El oficialismo logró el quorum en la Cámara de Diputados y ganó la primera votación en el debate de la Ley Bases

El Gobierno inició este mediodía un nuevo intento para aprobar, en general y particular, la Ley Bases y el paquete fiscal. Después de varias concesiones, el oficialismo confía en que las iniciativas del Poder Ejecutivo logren la media sanción y sigan su curso en el Senado. Se esperan más de 30 horas de debate hasta la votación en general, y se especula con que haya alrededor de 150 discursos. Luego de una negociación con la sesión en curso, se redujo la cantidad de oradores, sobre todo en el oficialismo y Pro, y la votación podría concretarse mañana a las 8.

A las 12.25 se logró el quórum con 135 diputados sentados en sus bancas, seis más de los necesarios por reglamento. Además de La Libertad Avanza (LLA), contribuyeron a este número parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal, Pro e Innovación, los bloques aliados del Gobierno.

Después de seis cuestiones de privilegio, con las que diputados de diferentes signos políticos manifestaron su disconformidad sobre algún asunto, Santiago Santurio (LLA) dio inicio al debate en general de la “Ley de bases”. Como miembro informante, explicó los principales puntos de la iniciativa del Poder Ejecutivo y advirtió: “El mayor riesgo que tenemos en la Argentina hoy es no cambiar, que es lo que viene pasando hace 20 años”.

La sesión comenzó cargada de tirantez. Tras un intercambio de alto voltaje sobre el ordenamiento de la discusión en el recinto, el oficialismo logró por 140 avales definir que la votación en particular será por capítulos y de manera nominal. El kirchnerismo, un sector del radicalismo más intransigente y la izquierda buscaban hacerlo por artículos, la misma modalidad que hizo naufragar la versión original de la ley ómnibus en febrero.

“Arrancamos mal, una vez más. Entiendo que ustedes no quieren que les pase lo que ya les pasó, pero no fue nuestro bloque el que pidió votar inciso por inciso, es más, dije que no estaba de acuerdo. Hoy está faltando sentido común”, protestó el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.

Eduardo “Lule” Menem, primo del titular de la Cámara baja y fiel ladero de Karina Milei, observaba con atención la discusión por el plan de labor parlamentaria desde los palcos. Lo acompañaban el subsecretario de Integración Socio Urbana y armador bonaerense, Sebastián Pareja, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, protagonista indiscutido del tramo final de las negociaciones con la oposición. Superado este primer ripio legislativo, los referentes de la administración libertaria abandonaron sus lugares en el recinto.

Martín Menem tiene dos desafíos por delante. Por un lado, pretende tomar revancha del pasado 6 de febrero, cuando fracasó en su intento de aprobar el proyecto fundacional del Poder Ejecutivo y terminó ordenando su regreso a comisiones. Por el otro, procura agilizar el debate para evitar que se esté discutiendo el miércoles 1º de mayo, con los gremios movilizados en la calle por el Día del Trabajador, en contra del Gobierno.

Ambos objetivos los deberá afrontar con un cuadro gripal que transitó durante el fin de semana. “Tengo fiebre, pero de acá no nos sacan ni muertos”, dijo el presidente de la Cámara baja en declaraciones radiales antes de ingresar al Palacio Legislativo.

Además del impuesto a las Ganancias, el paquete fiscal incluye un amplio blanqueo de capitales no regularizados, una nueva moratoria impositiva, una reducción en el impuesto a los bienes personales y modificaciones en los topes de facturación previstos en el régimen de monotributo.

La “Ley de bases”, en tanto, contiene entre sus puntos más relevantes la inclusión de una reforma laboral acotada –que omite aquellos artículos que generan conflicto con los líderes de la CGT, como la eliminación de la llamada “cuota solidaria” que financia las cajas sindicales-; un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que contempla un abanico de beneficios fiscales, aduaneros y tributarios para las grandes empresas como también la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar sujetas a privatización una decena de empresas públicas.

En este punto, el de las privatizaciones, el oficialismo debió dar marcha atrás con su plan de privatizar el Banco Nación y las firmas subsidiarias, entre ellas Nación Seguros. En la última versión del dictamen, al menos, esta entidad ya no figura en el listado de empresas a ser privatizadas.

Los puntos conflictivos

Si bien se espera que UxP y la izquierda rechacen de plano los proyectos, los bloques que colaboraron con los objetivos del Gobierno adoptarán una nueva actitud, menos contemplativa. UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal buscarán motorizar muchos de los asuntos que dejaron de lado para evitar el entorpecimiento del diálogo.

Impulsarán cuestiones resistidas por el oficialismo, como la recomposición de los haberes jubilatorios con la inflación desde enero, la desarticulación de regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, el financiamiento educativo y el incremento del impuesto al tabaco para todas las empresas.

Antes de que estos bloques pidieran emplazar a la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, para tratar los proyectos que pretenden profundizar la recomposición de los haberes previsionales, el oficialismo se adelantó y convocó una reunión para el miércoles 8 de mayo. Fue en plena discusión en el recinto, cuando la estrategia de parte de la oposición dialoguista tenía los votos garantizados.

A pesar de que Milei definió una actualización mediante el IPC y un aumento por única vez del 12,5%, los legisladores insistirán con una reparación mayor que contemple la totalidad de la inflación de enero, de un 20,6%. Esto implicaría un fuerte golpe a las arcas del Estado. El ministro de Economía, Luis Caputo, pudo exhibir superávits financieros en los dos primeros meses del año, en gran medida, por la licuación de los ingresos de jubilados así como de las transferencias corrientes de subsidios y programas sociales.

Se espera, no obstante, otro emplazamiento. Será el de la comisión de Educación, presidida por Alejandro Finochiaro (Pro) para discutir la recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una de las transferencias recortadas por la Nación a las provincias.