Aeródromos en crisis. Denuncias cruzadas, clausuras y desalojos dejaron al borde de la inacción a varias pistas bonaerenses

LA PLATA.- Una serie de medidas de la Dirección de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria (DPAO) del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en aeródromos desató un áspero conflicto entre funcionarios, administradores y usuarios del sistema que derivó en denuncias cruzadas, desalojos, clausuras y apertura de causas judiciales.

El entredicho lleva más de dos años y develó numerosas irregularidades originadas en la informalidad y ausencia de controles efectivos en que, desde hace tiempo, funcionan los predios que pertenecen al fisco provincial. Un panorama al que se suma una ostensible falta de apoyo oficial. En la cartera de Seguridad avanza un proyecto para introducir un nuevo sistema de concesiones que puso en alerta a los socios de los aeroclubes.

Pistas con grietas en la capa asfáltica y sin mantenimiento, instalaciones precarias o inexistentes, actividades ajenas a la aviación y usuarios con permisos provisorios o sin habilitación coronaron un rosario de anomalías funcionales y administrativas. Dentro del perímetro de varios aeródromos se hallaron de campos de golf, natatorios y polígonos de tiro a barrios cerrados.

Más allá de las actividades de competición de la aviación deportiva, los vuelos recreativos y de bautismo, las prácticas de planeadores y, en algunos casos de paracaidismo, en los aeródromos provinciales también desarrollan una función importante las escuelas de formación de pilotos, los aeroaplicadores para fumigaciones de campos, los servicios de transporte no comercial y los taxis aéreos, así como los servicios ante emergencias sanitarias.

La avanzada, impulsada en la gestión de Sergio Berni como ministro de Seguridad bonaerense, comenzó al finalizar la cuarentena por la pandemia de Covid-19. En diálogo con LA NACIÓN, el exfuncionario y actual senador provincial y rector ad honorem del Instituto Universitario Juan Vucetich, explicó las medidas adoptadas: “[tienen que ver con] “las malas condiciones en que encontrarmos a más de la mitad de los aeródromos; había un festival de curros sin control”.

Berni aseguró que su cruzada para auditar las aeroestaciones empezó una tarde en que trabajaba en un distrito del interior -que no identificó- y el piloto de la aeronave oficial le informó que debían salir antes del anochecer porque la pista no tenía iluminación. Desde entonces, Berni impulsó una fiscalización exhaustiva sobre el funcionamiento y administración de los 52 aeródromos públicos que existen en la provincia.

Los aeródromos públicos bonaerenses funcionan en predios del Estado. Se rigen por el decreto N° 2199 que, en 1977, habilitó realizar convenios entre la provincia y cada municipio donde funcionan los campos de aviación. Desde entonces, las comunas se transformaron en depositarios y administradores de los predios y responsables de “atender las erogaciones que deban efectuarse para asegurar el buen estado de conservación y funcionamiento”, tal como fija la normativa que facultó a los intendentes para llevar adelante por sí o por terceros la “explotación comercial” del lugar y estableció que un 60% de lo recaudado sea para garantizar la operatividad y el 40% restante integre un fondo de fomento aeronáutico.

El decreto del 77, firmado del ministro de Gobierno Jaime Smart, prevé que cada administrador local debe elevar anualmente la memoria y balance de la gestión y obliga a pedir autorización para cualquier iniciativa que implique mejoras edilicias o modificación de instalaciones. La Dirección de Aeronáutica provincial se compromete, por su parte, a supervisar la actividad y, en caso de detectar irregularidades o incumplimientos, declarar la caducidad del convenio. El paso del tiempo y la falta de controles fue llevando a la actual situación. En 2017, durante un conflicto con los pilotos de las aeronaves de la provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal traspasó la Dirección de Aeronáutica, hasta entonces responsable de los aeródromos, de la Secretaría General de Gobernación a Seguridad. Vidal argumentó que así se evitaba la duplicación de estructuras, pero los pilotos dicen que lo hizo para evitar huelgas al estar encuadrados en el régimen policial.

Un caso paradigmático es el aeródromo de Junín, cuya pista pavimentada está inactiva desde abril de 2012 cuando se dispuso su cierre al detectarse un “estado generalizado de falla de la carpeta asfáltica de la pista” que impedía su operatividad. Los reiterados anuncios de una reactivación siguen sin cumplirse y las autoridades locales esperan una inspección de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde 2018 sólo son posibles las actividades aéreas en la pista de tierra alternativa que maneja el Club de Planeadores. Durante la campaña en la que obtuvo su tercer mandato como intendente Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio) prometió realizar las obras para rehabilitar la pista para vuelos sanitarios en una primera etapa.

