Cifras alarmantes. Más de 800.000 usuarios de armas registrados fueron dados de baja o inhabilitados preventivamente

Los registros oficiales revelan que hay más de un millón de personas o empresas que, oportunamente, fueron autorizadas a tener y usar armas de fuego. Pero por no haber renovado oportunamente sus licencias y permisos, más de 800 mil usuarios de armas fueron dados de baja o inhabilitados preventivamente.

Según surge del informe de gestión bianual 2022-2023 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), sucesora del viejo Registro Nacional de Armas (Renar), al 31 de diciembre de 2022 había 1.088.512 legítimos usuarios (LU) de armas de todas las categorías, desde usuarios individuales hasta integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, empresas de seguridad privadas, coleccionistas y empresas del sector (armerías y fabricantes).

Los permisos requieren idoneidad de uso del material controlado, acreditación de medios de vida lícitos, inexistencia de antecedentes penales y aptitud psicofísica, y tienen una duración de cinco años. Pero durante parte del gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández –y especialmente mientras duró la pandemia de coronavirus– se vencieron miles de licencias.

Esto implica un desafío mayúsculo para Juan Pablo Allan, el nuevo director de la ANMaC, que con el nuevo gobierno salió de la órbita del Ministerio de Justicia para recalar en el de Seguridad. Redobla ese desafío un inconveniente: el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas (Pevaf), una herramienta que permitía al Estado, a cambio de un incentivo dinerario, recibir armas y municiones para sacarlas de circulación y evitar que terminen en el mercado negro del que se nutre la delincuencia, está inactivo. El Congreso “olvidó” votar la ley que lo prorrogaba desde el año 2007.

De la depuración de padrones surge que para el 31 de julio de 2023 había 810.668 usuarios con permisos vencidos e incluidos en procesos de regularización. De ese número, 239.683 LU que estaban vencidos y no tenían armas registradas a su nombre fueron dados de baja. Otros 570.985 con armas registradas y licencias perimidas fueron inhabilitados preventivamente hasta tanto regularicen su situación.

Los arqueos permiten deducir que para esa fecha había 289.039 LU en regla, es decir que menos de un tercio del total estaba vigente. A fines de noviembre, casi al final de la gestión de Natasa Loizou en la ANMaC, se estimaba que, sumados los usuarios nuevos y los trámites que se fueron aprobando, el número del LU en regla había llegado a unos 335.000 usuarios.

Cada año se tramita un promedio de 142.000 permisos; más del 90% de los trámites resultan aprobados. El 10% de esa cantidad remite a pedidos de portación de armas, pero solo 145 solicitudes de usuarios individuales fueron aprobadas el último bienio.

El informe de gestión revela, además, que luego de las correspondientes notificaciones, 14 usuarios que tienen 10 o más armas en su poder se “han negado tomar acciones de regularización”, por lo que se informó de sus casos a la fiscalía especializada (UFI-ARM) para iniciar los respectivos procesos de intimación judicial.

El proceso de regularización comprendido en la resolución 2022-174-APN-ANMAC#MJ estableció la identificación de usuarios vencidos, la baja de legajo de usuarios vencidos sin armas, la inhabilitación preventiva de usuarios vencidos con armas, el envío de notificaciones por correo y el establecimiento de canales para realizar consultas.

En las notificaciones (durante el periodo descripto en el informe de gestión se envió un promedio de 2000 por mes, por vía postal, como exige la ley vigente) se instó a los usuarios inhabilitados preventivamente a tomar alguna de las siguientes acciones:

• Depositar el material en dependencias de la Agencia con depósitos habilitados
• Renovar su condición de Legítimo Usuario,
• Transferir el material a un Legítimo Usuario con licencia vigente
• Subastar el material (Art. 73 y 74 del Anexo I del Decreto N° 395/75)
• Enajenar el material o darlo en consignación para su venta a un usuario comercial inscripto
• Hacer abandono del material (Art. 70 Anexo I del Decreto 395/75),
• Entregar el material al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (Pevaf).

Datos desagregados

Del total de legítimos usuarios registrados, el 97% son varones. El 78,7% son usuarios individuales; el 20,5%, integrantes de organismos públicos nacionales e internacionales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales o provinciales, conforme a armas de fuego no dotadas por las instituciones a las que pertenecen.

Según surge del último informe de gestión de ANMaC, hay 1.749.121 armas registradas. El 47,4% pertenecen a LU individuales; el 28,4% son armas reglamentarias de organismos públicos nacionales y/o internacionales, Fuerzas Armadas y/o de Seguridad; un 8,7% pertenece a armas no reglamentarias de integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad; un 7,8% son armas registradas a nombre de Usuarios Colectivos (agencias de seguridad privada, por ejemplo); un 7,4% pertenecen a Usuarios Comerciales (armerías y fabricantes) y el 0,3% restante son armas pertenecientes a Entidades de Tiro.

