Imputan por usurpación y asociación ilícita a los ocupantes de la estancia que perteneció a un Premio Nobel argentino

La estancia El Carmen, que fuera propiedad del Premio Nobel de la Paz Carlos Saavedra Lamas, es objeto de un largo litigio que se desarrolla en dos fueros judiciales y en dos jurisdicciones. Es, también, la prenda de una causa penal que comenzó en 2014 y que, después de un largo letargo, este jueves tuvo un capítulo estelar. Lo que está en juego es un conjunto de bienes valuado originalmente en unos 14 millones de dólares, parte de las cuales Carlos Roque Saavedra Sáenz, el hijo del canciller argentino que medió entre Paraguay y Bolivia para poner fin a la Guerra del Chaco, en 1935, legó a la Fundación Vida Silvestre y a la Fundación Félix de Azara para que lleven adelante proyectos de conservación de la naturaleza.

Una pareja que trabajaba en el histórico establecimiento rural del centro de Santa Fe y pretende que se le reconozcan derechos posesorios sobre esas 2500 hectáreas y todo lo que hay dentro de sus límites fue imputada formalmente por usurpación, defraudación, estafas y abigeato. Vivían y aún viven en el casco de la finca construida en el siglo XIX por Mariano Saavedra, hijo de Don Cornelio Saavedra, arrendaron fracciones del campo a distintos productores agropecuarios y habrían dispuesto de casi 1400 cabezas de vacunos de la raza Aberdeen Angus que eran criados en el fundo.

También quedaron imputados como presuntos integrantes de una asociación ilícita destinada a cometer todos esos delitos para obtener un enorme beneficio económico, asociación que sería liderada por su representante legal, el conocido abogado santafesino Raúl Antonio Freyre Iturraspe.

Según el acta de la audiencia imputativa, a la que tuvo acceso LA NACION, las fiscales Bárbara Ilera, Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, consideraron que desde el 15 de junio de 2013, y hasta hoy, Raúl Freyre Iturraspe, su prima María del Corazón de Jesús Iturraspe Freyre (hasta el 15 de junio de 2018), Hugo Aníbal Gómez y Claudia Alejandra Olmos (quienes invocaron ser poseedores de hecho de la finca, por lo cual iniciaron un proceso de usucapión, y que todavía viven en ella) y José María Gómez (a partir del 16 de diciembre de 2019) “formaron parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, asociación de carácter permanente, estable y organizada”.

Al respecto, precisaron: “Los integrantes de la asociación ilícita tenían un acuerdo previo para cometer delitos a fin de darle apariencia legal a la ocupación ilegítima perpetrada en el establecimiento rural denominado Estancia El Carmen, ubicado en la zona rural de la localidad de San Mariano, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, y prolongar dicha ocupación a lo largo del tiempo hasta el día de la fecha mediante maniobras ardidosas consistentes, entre otras, en la iniciación sistemática de acciones civiles para provocar error en los magistrados intervinientes alegando supuestos falsos de posesión, y lograr así perpetrar en la ocupación ilícita y en la explotación ilegal de todos los frutos y producidos del predio, con todo lo clavado y plantado, más la venta de cabezas de ganado propiedad del difunto Saavedra Lamas que se encontraban en el establecimiento agrario, predio de aproximadamente 2500 hectáreas de superficie”.

Los acusados se defienden y contraatacan. Antes de la audiencia imputativa, el abogado Freyre Iturraspe dijo a LA NACION que los eventuales derechos posesorios de Gómez y Olmos fueron reconocidos por la Justicia y por los propios querellantes. Al respecto, invocó un escrito rubricado en noviembre de 2019 por el juez en lo civil porteño N°1, Gustavo Caramelo, donde tramita la sucesión testamentaria de Saavedra Sáenz, en el que consta el acuerdo formulado por las fundaciones Vida Silvestre y Félix de Azara con Claudia Alejandra Olmos “por la suma de US$980.000″, a los efectos de lograr “el desistimiento de las acciones litigiosas entre las partes” para concretar la venta de El Carmen. Fue voluntad en vida de Saavedra Sáenz que Vida Silvestre recibiera el 65% del producto de esa operación inmobiliaria y la fundación Félix de Azara, el 35% restante. La operación rondaba los 7.200.000 dólares.

La historia tiene un mojón inicial el 2 de octubre de 2013, cuando Olmos y Gómez le impidieron a Roberto Elissalde, albaceas de la sucesión de Saavedra Sáenz –que murió el 24 de marzo de 2011, sin dejar herederos naturales– ingresar en la estancia, de la que pretendía tomar posesión porque tenía un comprador firme. Desde entonces, las acusaciones cruzadas no cesaron. Mientras la sucesión tramitaba en la Capital Federal, Freyre Iturraspe presentó en favor de aquella pareja de peones una serie de demandas civiles y laborales contra los administradores del millonario legado.

Mientras estuvo trabada la litis, y una medida de no innovar cristalizaba un status quo con respecto a la titularidad de la estancia, Olmos y Gómez arrendaron sucesivamente sectores parciales del establecimiento rural en su provecho. Por eso están acusados de estafa procesal y estelionato. También se los acusó de haberse apoderado de 1387 vacunos que eran criados en El Carmen “alterando y suprimiendo mediante remarcación, las marcas y señales grabadas sobre el ganado por Carlos Saavedra Lamas”.

El abogado Freyre Iturraspe asegura que esta causa penal, que durante años se mantuvo “congelada” y que revivió desde que asumieron las nuevas fiscales, con un punto cúlmine con una serie de allanamientos realizados el 30 de noviembre pasado, es una forma de “coacción”, un método para presionarlos a desistir de los reclamos civiles para allanar el camino a la venta de El Carmen, un negocio multimillonario.