Clausuras. Fortalecen los controles sobre chatarrerías para frenar el robo de picaportes de bronce y cables de telefonía con cobre

El Palacio San Martín es la sede ceremonial de la Cancillería. Es, por lo tanto, un edificio emblemático de la imagen argentina. Hasta sus rejas son importantes en el momento de proporcionar al visitante internacional una representación de la vida local. Y en ese aspecto, hoy transmiten un claro mensaje al visualizarse la falta de picaportes y de otras piezas de bronce como consecuencia de hurtos. Los edificios vecinos en Retiro también exponen la vigencia de ese robo de materiales, que alcanza desde simples porteros eléctricos hasta reconocidas estatuas. Frente a esa realidad que se repite en muchos barrios, las autoridades porteñas decidieron enfocarse en el corte de la circulación irregular de esos elementos con valor de reventa en lugares específicos. Y apuntaron a fortalecer el control sobre las chatarrerías instaladas en Constitución. Doce de esas “metaleras” fueron clausuradas en los últimos diez días.

Más de 400 personas fueron detenidas este año por la Policía de la Ciudad en el momento en intentaban de apropiarse de materiales en edificios públicos y privados. Pero poco puede hacerse más allá de una imputación por daño. Y hay una certeza en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que encabeza el ministro Gustavo Coria: se trata de robo de subsistencia. Quienes se llevan picaportes de bronce o cables de telefonía o conexión de internet en procura de los filamentos de cobre no forman parte de una estructura criminal compleja, sino que en otro eslabón de la cadena de comercialización irregular aparecen mayores responsabilidades.

La intención oficial es cambiar el enfoque frente a ese delito que se inicia al ser vandalizado el espacio público. Por eso se incrementaron los operativos sobre las chatarrerías, donde nadie pregunta de donde sale el material que compran en forma minorista. Una canilla, parte de una baranda, todo es sumado por kilo, medida por la que se pagan unos $2500. Cuando el material sale de allí fundido en lingotes de ocho kilos aumenta cuatro veces, al menos, el valor pagado a la persona que llevó el material a los recicladores.

En uno de los operativos realizados en los últimos días, en un local ubicado en Pavón al 600, en el barrio de Constitución, se encontraron 350 kilos de cables subterráneos usados por compañías de telefonía Allí estaban montadas dos máquinas adaptadas especialmente para quitar la cubierta plástica de esos cables y dejar libre así el alambre de cobre. También fueron hallados en el interior de ese galpón cuatro containers de limpieza. Sospechan las autoridades que el movimiento de cobre y bronce no habría sido en ese caso solo cuestión del tráfico hormiga.

Hay antecedentes sobre la imputación de propietarios de chatarrerías por esa clase de delitos. Algo así pasó en la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde un comerciante de este rubro fue acusado “por el delito previsto en el artículo 277 del Código Penal, que reprime a la persona que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado, adquiere, recibe u oculta dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. Además, postuló que la situación del imputado se ve agravada por haber actuado el acusado con ánimo de lucro”, según consignó el Ministerio Público Fiscal al referirse a ese caso registrado en mayo pasado.

De todas maneras, el ministro Coria busca explorar todas las alternativas para frenar el robo de cobre y bronce, que en este último caso afectó en los últimos años a casi mil estatuas distribuidas en la ciudad. En procura de restringir el contacto entre los chatarreros y quienes se apropian de materiales en la vía pública se decidió que de las inspecciones participen no solo la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público -que pertenece a la Policía de la Ciudad-, sino también agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APRA).

Varios de los locales fueron cerrados por infracciones detectadas por esas oficinas de control. En un comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño se indicó que “APRA participa en este tipo de inspecciones, ya que se han verificado irregularidades en gestión de residuos peligrosos, incumpliendo en algunos casos con acopio diferenciado y segregado, ante lo cual se han impuesto medidas preventivas, como clausuras”.

Una de las “metaleras” investigadas, ubicada en Brasil al 1800, tuvo que bajar las persianas -al menos momentáneamente- por una clausura que fue determinada por los inspectores porteños debido a la falta de higiene en el local, el acopio de residuos peligrosos y la obstrucción al acceso a los matafuegos que observaron los técnicos. En las acciones oficiales también se transmite un mensaje: se puso foco a esa forma de comercialización de esta clase de materiales, modalidad en la que se compraba todo sin preguntar la procedencia.

Algo similar se intenta llevar adelante con los lugares de venta y reparación de celulares usados, ante la sospecha que se trate de fachadas que ocultan la compraventa de teléfonos robados.

Los picaportes originales del Palacio San Martín ya no serán recuperados; mejor suerte se tuvo en junio pasado, cuando se evitó por poco que un hombre se llevara los dos llamadores de la puerta de la Bolsa de Comercio. Las autoridades confían ahora en revertir la tendencia ascendente de este delito.