Inspecciones y desalojos compulsivos

En mayo de 2021, a poco de asumir la DPAO, el coronel retirado Santiago Adaime, designó como director de Planificación Aeroportuaria a Fabio Michelli y, por instrucción de Berni, inició las inspecciones en los aeródromos. La tarea no estuvo exenta de problemas. En San Pedro, donde se planteó el desalojo ya que uno de los miembros de la comisión directiva tenía antecedentes penales, 75 de las 108 hectáreas de terreno estaban sembradas. En uno de los hangares se había construido una cancha de padel y en otro se halló un avión vinculado con una causa por narcotráfico. En Mercedes se detectó una alteración de infraestructura sin permiso provincial y se desalojó al concesionario. Allí, como en muchos otros de estos lugares, la situación generó tensión entre funcionarios y miembros de los aeroclubes y fuertes peleas entre los usuarios que llegaron hasta a golpes de puño.

Otro foco de alta tensión se generó en San Nicolás cuando, en marzo de 2022, Berni criticó las condiciones del aeródromo y cruzó al entonces intendente, Manuel Passaglia, al que amenazó con denunciar penalmente por un supuesto desvío de fondos. “Un aeródromo es la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente frente a una urgencia. En San Nicolás el aeródromo está sembrado y genera una fortuna y eso está muy bien, pero el intendente tiene que volcarlo en mejoras para el lugar”, dijo Berni en una visita a esa ciudad para entregar patrulleros.

En septiembre de 2021 un avión sanitario que transportaba un corazón para un trasplante no pudo aterrizar en San Nicolás por falta de balizamiento en la pista principal. El piloto tuvo que bajar en Pergamino pero, según lo informado oficialmente, el órgano se perdió porque se excedió el tiempo de conservación que permite hacer la ablación. Esto enfureció a Berni, con pasado militar y médico de profesión, y lo llevó a profundizar la fiscalización sobre aeródromos y a pensar en renovar la normativa sobre funcionamiento y administración. Según dijo, una de sus obsesiones era que todos los campos de aviación cuenten con iluminación en sus pistas para operar las 24 horas.

“Me parece una locura que los aeródromos solo estén disponibles para los que fumigan y tienen escuelas de vuelo que viven de esos curritos y después de las seis de la tarde cierran todo porque no les interesa nada más; se desligan de la responsabilidad que implica garantizar un servicio para la comunidad en especial desde el punto de vista sanitario” enfatizó Berni.

Mediante dos resoluciones, la provincia declaró la caducidad de los convenios con San Nicolás y Zárate por la administración de las instalaciones y actividades en ambos aeródromos. La medida reintegró el control de los predios a la DPAO e indicó que no había informes sobre el rédito económico de las explotaciones agrícolas ni sobre las inversiones para conservar el predio.

En Zárate ganó protagonismo Berni al acusar al intendente, Osvaldo Cáffaro -peronista como él-, de administrar en forma deficiente el aeródromo. Tienen una vieja disputa por el distrito. Por orden del ministro, la DPAO forzó el desalojo de los clubes Cóndor y de Planeadores Zárate que funcionan desde hace décadas y avanzó sobre la clausura del lugar. La actividad de los planeadores fue repuesta, la operatividad quedó resentida y varios usuarios sospechan que Berni perseguía un interés particular ya que su pareja, la diputada Agustina Propatto, fue candidata a intendente de Zárate. “Es ridículo, hice lo mismo en San Nicolás y en lo de Zárate me metí solo porque ando por la zona”, se defendió Berni.

El presidente del Club de Planeadores Zarate, Jorge Irigoin, aseguró: “siempre tuvimos todo al día”. Y calificó que lo hecho por la DPAO es administrativa y jurídicamente “inentendible”.

