Un juez de Santa Cruz ordenó al gremio docente suspender la huelga

EL CALAFATE.- Un juez de Santa Cruz ordenó hoy al principal gremio docente de la provincia que suspenda inmediatamente la huelga y se abstenga de volver a convocar a otra medida de fuerza hasta tanto se pronuncie en forma definitiva sobre el amparo presentado en la Justicia por la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. La medida judicial se efectivizó mientras se transito un nuevo paro de 96 horas que al viernes totalizarán 59 días de huelga en lo que va del año.

La medida la dictó hoy el juez Marcelo Bersanelli, a cargo del juzgado de primera instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, a través de una medida cautelar en la que advirtió a la Asociación de Docentes de Santa Cruz Adosac (Adosac), que en caso de incumplimiento se podrán aplicar multas progresivas por cada día de incumplimiento. En tanto, adelantó que también se podrían iniciar acciones en la justicia penal ante “la posible comisión del delito de desobediencia judicial”.

Desde el gremio docente, confirmaron a LA NACION que apelarán la medida cautelar, que se originó en el amparo iniciado por María Verónica Zuvic, Defensora Oficial de la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes N°1 a través del expediente N° 30010/23.

En el amparo en el que la defensora solicita que se ordene al gremio a retomar de manera inmediata el dictado de clases hasta tanto se dicte sentencia definitiva, Zuvic fundamenta la solicitud en “la afectación de manera grave e irreversible del acceso a la educación del alumnado de la provincia por la falta de acatamiento de parte del gremio docente ADOSAC de la conciliación obligatoria dispuesta oportunamente por la autoridad laboral, así como también por la modalidad de la implementación de la huelga: determinaciones asamblearias los fines de semana que, de manera sucesiva, implementan paros que abarcan casi la totalidad de la semana”.

El juez Bersanelli sostiene en sus fundamentos que el Estado provincial “ha acreditado que se han seguido a la fecha los procesos de negociación colectiva previstos por la norma, que el CPE (Consejo Provincial de Educación) ha avanzado con las propuestas y que, sin embargo y de modo paralelo, Adosac, ha mantenido una situación de paro que ha superado el 65% de los días de clases que han transcurrido a la fecha”.

A mediados de junio, ante el fracaso de las paritarias, el Gobierno firmó un decreto a través del cual decidió otorgar a los docentes una actualización salarial equiparada a la inflación mensual denominada “cláusula gatillo” y un 3% desde julio para los escalafones inferiores en tanto que mantiene el 4% otorgado a todos desde enero.

El decreto fue rechazado con un paro de 96 horas, al que sumaron el repudio al cambio de carátula efectuado por la justicia santacruceña a “intento de femicidio” en la causa en la que se investigan los hechos ocurridos durante una protesta en los jardines de la residencia oficial en 2017 mientras en su interior se encontraban la gobernadora Alicia Kirchner y la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En el escrito, Bersanelli, si bien adelantó que sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga se pronunciará cuando resuelva la cuestión de fondo del amparo, fundamentó en la cautelar: “El derecho de huelga no puede ser ejercido en términos absolutos y en desconocimiento de otros derechos fundamentales y de las leyes que reglamentan su ejercicio”, donde dijo que están en juego “el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de esta provincia” y agrega que “el peligro en la demora y el Interés Superior del Niño lo que determinará la suerte de esta cautelar”.

Y sostiene que con el 65% de los días afectados por la huelga “la prolongación en el tiempo del conflicto entre el CPE y ADOSAC supone un daño concreto al alumnado provincial, integrado principalmente por niños, niñas y adolescentes que merecen protección especial”.

Bersanelli, hoy juez de primera instancia, está a la espera de asumir como miembro de la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, en el fuero federal, cuyo pliego fue aprobado en noviembre pasado en la Cámara Alta, con fuerte resistencia de la oposición política. Bersanelli, supo acompañar como abogado a Cristina Kirchner en diligencias judiciales ante el juzgado federal de Río Gallegos y mantuvo vínculos familiares con Máximo Kirchner.

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