Una crisis social silenciada en el mensaje presidencial

No se puede pedir realismo a una administración disfuncional, ensimismado en su microclima palaciego. La liviandad superficial sobre los problemas sociales del último discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa confirma que su gobierno no cuenta con más instrumentos que los paliativos ensayados durante las últims décadas, cada vez más estresados por el estancamiento y sus secuelas sociales.

No obstante, el abordaje de la pobreza requiere de ciertos cuidados históricos distribuidos en tres tiempos: uno largo, otro mediano y el contemporáneo. En 1974, constituía el 6% de una población de unos 25 millones de habitantes; es decir un millón y medio de personas. Su arranque estructural poco después, fue correlativo al carácter anomico del agotamiento de la industrialización protegida desde los años 30. Durante los 80, cuando oscilamos entre los 27 millons y 32 millones, ascendió al 20%; esto es, unas seis millones de personas. Durante los 90, el crecimiento recuperado la estabilizó entre el 20 y el 30 por ciento.

A la salida de la depresión de 2000-2001, la reactivación entre 2002 y 2011 nunca logró perforar el piso de una cuarta parte de la población. Desde la larga recesión comenzada en 2012 no hizo más que ascender. Hemos ahí el tiempo mediano. El actual remite a la crisis cambiaria de 2018, agravada por la cuarentena con su concomitante recuperación de 2021, para volver a desplomarse en el curso del año pasado. Hoy comprende al 40% de la población urbana afectando a dos de cada tres niños y adolescentes: más de un 60% de ese segmento crucial.

Cifras, no obstante, solo estimativas por defectos metodológicos en las mediciones. El Indec no evalúa la pobreza y el desempleo en términos nacionales, sino mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de productos básicos que definen la “línea de pobreza”, en una muestra de 31 aglomerados urbanos. Solo es posible una aproximación al mercado de trabajo del resto de las ciudades y zonas rurales mediante registros parciales no siempre confiables.

Por eso el 50 % se concentra en el conurbano bonaerense, receptáculo principal de las emigraciones de las provincias del NOA y el NEA. La EPH da cuenta de distritos en los que la Canasta Básica Total se ubica por debajo de la nacional: el Chaco, Formosa, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Lo curioso es que los índices de desempleo resulten allí por debajo de la tasa nacional. Una posible respuesta es que también ese indicador este mal medido.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina desagrega los niveles analíticos de la pobreza concebida como “multidimensional”: no solo de ingresos monetarios sino de alimentación y salud, vivienda digna, condiciones medioambientales, educación, empleo y seguridad social. Y distingue la individual de la hogareña estimando la primera en torno del 51% y a la segunda del 40%, luego de alcanzar un pico del 47% durante la pandemia.

El sube y baja de Fernández

La administración de Fernández experimentó un sube y baja desde la herencia del gobierno anterior y su agravamiento por la cuarentena, el rebote de 2021; y la recaída desde 2022. Las razones remiten al flagelo inflacionario. Por caso, hacia mediados de 2022 su proyección anual era del 65%, pero trepo en el mes de enero último al 99%.

Y como los ingresos de los hogares oscilan según el alza de los precios, solo se podría esperar una mejora acotando la inflación como lo prometió el actual ministro de Economia, Sergio Massa, a no más de 3% en marzo. Una meta procurada mediante toscos dispositivos probadamente fallidos que parece cada vez más lejana.

El desempleo, que cayó durante la pospandemia, afectó a los trabajadores formales peor remunerados y favoreció a los informales de menores ingresos. Ello contribuyó a agrandar la brecha entre ambos segmentos aunque explicando el rebote de la pobreza. El único igualitarismo del que entonces puede jactarse el cuarto kirchnerismo son sus resultados perdidosos para todos; aunque para algunos más que para otros, y en relación inversamente proporcional a sus promesas electorales. Jubilados y pensionados fueron la principal variable de ajuste, al tiempo que las partidas presupuestarias que más se elevaron fueron las destinadas a subsidios a la energía y a programas de asistencia social. Sostén indispensable para evitar una nueva detonación social, aunque absolutamente insostenible en el largo plazo.

El silencio y la ligereza presidencial en el abordaje de nuestra tragedia social evocan la impotencia propia de un ciclo político exhausto.

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