Recurso administrativo y conflicto

Otro afectado en Zárate fue el empresario Gustavo Carrizo que a mediados de 2022 había obtenido un permiso precario para construir y explotar por cinco años un hangar para clases de vuelo y otros servicios. Cuando los clubes de planeadores fueron desalojados, Carrizo consultó con la DPAO sobre su situación y le dijeron que todo estaba en orden. Sin embargo, con la construcción del hangar casi terminada, desde la DPAO se le informó, el 29 de marzo de 2023, que su permiso quedaba revocado y debía abandonar el lugar en 72 horas porque -se aseveró- iba a ser usado para que “Berni guarde su avión”. Carrizo elevó un recurso administrativo y continuó la obra. El 8 de junio último se presentó en el hangar el subsecretario de Coordinación y Logística Operativa de Seguridad, Julio Tornero, con una docena de efectivos en patrulleros. Sin exhibir ninguna orden, Tornero instó a Carrizo a liberar el sitio en forma inmediata por “expreso pedido del ministro”. Antes de irse, Carrizo filmó lo que ocurría y lo subió a sus redes. Hasta fines de noviembre las autoridades mantuvieron en proximidades del hangar una consigna policial para impedir el acceso de Carrizo al que se le advirtió que si intentaba ingresar tenían orden de detenerlo.

El entuerto terminó en la Justicia. El 24 de noviembre último, la jueza en Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, María Fernanda Bisio, otorgó a Carrizo una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En su fallo, Bisio señaló la ausencia de fundamentos suficientes para quitarle el permiso.

Las irregularidades no quedaron ahí. La provincia nombró como jefe del aeródromo a Damián Velazquez, un oficial de la policía bonaerense que era chofer de la DPAO, y hoy es una suerte de interventor del aeródromo. Según varios usuarios consultados por LA NACIÓN, en el hangar contiguo al de Carrizo funciona la escuela de vuelo “Fly Up” que habría obtenido permiso en tiempo récord. Es un emprendimiento gerenciado por Sebastían Ríos al que estaría ligado Carlos Martínez, de la Junta de Seguridad en el Transporte al que en Zárate vinculan con Berni y tejen conjeturas sobre supuestos planes para adueñarse del predio y montar un negocio con cursos intensivos para aspirantes a pilotos extranjeros. Berni negó tener algo que ver con Martínez y redobló la apuesta al sostener que habría que investigar quién otorgó esos permisos en Zárate.

Infierno grande en Saladillo

La consecuencia más grave de este conflicto se produjo en Saladillo. Todo arrancó con un apercibimiento por una supuesta negativa de la comisión directiva del aeroclub local a entregar documentación requerida por la provincia. Le siguió una advertencia sobre roturas en la pista principal y un señalamiento sobre el uso irregular de áreas libres sin conocimiento ni autorización: allí funciona desde hace años un club de golf.

Con 210 hectáreas de extensión total, el de Saladillo es uno de los aeródromos más grandes e, históricamente, uno de los que posee mejor infraestructura de la provincia. Hasta allí llegó Michelli con sus exigencias que terminaron en una orden de desalojo compulsivo el 28 de diciembre de 2021. Los socios del Aero Club Saladillo obtuvieron en el Juzgado Civil y Comercial N° 6 de La Plata un fallo favorable en primera instancia que fue apelado por la provincia.

Para entonces, según informó Michelli a la prensa local, en la provincia se habían detectado unas 100 irregularidades en los aeródromos inspeccionados. Y acusó a los miembros del aeroclub de manejar el lugar “como patrones de estancia sin rendirle cuentas a nadie”.

El problema se agravó cuando, mientras se desarrollaba el litigio en tribunales, la Dirección de Planificación Aeroportuaria dio vía libre a la constitución de un nueva institución alrededor de una figura emblemática de la aeronavegación en la zona Augusto Ulderico Cicaré. En mayo de 2022, nació el Aeroclub “Pirincho” Cicaré que obtuvo su permiso de usuario dos meses más tarde, el 5 de julio. La celeridad despertó sospechas por la relación de Adaime, el titular de DPAO, con los Cicaré ya que durante años fue piloto de prueba de la fábrica de helicópteros.

El caso se discutió en el Concejo Deliberante local e intervino el municipio para salvaguardar el mantenimiento del predio y sus instalaciones mientras se desarrollaba el litigio. El intendente José Luis Salomón nombró como encargado y coordinador del aeródromo al abogado Ignacio Scelzi. Desde entonces la actividad está afectada en el predio cuya operatividad llegó a ser deshabilitada por la ANAC por las condiciones de la pista principal que tuvo que ser reparada.

En diálogo con LA NACIÓN, Scelzi aseguró que la actividad generó un conflicto muy complejo y resintió la actividad del aeródromo a “su mínima expresión”. Con la guía de la ANAC, Scelzi supervisó las obras para que la pista volviera a funcionar. Los tres hangares y la administración del aeroclub siguen cerrados a la espera de un fallo de la Suprema Corte provincial que debe definir si corresponde el desalojo.

