Narcofamilia. Procesan al clan que usurpaba casas y tenía una red de “soldaditos” para vender drogas y atacar a rivales

A Sandro Gustavo González le decían “el intendente” en el polígono sur del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, la exvilla 1-11-14, un enclave dominado a sangre y fuego por Los Marolas, clan familiar que controla un ejército de soldados que venden droga al menudeo, sirven de red de alerta temprana ante la llegada de fuerzas uniformadas y mantienen a raya a cualquier banda que quiera disputarles sus dominios, justo detrás del estadio de San Lorenzo, en el Bajo Flores. Ese sector fue, esta semana, escenario de un megaoperativo del que participaron más de 500 gendarmes y que tuvo 39 allanamientos y 24 detenidos, entre ellos, la mayoría de los miembros de la organización, incluido uno de los hijos del líder de la gavilla, que había logrado escaparse por los techos y que fue encontrado escondido debajo de una cama de una casa vecina.

En las últimas horas, el juez Mariano Iturralde procesó con prisión preventiva al “intendente” y a ocho integrantes de su organización. También les trabó embargos de entre 300.000 y 2,5 millones de pesos. Según informó el Ministerio Público en su portal fiscales.gob.ar, la medida alcanza a seis hombres y a tres mujeres, a quienes se les imputaron, con distintos grados de participación, los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas simples y agravadas –por compeler a una persona a dejar su lugar habitual de residencia y por el uso de armas–, acopio de piezas y municiones de armas de fuego sin la debida autorización legal, lesiones leves, atentados contra la autoridad agravados, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

Dos investigaciones independientes, una de la Justicia nacional, otra, de una fiscalía porteña, avanzaron y concluyeron en el mismo punto. El de los González y la casa de la escalera caracol de la calle 10, en el entorno enmarcado por las avenidas Bonorino y Riestra y la calle Charrúa, y las torres recostadas sobre la calle Ana María Janer, donde se erige la reurbanización del viejo asentamiento, con la avenida Perito Moreno a sus espaldas, son nombres y lugares que se repiten en los expedientes.

En esas causas se describen movimientos de narcomenudeo, amenazas a vecinos a los que los narcos les usurpan casas o departamentos –para venderlos, para acopiar drogas o para vivir– y violentos ataques a organizaciones rivales. En uno de esos enfrentamientos, el 7 de febrero pasado, segaron la vida de Nayla Naomi Torrilla, que tenía solo 4 años y fue alcanzada en el tórax por uno de los 32 disparos de calibre 9 milímetros que se cruzaron las bandas en Bonorino y calle 10. Ese crimen expuso el drama de las víctimas inocentes y el estado de terror en el que viven miles de familias en ese enclave del sur de la Ciudad.

“En el lugar trabajan los Marolas; serían tres hermanos y su padre, que tienen bajo su mando la actividad de venta de drogas, comercializa en este sector (torre 8, calle Bonorino entre Riestra y Calle 10) y en la calle 10, entre Bonorino y pasaje sin nombre, posee diferentes personas que trabajan para ellos, comentan que son muy violentos y portan armas de fuego en todo momento”, dice uno de los informes incorporados a la causa que impulsó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado por la Procuraduría de Criminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias; la titular de la Fiscalía Nacional N°43, Silvia Russi, y la fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide) del Ministerio Público de la Ciudad, Cecilia Amil Martín.

Ese informe también señaló que en la casa con la escalera caracol situada en un pasaje sin nombre entre las calles 10 y Janer, “pertenece a Cynthia Paola Vergara, pero que no reside allí, sino en la localidad de Virrey del Pino, toda vez que posee un pedido de captura. Agregaron que hay personas que ‘cuidan sus cosas’ y comercializan estupefacientes en un pasillo al lado de la casa.

En el corazón de ese enclave está el núcleo de la banda. Concretamente, en el 1E de la Torre 4 de Bonorino 2234, donde viven Sandro Gustavo González, alias “el intendente”, cabecilla del clan, y María Laura Benítez, su pareja, la que controla a los soldaditos y recauda el producto de la venta de droga al menudeo, a pesar de que el 23 de septiembre de 2021 fue condenada a dos años de prisión en suspenso por tenencia simple de estupefacientes (esa vez le secuestraron 2,2 kilos de marihuana y 306 gramos de cocaína).

Repartidos en otros edificios de Bonorino y Janer (las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8), está la segunda línea: los hijos del “intendente” y la “contadora”: Agustín, Jonathan, Jessica, María Belén (y su pareja, Lucas Walter Ruiz), Adrián y Gustavo Damián (y su mujer, Ingrid Rojas), que regentean los búnkeres de los Marola y controlan a los soldaditos, amenazan a vecinos para usurparles las casas para usarlas como búnkeres e intimidan a bandas rivales.

Los propios vecinos, que en febrero, cuando mataron a Nayla, contaron la situación de terror que viven bajo el férreo y violento dominio territorial de Los Marolas, señalaron que “el intendente” y al menos tres de sus hijos eran los principales operadores de la banda “quienes se dedican a la comercialización de estupefacientes en la zona, sobre todo en la Torre 8″.

