Corrupción y planes sociales: un camino desde la explotación laboral de Emerenciano Sena hasta los bolsos de Julio López

Los obreros tenían almorzar en el suelo, porque las sillas y las mesas, según declararon en la Justicia, se las había llevado Emerenciano Sena. Si alguien entraba en el predio a la hora de la comida debían esconderse, pero si querían salir no podían, porque el líder piquetero había cerrado el portón con un candado. Parte de los sueldos se los quedaba Sena, como un concepto de aporte para la organización MTD 17 de Julio, que había firmado un convenio con la fundación Madres de la Plaza de Mayo para construir viviendas en un predio que pertenecía al Ejército y que los propios albañiles habían tomado por orden del clan familiar, que cayó tras el femicidio Cecilia Strzyzowski en junio del año pasado, un caso que también provocó que Jorge Capitanich, un aliado incondicional de Sena, perdiera el poder en Chaco.

La denuncia sobre supuesta “trata de personas con fines de explotación laboral” a la que fueron sometidos los obreros fue impulsada en 2010 por otro actor clave en esta historia: Sergio Schoklender, quien hizo una presentación en el juzgado del fallecido juez federal Norberto Oyarbide. La causa luego se envió al juzgado federal de Chaco en manos de Carlos Skidelsky. En ese momento, Sena contaba con un poder creciente en Chaco, y era un aliado de peso de Capitanich. El caso quedó dormido en el despacho del magistrado, que cinco tenía nexos históricos con el peronismo y preparaba su jubilación que se concretó en 2015.

“Nosotros como fundación nos retiramos porque Sena y su gente amenazaba a los trabajadores para que les cedieran parte del sueldo. Los apretaba con malos tratos y amenazas. Esto nos llevó a hacer una denuncia penal”, advirtió Schoklender, en diálogo con LA NACION.

El exdirectivo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo señaló que “el financiamiento de las obras tenía enormes sobreprecios que una parte se los quedaba Sena y otra parte seguramente retornaba a Capitanich y al exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López”.

Luego del pase a retiro de Skidelsky, el juzgado fue subrogado por la magistrada Nilda Niremperger, que tras el escándalo que se desató en Resistencia con el femicidio de Cecilia halló una vieja causa que lo tenía a Sena, a su esposa Marcela Acuña y a otro piquetero, Osmar Quintín, como protagonistas de una historia en la que el denunciante era Schoklender, exsocio de Sena. Procesó a los tres sospechosos.

El trasfondo de la denuncia en la que aparece un grupo de operarios que aducen maltratos y engaños en el pago de los sueldos, entre otras cosas, tiene que ver con que –según coinciden fuentes del movimiento piquetero y la Justicia- el exmiembro de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo se vio engañado por el líder piquetero, que se quedó con el predio ubicado en avenida San Martin al 3500, que tomó relevancia tras las obras contra las inundaciones, que pertenecía al Ejército. Ese lugar fue usurpado por militantes del MTD 17 de Julio, donde luego construyeron el barrio “Emerenciano”, que tiene en el bulevar una escultura de grandes dimensiones de un puño cerrado en alto.

“En la entrada al barrio está la guardia, eterna, simbólica y hasta testimonial, que en realidad ya no tiene razón de ser, considerando las guardias que los propios vecinos realizan por manzana, pero todos la consideran necesaria, siendo en realidad un testimonio de resistencia y lucha ante la ferocidad de cuando los Schoklender y sus aliados intentaron desalojar a las familias del movimiento”, señaló Marcela Acuña en el libro “Emerenciano, caudillo del norte”, en el que relatan cómo se custodiaba el barrio.

“La toma de estas tierras era fundamental para la concreción del proyecto de la construcción de las viviendas acordadas en el marco convenio con la Fundación de Madres de Plaza de Mayo”, señala el escrito judicial.

La disputa entre Sena y la fundación Madres de Plaza de Mayo era frontal. Incluso, en aquel tiempo un miembro de MTD 17 de Julio recordó que Emerenciano y Schoklender enfrentarse de manera violenta.

El barrio quedó en manos de Sena y la Fundación Madres de Plaza de Mayo se abrió, pero el financiamiento del Estado continuó y fue manejado íntegramente por el líder piquetero. Por eso, los obreros denunciaron que Sena se quedaba con una parte de sus salarios. “Él no quería que los obreros fueran contratados formalmente, porque no permitía que les abriéramos una cuenta bancaria. Sena quería que el dinero fuera en efectivo porque se quedaba con una parte del sueldo”, afirmó Schoklender.