Desplazamientos y contrapunto

Desde la Dirección de Planificación Aeroportuaria, Michelli llevó adelante la auditoría de los aeródromos, pero no completó la tarea. En mayo último fue desplazado de su puesto y enfrenta un sumario para dar cuenta de su patrimonio. Michelli dejó un informe en el que dice haber relevado 43 de los 52 aeródromos. Según el documento, se regularizó la situación en 13: Junín, Lobos, Balcarce, General Villegas, General Viamonte, Vedia, Mercedes, Bragado, San Pedro, Punta Alta, Tres Arroyos, San Nicolás y Colon. En varios de ellos la situación fue muy tensa y Michelli amenazó con actuar por la fuerza mediante notificaciones remitidas a los responsables de los aeroclubes.

Adaime siguió el camino que Michelli y en agosto dejó su cargo. “Les inicié sumario y los eché van a tener que explicar si estaban metidos en los curros”, dijo Berni, que prometió llevar a la Justicia a varios usuarios de aeródromos que lo acusan de pretender quedarse con el manejo de los predios.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, hoy a cargo de Javier Alonso, confiaron en que seguirá el control de aeródromos iniciado por Berni. No obstante, el actual titular de DPAO, Ángel Pedretti, declinó responder a LA NACIÓN sobre el estado de situación. Pedretti es piloto del Ejército con experiencia en aeronavegación comercial que hasta mayo de 2023 trabajaba en la Subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada. Al frente de la Dirección de Planificación Aeroportuaria fue designado, en junio último, Jorge Leiva.

La desactualización del decreto de la dictadura y las irregularidades constatadas en las inspecciones impulsó un proyecto para derogarlo. La Dirección Jurídica y Técnica de Seguridad elaboró y guarda un convenio modelo que, según las fuentes consultadas, está listo para llevar a la firma del gobernador Axel Kicillof. La DPAO diseñó un esquema para fiscalizar el uso de recursos de la explotación agrícola de zonas libres de los aeródromos, fuente principal de ingresos para mantener pistas e instalaciones.

Para el titular de la Federación Argentina de Aeroclubes (FADA), Daniel Santos, “los aeródromos de la provincia están desde hace décadas olvidados. Una gran mayoría tiene problemas hasta de personería jurídica y somos los más interesados en normalizar la situación, pero hay que hacerlo con reglas claras e iguales para todos”, sostuvo a LA NACIÓN. Y agregó: “Teniendo en cuenta que las autoridades se desligaron del asunto durante décadas, ahora no pueden pretender que todo esté solucionado de un día para otro”.

“Si encontrás tres aeroclubes con los papeles al día son muchos”, reconoció Santos y señaló que eso no justifica las arbitrariedades cometidas en los últimos tiempos”. Según su mirada, “responde a cuestiones políticas en beneficio de amigos de los funcionarios”. Y sumó: “la experiencia muestra que los convenios con los municipios funcionan cuando los intendentes se ocupan. Los aeroclubes son entidades sociales sin fines de lucro. Los hay muy activos y otros que se duermen en los laureles, pero acá no hay una cuestión de que alguien esté cometiendo un desfalco ni nada que se le parezca”.

Santos se quejó porque por la situación, “la DPAO dejó de emitir permisos de uso”. “Hay más de 30 usuarios sin papeles al día y esto, a su vez, retrasa los trámites ante ANAC para habilitar emprendimientos como escuelas de vuelo”, apuntó.

Al igual que los usuarios del aeródromo de Zárate, para Santos, la insistencia de Berni por el balizamiento respondía a un interés personal. “Ahí hay una cosa extraña y un destrato porque no se puede habilitar a alguien para invertir y luego quitarle el permiso”, señaló Santos sobre el caso de Carrizo. Y consideró que tanto allí como en Saladillo “se tomaron decisiones de carácter político para beneficiar a allegados”.

El dirigente lamentó que en los 90 se suprimiera la ley de fomento de la aviación civil tomado de un porcentaje del consumo de combustible aeronáutico que permitía contar con recursos para mantener, comprar o reparar aviones entre otras erogaciones que, dijo, “no llegan a cubrirse con la explotación agrícola de las zonas libres de los predios”.

“En los aeródromos de la provincia llevan décadas formando a la mayoría de los pilotos de línea y los aeroaplicadores. Estamos muy preocupados”, señaló y aclaró que desde la provincia nunca les consultaron sobre un cambio de la normativa. En muchos de los aeroclubes consultados temen por la versión sobre la instauración de un modelo centralizado que incluya cánones y otras gabelas para operar en Buenos Aires.