Las tareas desplegadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (Uesprojud) “Cinturón Sur” de la Gendarmería Nacional Argentina, se puede apreciar una completa descripción del accionar de la organización criminal conocida como ‘Los Marolas’ en su conjunto”. Así lo suscribieron: “...Realizan actividades ilícitas en el barrio 1-11-14 de esta ciudad, vinculadas a la toma de inmuebles a la fuerza mediante coacción verbal, agresión física y/o exhibición de armas de fuego, narcotráfico y/o narcomenudeo, portación y/o acopio de armas de fuego”.

Esas actividades ya habían comenzado a ser reportadas en 2017 por el personal de la Gendarmería que cumplía tareas preventivas en la villa 1-11-14. Reza el expediente que esos efectivos “tomaron conocimiento por vecinos y por innumerables hechos delictivos que dentro del barrio existe un grupo de personas conocidos como ‘Los Marolas’ que se dedican a la venta de drogas, robos y amenazas a vecinos para usurpar sus viviendas”, en especial, mujeres solas con hijos chicos.

Según la investigación, los González tienen más laderos y subalternos. Entre los más importantes se cuentan Anahí Estafanía Vergara, hermana de Cynthia y cuñada de Jonathan Fernando Luis Albarenque, que controlan el entorno cercano a la casa de la escalera caracol. Los nombres se multiplican en el expediente: Agustín Nicolás Alberdi, alias “Pizza”, acopia armas y drogas; Leti y Débora, ‘la Piru’; Adrián “Chichi” Herrera y Yesica Quintero, Tania y Pamela Mujica, Chiquito, Ale y Lula (que lo robaron la casa a Natalia, alias Chopper), Verónica Pintos y Jonathan Rivas y su hijo, Lautaro Andrade. También, El Carnicero, Dieguito y la Flaca; Mariana Vergara y Jonathan Alvarenga; William Hernán Arzamendia Escobar; Brenda Mareco y su pareja, Maximiliano Gabriel Villalba, alias Cuba; Daniela Jacqueline Carballo, Karen Beatriz Herrera y su pareja, el peruano Víctor Alexander Villasis Ordinola.

Al pedir sus detenciones, la fiscal Amil Martín describió que Los Marolas despliegan “un accionar delictivo, por demás violento, donde se emplean armas de fuego, amenazas y coacción para poder imponerse en el territorio” y que “dicho dominio territorial permite que puedan desplegar sus conductas, vinculadas al narcomenudeo sin mayores sobresaltos”. Así es como lo hacen: “Por un lado, se imponen en el lugar y, por el otro, se apoderan de inmuebles de vecinos del lugar mediante amenazas y el uso de armas de fuego, generando un irremediable temor en los habitantes del lugar”.

El procedimiento

La investigación se había iniciado el 5 de junio de 2022, por un caso de flagrancia que tramitó ante el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y en el que se investigaba a dos hombres que habían disparado desde una moto contra la vivienda de una mujer en el Barrio Illia. Uno de los sospechosos huyó, pero el otro ingresó en una vivienda del barrio Padre Ricciardelli. Al ingresar al lugar, las fuerzas de seguridad encontraron 545,7 gramos de marihuana y 77,7 gramos de cocaína, acondicionados en 151 y 261 envoltorios, respectivamente, listos para su venta.

Así, la fiscalía comenzó a acopiar información, evidencias, testimonios y filmaciones. Los investigadores comenzaron a componer el cuadro sinóptico de relaciones dentro de la organización, en la que llegaron a identificar al líder de la organización y otras 33 personas presuntamente implicadas en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Finalmente, el 16 de mayo pasado, con las primeras luces del día, medio millar de gendarmes con equipos tácticos y tanquetas de irrupción inundaron los pasillos del Barrio Padre Ricciardelli. Realizaron el registro simultáneo de 39 domicilios de la villa relacionados con la banda que, según la Justicia, usurpaba viviendas a través del amedrentamiento, la violencia física y las amenazas con armas de fuego, para venderlas en provecho propio o para instalar búnkeres de drogas en el terreno bajo su control.

Al término de los operativos, según informó la Gendarmería, los 500 efectivos decomisaron 6,266 kilos de marihuana, 750 gramos de cocaína, 78 semillas y tres plantines de marihuana, cinco gramos de pasta base, cinco gramos de pastillas, un troquel de LSD, tres pistolas calibre 9 mm, un revólver .357, seis cargadores para diferentes armas de fuego, 3200 dólares, 5.675.170 pesos, 62 teléfonos celulares, equipos de comunicación y cuatro balanzas de precisión, entre otros elementos y documentación para la causa.

Además, detuvieron a 24 personas, 15 hombres y nueve mujeres, lo que supuso la desarticulación de la banda de Los Marolas.

Un párrafo final merece la detención de Jonathan González, uno de los hijos de “intendente”. En el allanamiento en el domicilio señalado inicialmente no lo encontraron. Según informaron fuentes del caso, “se tenía información precisa de cómo y con quiénes operaba, así que una hora y media después se confirmó que había escapado por los techos. A las 10 se logró detenerlo: estaba escondido en una vivienda a cuatro casas del lugar donde debía estar, oculto debajo de una cama”.