Pero allí comenzaron los problemas. Alguien se quedó con la plata de los trabajadores, se sospecha. Es que solo algunos operarios recibieron una beca del programa “Chaco por vos” de $500 mensuales como forma de pago durante tres meses. Luego, Sena les dijo que no fueran más a cobrar el subsidio porque debía darle ese dinero a otra gente, declararon los trabajadores.

El acuerdo era otro. Les habían prometido trabajo en blanco en la fundación y una vivienda propia. Pero, además, los albañiles denunciaron que Sena los encerraba. “Cerraba el portón con un candado”, apuntaron quienes declararon. Llegaron a trabajar 16 horas sin descanso y sin franco ni feriados. De lo que cobraban una parte iba a la organización piquetea. Les hacían firmar los recibos de sueldo por la suma de $1500 y solo les entregaban $1000.

El trabajo implicaba también la obligación de asistir a las marchas y piquetes programados por el movimiento en distintos puntos de Resistencia. “Si no realizaban los aportes que les solicitaban o si no concurrían a las marchas, la amenaza era siempre la misma, que se quedarían sin trabajo. Si reclamaban dinero les decían que parecían prostitutas”, señala el fallo de la magistrada.

“Si los obreros hacían algún planteo, les decían que eso significaba desconfiar de su integridad y si reclamaban dinero les decían que parecían prostitutas. El trato era malo, los gritos y amenazas eran constantes, les decían que si no les gustaba, que se fueran, que había mucha gente que quería trabajar y que no volvieran a contradecirlos porque ya sabían lo que les iba a pasar”, señaló el fallo.

Luego, los Sena crearon su propia fundación para absorber los fondos del Estado, como investiga el fiscal Patricio Sabadini. La fundación Doctor Andrés Saúl Acuña era el corazón de la actividad económica del clan Sena.

Según publicó LA NACION el 13 de julio pasado, desde su creación en 2009, esa organización creció de forma exponencial gracias a los giros del gobierno de Capitanich, que en su segundo mandato (2011-2015) los llevó de $113.500 a $14.561.000, más de un millón de dólares de entonces, y que el año pasado, hasta la detención del matrimonio y su hijo César, les había girado un promedio de 883.000 pesos por día. Aunque la actividad central de los Sena era la construcción de viviendas, su fundación está registrada en la AFIP con otro objeto: “venta al por menor” de “pan y productos de panadería” y de “frutas, legumbres y hortalizas frescas”, además de la fórmula genérica de “servicios de asociaciones”.

No solo se dedicaba a la construcción. La fundación manejaba un colegio en el barrio Emerenciano -cuyo ciclo lectivo inauguró este año Capitanich- con 907 alumnos; proyectos sociales y “de salud”, informó el gobierno provincial. Además, los Sena eran dueños de una chanchería que funcionaba en un terreno cedido a título personal a Emerenciano (estaba a nombre de él, no de la fundación) por el gobierno provincial. En esa chanchería, cuya actividad, según fuentes judiciales, no estaba inscripta bajo ningún concepto, es donde los investigadores del crimen de Cecilia creen que el cuerpo fue quemado. Asimismo, Acuña había montado un bar, el Gato Negro, que administraba la joven desaparecida y cuya actividad tampoco está declarada, informaron las fuentes.

Toda la estructura económica de los Sena está bajo investigación en una causa que avanza en paralelo con el expediente del homicidio, en la que se contabilizaron hasta ahora, a nombre del matrimonio y la fundación, tierras, viviendas, camiones, camionetas 4x4 y motos. De los registros que están en la causa de la justicia federal surge un dato llamativo: una de las dos camionetas Hillux que tenían en copropiedad Emerenciano y Acuña (50% cada uno) aparece como vendida el 12 de junio de este año, cuando los dos estaban ya presos.

Las pruebas que fueron reuniendo Sabadini y Niremperger hasta ahora refuerzan la hipótesis de que, de mínima, Sena y Acuña deben ser investigados por evasión por ocultación de ingresos, informaron fuentes que conocen el caso. El mismo gobierno que inyectaba millones en sus emprendimientos no habría controlado debidamente sus ganancias.