Hay 112.263 armas almacenadas en el Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac) y en la Red Federal de Depósitos; se trata de material en depósito proveniente de las distintas etapas del programa de entrega voluntaria de armas, pistolas y fusiles dados de baja por fuerzas de seguridad o secuestrados/entregados por LU y decomisados, y el que ha sido remitido por el Poder Judicial nacional y de las provincias en el marco de la ley 25.938, distribuidos en una relación de tercios.

Pedidos, autorizaciones y rechazos

El informe refleja, además, la evolución de las solicitudes recibidas en el último lustro. Según la ANMaC, los niveles de aprobación de los trámites superaron, cada año, el 90%.

En el bienio 2016-2017 se presentaron 145.621 trámites para el otorgamiento de las credenciales de tenencia de materiales controlados, de los cuales el 94% fue aprobado. En el periodo 2018-2019 fueron 120.791 trámites, con un nivel de aprobación del 95%. Durante la vigencia de la pandemia la ANMaC recibió 116.520 trámites y aprobó el 92%.

En el bienio 2022-2023 se registraron 145.044 trámites de CLU, de los cuales fueron aprobados 133.394 (92%) y rechazados 274. Fueron solicitadas 144.028 credenciales de tenencia de armas y el 91% resultaron aprobadas.

En cuanto a portaciones de armas de fuego, se aprobaron 34.000 (20.521 en 2022 y 13.879 en 2023) solicitudes; de ese total, solo 145 fueron para usuarios individuales no pertenecientes a fuerzas armadas o de seguridad. Recibieron permisos de portación 189 funcionarios de la administración pública.

Irregularidades y denuncias

También se registraron irregularidades. Al menos un centenar de denunciados por delitos de lesa humanidad accedieron a la habilitación de portación de armas por ser “militares retirados”. Eso ocurrió porque los juzgados y fiscalías no informaron a la ANMaC sobre las causas y sus imputados, según explicaron fuentes del organismo.

En 2022 hubo 392 solicitudes de inhabilitaciones o trabas registrales para tenencia y portación relativa a usuarios con antecedentes penales (187 hasta noviembre de 2023); 196 por informes psicofísicos negativos (192 en 2023) y 4470 por violencia familiar o de género (4631 en 2023). En cuanto a esto último, de los denunciados, el 80% fueron varones y el resto, mujeres. Aproximadamente un tercio de los denunciados son efectivos de fuerzas de seguridad.

Ocho de cada diez denunciados por violencia de género no eran Legítimos Usuarios registrados; se trataba de personas que tenían armas sobre las cuales la Justicia pidió a la ANMaC información. Se registraron 4846 sanciones a LU “por la adopción de medidas precautorias dispuestas por la autoridad judicial por denuncias de violencia de género”, reveló el informe del organismo.

Destrucción de material

Durante 2022 y 2023 fueron destruidas 34.732 armas de fuego provenientes de bajas patrimoniales de diversos organismos públicos nacionales y provinciales, de incautaciones ordenadas por el Poder Judicial en el marco de investigaciones criminales y, también, aquellas recibidas en los Puestos de Recepción del Pevaf. Desde 2020 fueron destruidas 62.606 armas y desde el 2000 ya suman 450.000 armas destruidas.

En 2018 y 2019 no se hicieron actos de destrucción de armas, que se realizan a través de un proceso de trituración y fundición en la planta industrial de la empresa Scrap Service SA, del partido de Campana, en actos certificados por la Escribanía General de la Nación.

Había más de 30.000 armas listas para su destrucción, recibidas en el marco del programa de desarme voluntario desde 2017, pero ese material durante dos años y medio quedó a resguardo por una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios con el Pevaf, radicada ante el Juzgado federal N°2 porteño, que aconsejó “la no destrucción del material controlado recibido en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones”.

El 28 de septiembre pasado, sin ningún avance en esa causa en la que se cuestionaba el origen, disposición y destino de ese material, el juzgado archivó las actuaciones y liberó el material para su destrucción; se habían preparado unas 7800 para triturarlas y fundirlas este mes, pero no se consiguió turno para hacerlo en Campana y, con el cambio de autoridades, no hay ninguna previsión al respecto.

La ANMaC tenía pendiente de resolución, también, la delicada cuestión de qué hacer con determinados materiales sensibles, como chalecos antibalas y vidrios blindados. Es que para su destrucción se requiere de hornos especiales para poder deshacerse adecuadamente de los residuos de kevlar y de las resinas que contienen partículas cancerígenas.