Protocolo de uso de armas: la ministra Bullrich repone el reglamento suspendido por el gobierno de Alberto Fernández

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará hoy el protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que restablecerá la vigencia de la norma que había sido suspendida durante el Gobierno de Alberto Fernández.

La presentación se realizará a las 15 en la sede de la cartera, ubicada en Gelly y Obes 2289, y Bullrich estará acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez.

Con el restablecimiento del denominado “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, la ministra expresará su “compromiso inquebrantable de proteger a quienes nos protegen”, se informó en un comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Seguridad.

En diciembre de 2019, pocos días después de asumir como funcionaria, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic de Fernández, derogó el reglamento general que había armado su antecesora, Bullrich, para el uso de armas de fuego.

En ese momento, se había explicado que las pautas implementadas por el gobierno anterior se alejaban de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” de la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a que ampliaba las ocasiones de uso de las armas y no las circunscribía al momento estrictamente inevitable.

La normativa fue dictada por medio de la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.

Este protocolo fue dejado sin efecto por la exministra de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó durante su gestión en el gobierno de Fernández.

Tras el anuncio de la presentación de Bullrich, Frederic sostuvo: “Ella [por Bullrich] vuelve con esta resolución por la caída de la ley ómnibus, que modificaba el código penal en materia de protestas y legítima defensa, que introducía aquella resolución. Como cayó el proyecto, ella vuelve con esto. Son ejecuciones extrajudiciales. Quiere tipificar situaciones e ir contra la Justicia. Ella le va a asignar a la policía la suma del poder público. Es una pena de muerte encubierta. Está forzando a las Fuerzas a actuar contra el Código Penal”.

El restablecimiento del protocolo fue cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma “que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil”.