Operativo Bandera. La ministra Bullrich agradeció un gesto de Bukele y señaló una baja del 35% de los homicidios en Rosario

Las maras centroamericanas se formaron en las prisiones y se transformaron en un problema mayúsculo para la seguridad pública en varios países. De ese tema conoce mucho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien luego de su contundente triunfo electoral hizo pública su oferta de asistencia a la Argentina. Incluso nombró a la ministra Patricia Bullrich. La funcionaria nacional se mostró agradecida por la propuesta, que ya había escuchado al hablar con el enviado de Bukele a la asunción del presidente Javier Milei. Es posible un viaje a El Salvador para conocer lo realizado allí en las prisiones. Esa opción todavía no avanzó de la etapa de propuesta, pero la ministra sí está interesada en el intercambio de experiencias.

“Son realidades diferentes. Las maras son diferentes de las bandas que tenemos en la Argentina, pero nos interesa conocer cómo hicieron para tener 450 días sin homicidios y las reformas legislativas que llevaron adelante, tal como escuchamos también las experiencias de otros países, como la llamada ley de microtráfico 0 de Chile. En todo caso, son temas de los que se puede aprender y adaptar a nuestra realidad”, comentó Bullrich.

El problema narco en las cárceles tiene particular peso en las decisiones oficiales, ya que el Ministerio de Seguridad tiene información sobre algunos posibles movimientos del Primer Comando Capital (PCC) en los penales de máxima seguridad de Santa Fe. Allí, detenidos intentarían formar una agrupación que supuestamente responda a la colonizadora megabanda brasileña. Las autoridades siguen con atención ese tema, aunque aún no se cuenta con datos certeros sobre si esos presos juegan un partido en nombre propio o si realmente tienen relación con el PCC. Dado que en esos penales santafesinos están alojados varios de los lugartenientes de las bandas rosarinas, el dato será seguido con atención.

Rosario representa el más fuerte desafío a la seguridad pública en la Argentina. La tasa de homicidios anual de 22 muertes cada 100.000 habitantes es casi cinco veces mayor que el promedio nacional. Todo por la expansión de la violencia originada en el narcomenudeo.

Hace tiempo que ese foco criminal causa fuerte preocupación política. Y desde el pasado 2 de enero se inició un nuevo plan con apoyo federal para bajar esos sangrientos índices. El resultado del primer mes de implementación da un cauto optimismo a las autoridades. Así lo expresó la ministra Bullrich a LA NACION al exhibir una disminución de 35% de los asesinatos en el primer mes de este año con relación al mismo período de 2023.

“Se avanzó hacia un sistema de trabajo diferente del que se había desarrollado hasta ahora, con inspecciones de vehículos más intensas en las zonas en las que se acordó con el gobierno de Santa Fe para el despliegue de las fuerzas federales, en los barrios Empalme Graneros, Ludueña, Tablada y General Las Heras. Los datos de enero marcan que bajaron 57% los homicidios en la vía pública en esos lugares con relación a enero del año pasado y que en todo Rosario hubo 35% menos de asesinatos”, señaló la ministra.

La indicación sobre homicidios cometidos en la vía pública tiene que ver con la mecánica delictiva que se advierte en Rosario, en la que la mayoría de los casos responde a ajustes de cuentas callejeros. Dentro de viviendas, por lo general, las muertes tienen que ver con otra clase de conflictos, especialmente violencia intrafamiliar, por lo que quedan más lejos de la capacidad de anticipación estatal. El objetivo central del llamado Operativo Bandera es, para las autoridades nacionales, frenar la capacidad de movimiento de las bandas narco.

“Producto del desborde en Rosario aumentaron en los últimos años los homicidios y las que llamamos organizaciones multirrubro. Nos preocupa especialmente el modelo de extorsión a comerciantes”, dijo Bullrich, acompañada por sus colaboradores Vicente Ventura Barreiro, Martín Verrier y Sebastián García De Luca.

Para colaborar con el gobierno de Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Seguridad asignó 3049 efectivos federales a las zonas de mayor peso narco en Rosario y 280 forman parte de un equipo especial de investigaciones en esa ciudad.

De 17 homicidios notificados en enero de 2023 en las calles rosarinas se pasó a 11 en el primer mes del año. Si se toman en cuenta las muertes violentas dentro de viviendas en esos períodos, las cifras pasan a 20 y 18, respectivamente. Pero más allá del conteo de víctimas mortales, el esquema de trabajo focalizado en zonas específicas permite, en la mirada de las autoridades, poner bajo presión a las organizaciones criminales al limitar su capacidad de movimientos en barrios donde históricamente tienen sus centros de reclutamiento de tiradores y acopio de armas y drogas.

En ese plan cobran peso propio las cifras de control. El Ministerio de Seguridad expuso que durante enero fueron identificadas 119.437 personas –situación que derivó en 84 arrestos– y se inspeccionaron en retenes 61.390 autos y 31.783 motos. Esa intensidad de chequeos –que no se limita solo a la presentación de documentación vehicular–tiene el objetivo de mostrar a las bandas que ya no tendrán libertad de circulación en esas zonas, según explicó la ministra de Seguridad. También se consignó el decomiso de 56 kilos de cocaína como parte de una de las investigaciones realizadas en Rosario.

El plan de pacificación de barrios rosarinos del Operativo Bandera tiene como elementos disuasivos, además de los controles y los patrullajes de trinominos para acercarse a los vecinos, un eje de trabajo importante en las cárceles a partir del traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la órbita del Ministerio de Seguridad. Quebrar el circuito de comando, control y comunicaciones entre los jefes narcos presos y las bandas operativas en las calles es uno de los puntos centrales.

Por caso, Guille Cantero, el líder de Los Monos, quedó aislado en el penal de Marcos Paz cuando se implementó el proyecto de control de presos de alta peligrosidad. El capo narco no podrá compartir pabellón con otros reos y hasta sus salidas al patio de recreación serán en soledad. Ese sistema de vigilancia especial también se aplica en el complejo de Ezeiza, donde algunos presos llevan adelante una medida de huelga de hambre en un intento de revertir la situación.