Terror narco en Rosario. Cuando los objetivos de la política están desconectados de la urgencia que imponen los hechos

ROSARIO.- Tres combis, cuatro furgonetas, cuatro camionetas, siete patrulleros y un micro se colocaron en la banquina de la autopista que conecta Buenos Aires y Rosario. Identificados con logos de la Gendarmería, no entraron a la ciudad que se desangra. Esperaron el arribo de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Para las cámaras. Para Instagram.

La anécdota es eso: una anécdota. Pero grafica con elocuencia las dimensiones por las que corren la política y la realidad, que a veces se conectan, y otras, no. Así fue como el presidente Alberto Fernández anunció, el 7 de marzo de 2023, que enviaría al Ejército argentino a Rosario como parte de un megaoperativo federal –el octavo en diez años– que prometía dar solución a la crisis de la seguridad de la mayor ciudad de Santa Fe, atosigada por la expansión del narcotráfico y la violencia del crimen organizado. Y un año después, el gobierno de Javier Milei anunció lo mismo, aun a sabiendas de que las fuerzas armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior y solo pueden asistir con logística, como máximo. Aquella y esta vez, el objetivo de la Casa Rosada es mostrar “iniciativa” ante la sociedad.

¿Un ejemplo? Anunciaron el envío de un carro blindado de la Gendarmería a las calles más calientes de Rosario. Acaso muchos no lo recuerden, pero ya lo habían enviado en 2017. Es el Spartan, un vehículo de apoyo táctico. Los gendarmes tienen tres y también recorrieron las calles de Buenos Aires durante la reunión del G-20, a fines de noviembre de 2018.

Ahora se anuncia, también, un “Comité de Crisis” para abordar el drama de Rosario tras los asesinatos de dos taxistas, un chofer de trolebuses y un playero de una estación de servicio, como en 2023 también se anunció un “Comando Unificado” para abordar lo que ocurría en la tercera ciudad más poblada del país. ¿Por qué se había ordenado entonces? Por un ataque narco al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

En ese momento, el intendente Pablo Javkin (que sigue al frente del Ejecutivo en Rosario) ya calificaba estas balaceras que tienen por objetivo causar conmoción en la sociedad como un “ataque narcoterrorista”. Pasó un año... Esta semana, cuando lanzó el refuerzo del operativo de despliegue federal, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se comprometió a no dejar que “Rosario sea una tierra de narcoterroristas”.

¿Otro ejemplo? Las autoridades anunciaron una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos sobre el sicario del playero. Sepa quien lea estas líneas que los narcos ofrecen más dólares (y cash) a elementos corruptos de la política, de la Justicia, de la policía y del servicio penitenciario santafesinos, según surge de múltiples investigaciones que se desarrollaron en Rosario durante los últimos años.

El Estado –municipal, provincial y nacional– deberá comenzar a proveer los servicios y cubrir todas las necesidades que afirma que provee, pero que en las calles escasean. Hay zonas donde los capos narco son quienes proveen seguridad, comida y empleo. ¿Suena a mucho? Máximo Ariel “el viejo” Cantero, histórico líder de la banda de Los Monos, manejaba el comedor comunitario “Gauchito Gil” junto a su pareja, en el barrio Vía Honda. Cuando lo detuvieron, los vecinos insultaron a los policías por fantasmas, no al narco.

Los requisitos

El despliegue de gendarmes, prefectos y policías federales corre, pues, por un carril endeble. Porque no se trata de cantidad en el despliegue, sino de calidad, coinciden los expertos en seguridad consultados por LA NACION. Por supuesto que cuantos más uniformados recorran las calles, mejor; pero eso no alcanzará para retomar el control de los barrios rosarinos, ni mucho menos. Se necesitará mucho más.

Primero, requerirá sumar personal calificado. Es decir, expertos en inteligencia, comunicaciones y criminalística que se aboquen tiempo completo a desentrañar cómo operan los grupos criminales en el terreno, intercepten sus comunicaciones –con la debida autorización judicial previa– y avancen hacia los eslabones medios y superiores que transmiten y que dan las órdenes, en lugar de concentrarse en quienes ejecutan esas directivas. Hay que ir, también, por quienes lavan sus ganancias. Y por los corruptos que desde la política y el Poder Judicial protegen a los criminales.

Para avanzar sobre los peces medianos y grandes se requiere, no obstante, de recursos presupuestarios y tecnológicos que hoy no hay. Los políticos celebran que enviarán lanchas “inteligentes” a Rosario, pero callan las falencias informáticas grotescas que afrontan las fuerzas de seguridad. ¿Un ejemplo? La apertura y análisis de un teléfono celular decomisado en un operativo antidrogas puede demorar hasta ocho meses. Sí, ocho meses. ¿Otro ejemplo? Las licencias de varios programas informáticos que utilizan las fuerzas de seguridad vencieron en diciembre. Y eso, sin olvidar que algunas fuerzas llevan años sin actualizar los softwares con los que deben combatir a clanes criminales que utilizan tecnología más actual.

Prometer el desembarco de 100, 500 o 5000 efectivos –o el número que fuere– conlleva, además, otros problemas. Entre ellos, que las fuerzas de seguridad tienen personal finito. No hay más. Si envían gendarmes o prefectos a Rosario, debilitan otras zonas calientes en distintos puntos del país. Es el dilema de la frazada corta. De hecho, ocurrió hace poco. Muchos de los desplegados para controlar las protestas callejeras frente al Congreso de la Nación los habían hecho regresar de Rosario. Los devolvieron a la Capital y ahora los vuelven a llevar.

¿Parece exagerado? Sepa entonces quien lee estas líneas que una broma circula por estas horas en los grupos de WhatsApp de gendarmes. Convocan a “personal retirado”, ante la necesidad de ir a Rosario, con los siguientes requisitos:

• Saber usar bastón (antitumulto, no para caminar)
• Poder extraer el arma de la pistolera sin que se escape el tiro (ni que se caiga el arma)
• Poder escuchar órdenes (aunque se use audífonos)
• Poder atarse los borcegos sin sacarse el chaleco antibalas;
• Poder recordar consignas
• No tomar más de 10 medicamentos diarios
• Poder caminar hasta el baño (de lo que puede ser exceptuado si usa pañalín).

El humor, como en tantas otras ocasiones, desnuda la realidad. En particular, cuando el despliegue en Rosario de 100 o 10.000 efectivos afronta otro desafío atroz. “Alcanza con que alguien mande a un pibe con un revólver viejo y dos balas para hacer un desastre”, recordó a LA NACION un comandante general de la Gendarmería, retirado tras décadas de servicio y mucha, mucha calle. “Claro que hay que evitar que ese pibe haga un desastre, pero tanto o más importante es ir por el tipo que le dio la orden”.