último informe, en la Argentina cuatro millones de hogares (que representan el 32% de la totalidad del país) viven en condiciones deficitarias.
“Lo ideal sería que todos puedan disfrutar el ecosistema de Ciudad Evita, es un pulmón verde demasiado importante para La Matanza y el resto de la provincia. Si esto no se detiene y se pierde la reserva, perdemos todos”, advierte Zelaya bajo la sombra de las casuarinas que ahogan el ruido urbano. Aquel descanso verde se mantiene como un templo ecológico resiliente a la marabunta de concreto que destruye el poder de absorción del humedal y expone a Ciudad Evita al riesgo de terminar sepultada bajo el agua.
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