Una estafa de casi $300 millones: con una base de datos de tarjetas de crédito facturaban servicios de taxi

La alarma se activó ante la reiteración de clientes de tarjetas de crédito, empresas y particulares, que rechazaban pagar servicios de viajes en taxis que facturaba una misma compañía. Y, tras una denuncia de la firma Prisma Medio de Pagos SA y una investigación de seis meses, se descubrió una estafa de casi 300.000.000 de pesos. El plan criminal se pudo concretar sin contratiempos porque los delincuentes habrían obtenido una base de datos que les permitió simular y facturar las operaciones.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales. En las últimas horas, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Alliaud, procesó con prisión preventiva a cuatro sospechosos por los delitos de asociación ilícita y defraudación especial por el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito y débito.

“La maniobra defraudatoria que efectuaron los imputados consistió en la utilización fraudulenta de los datos de tarjetas de créditos de las personas damnificadas, datos esos que obtuvieron mediante la compra de una base de datos o mediante técnicas de ingeniería social conocidas como phishing. Así, por medio de compras sin la autorización de sus titulares, solicitaban que los consumos sean debitados a las cuentas de esas tarjetas, de forma automática y mensual”, sostuvo la magistrada en su resolución según se informó en el sitio de noticias del Ministerio Fiscal, www.fiscales.gob.ar.

La mayoría de los 101.121 operaciones que se descubrieron tenía un monto fijo de 5200 pesos, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Tras la denuncia de Prisma Medio de Pagos SA tomaron intervención la fiscal Cecilia Incardona y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), conducida por el fiscal Horacio Azzolin, y detectives de la División Fraudes Bancarios del Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad que pudieron determinar la operatoria de los sospechosos.

“Se descubrió que los cerebros detrás del plan criminal inscribieron en la Inspección General de Justicia (IGJ) una empresa que había quebrado en 2012, Taxi Fronteras, y le pagaron a dos personas para que pusieran sus nombres para figurar como presidente y vicepresidente de la firma. El domicilio de la compañía era ficticio”, explicó a LA NACION un jefe policial que participó de la investigación.

Como se dijo, la investigación comenzó cuando los clientes comenzaron a desconocer los cobros por los servicios de viajes en taxi. Según se desprende del expediente judicial, “8342 titulares de las tarjetas de crédito cuestionaron y desconocieron esos pagos”. Los sospechosos habrían cargado en el sistema de ”101.121 transacciones para cobrar una suma de casi 300 millones de pesos”.

“No existe dudas de que fueron los imputados, que utilizando la empresa Taxi Fronteras, cargaron las operaciones con datos de 101.121 tarjetas de créditos ajenas y sin autorización, haciendo creer que prestaban un servicio de transporte de taxis y remises y que, por dicho servicio, se debitaba automáticamente a los supuestos usuarios, que son los titulares de las tarjetas de créditos involucradas una cuota o valor de renovación”, sostuvo la magistrada en su resolución firmada las últimas horas.

Para intentar que se perdiera el rastro del dinero cobrado, los sospechosos hacían transferencias desde la cuenta bancaria de Taxis Fronteras hacia cuentas de otras sociedades y empresas.

“Se determinó que, al menos, una de las empresas en cuestión era controlada por los sospechosos. Entonces, la Ufeci sugirió el bloqueo preventivo de esas cuentas, que no se alertara a los titulares y que se dispusieran tareas de seguimiento en las inmediaciones de los bancos con los que operaba la empresa investigada”, se explicó en www.fiscales.gob.ar.

Pocos días después del bloqueo preventivo de la cuenta bancaria, el presidente y el vicepresidente de Taxis Fronteras se presentaron en la sucursal, situada en Lanús. Según una calificada fuente policial, intentaron retirar $30.000.000 de pesos.

“Después de la presencia en el banco de las dos personas que figuraban como responsables de la empresa, se hizo un seguimiento que permitió llegar hasta los supuestos organizadores de la estafa. El presidente y el vicepresidente cobraban un sueldo por prestar sus nombres”, dijo un detective.

La investigación no terminó con la detención y procesamiento de los cuatro sospechosos. Todavía falta identificar a otros supuestos integrantes de la organización criminal.

“Aún no se ha podido determinar el punto de compromiso o el patrón común de estas tarjetas de crédito, como para conocer cómo se accedió a los datos de esta gran cantidad de plásticos –si fue por phishing o robo de base de datos–. La investigación aún está en curso. Esta circunstancia no me impide agravar la situación de procesal de los imputados, quienes efectivamente cometieron esas defraudaciones, al utilizar los datos de tarjetas de créditos ajenas, sin autorización de sus titulares, para defraudar y hacerse de sumas millonarias de dinero”, afirmó la jueza en el fallo.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos el 30 del mes pasado y un día después se hizo una serie de allanamientos donde se secuestraron dispositivos informáticos, documentación, dos posnet y otros elementos de interés para la investigación.

“Intentaremos determinar qué sistema vulneraron para conseguir la base de datos y cuántos otros delincuentes integran la organización criminal”, afirmó una fuente del caso.