Revés para el Gobierno: el Senado rechazó el mega-DNU de Milei en medio de la interna oficialista y ahora define Diputados

El Senado rechazó esta tarde por amplia mayoría el decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación de la economía y no sólo le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, sino que también agravó la crisis entre el jefe del Estado y Victoria Villarruel como consecuencia de la decisión de la vicepresidenta de haber permitido que el DNU se discutiera en el recinto de la Cámara alta.

El decreto fue rechazado por 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).

El polémico decreto dividió aguas en los dos grandes conglomerados que integraron Juntos por el Cambio. En el caso de la UCR, sus senadores se repartieron entre las tres opciones posibles (a favor, en contra y abstención). El Pro cerró filas y votó a favor.

En tanto, hay solo dos antecedentes sobre el rechazo parlamentario a un decreto: en 2009 y 2010, el denominado Grupo A votó en Diputados en contra de sendos DNU -referidos a la deuda pública- de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Pero la avanzada opositora no prosperó luego en el Senado. La Cámara alta, a su vez, tiene en su registro dos decretos rechazados, en 2020, aunque sobre instrumentos de 2015 y 2017, no de un presidente en ejercicio.

Más allá del duro impacto político a la administración Milei que implica el pronunciamiento del Senado, el DNU se mantiene vigente. Tal como lo establece la ley de Trámite Legislativo que regula el control parlamentario de estos instrumentos, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas.

Así, ahora toda la presión se trasladará a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem (La Rioja), que tendrá la última palabra para definir la vigencia del DNU, un instrumento de 366 artículos que se encuentra impugnada ante la Justicia y que fue la primera gran medida de gobierno tomada por Javier Milei, el 21 de diciembre último.

El amplio rechazo que cosechaba el DNU en el Senado no era ningún secreto. De hecho, fue Villarruel y su política de negociación con la oposición dialoguista lo que permitió demorar el tratamiento en el recinto por más de un mes y medio.

El primero de tres pedidos de sesión especial para rechazarlo lo presentó el kirchnerismo en la última semana de enero. Todos fueron ignorados por Villarruel. Dos semanas atrás, un grupo heterogéneo de nueve senadores de diferentes bloques sumó presión al también reclamar su debate en el recinto. Fue la señal que le indicó a la vicepresidenta que no tenía margen para más dilaciones. Ya eran 42 los legisladores que exigían discutir el DNU.

El tratamiento del DNU estaba ultimo en el orden del día. La sesión comenzó con una serie de homenajes a la exsenadora por Tucumán Olijela del Valle Rivas, al exgobernador de Santa Fe José María Vernet y a la exdiputada y senadora Diana Conti quienes fallecieron en las últimas semanas.

El temario de la sesión incluyó, además, el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Penal y en la normativa legal vigente para endurecer la persecución y represión del lavado de dinero provenientes de delitos.

La decisión de Villarruel de convocar a la sesión le granjeó el malestar de la Casa Rosada, que emitió en la tarde del miércoles un duro comunicado advirtiendo sobre las consecuencias que provocaría el rechazo del Senado a las negociaciones que el Poder Ejecutivo abrió con los gobernadores provinciales de cara al “Pacto de Mayo” al que convocó el Presidente en su discurso ante el Congreso del 1 de marzo. Además, la vicepresidenta se convirtió en el objetivo de un feroz ataque en redes sociales de cuentas que apoyan a la administración libertaria de Milei.

Las críticas a la presidenta del Senado no pasaron inadvertidas en el debate, en particular para la oposición dialoguista. “Es un presidente que ataca a su vicepresidenta”, denunció el radical Lousteau. El santacruceño Carambia manifestó su solidaridad con Villarruel “por el ataque de los trolls libertarios”. “La culpa no es de ella, es del Poder Ejecutivo. ¿Hace cuánto que se le viene advirtiendo que esto iba a pasar y no hizo nada?”, afirmó el correntino Espínola. “Le agradezco que se haya ajustado al Reglamento y haya convocado a esta sesión a pesar de los aprietes”, sumó su apoyo el presidente del bloque Pro, Luis Juez (Córdoba).

Desde Unión por la Patria se objetó el decreto por ser inconstitucional y ser “nulo de nulidad absoluta”, pero el principal énfasis estuvo puesto en política económica del Gobierno y en la relación de Milei con el Congreso. “Tienen que respetar la Constitución, la división de poderes, nosotros no somos empleados suyo. Dicen que están enojados con la vicepresidente porque convocó a sesión ¿No saben que estamos en sesiones ordinarias? No tenía forma de eludir”, afirmó el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, quien aseguró que “este DNU hace que suban todos los servicios y que bajen los salarios de todos los argentinos”.

A su turno, el radical Lousteau fue directo al hueso. “Voy a votar en contra”, fueron sus primeras palabras, tras lo cual sostuvo que el decreto “es inconstitucional” y no porque lo diga sino porque “lo dicen la mayoría de los constitucionalistas”.

En el cierre del debate, el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche (Jujuy), defendió el decreto y a la administración de Milei. “La intención de esto es no dejarnos gobernar”, acusó. “Lo que más les duele es que estamos haciendo las cosas bien porque los números nos dan y nos cierran”, agregó. “Desde que estamos en el Gobierno hemos detenido la inflación, que está decayendo, y hemos acumulado 10.000 millones de dólares de reserva, y eso le duele mucho a la oposición”, remató.

A poco de iniciada la sesión, el oficialismo intentó una última jugada para evitarle el traspié al Poder Ejecutivo. Atauche propuso postergar “por 20 días” el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia en el inicio del debate en el Senado del DNU de desregulación de la economía en un intento por evitar el golpe político al Gobierno que implicaría el rechazo. La propuesta fue sometida a votación y negada por una amplia mayoría de 41 votos en contra y 30 a favor.

Lavado de dinero

Antes del discutir el DNU, el Senado sancionó por unanimidad una ley que introduce modificaciones al Código Penal y a la ley de lucha contra el lavado de dinero. La iniciativa interesa al Gobierno nacional para evitar que la Argentina caiga en la denominada “zona gris” de naciones calificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por tener legislación permisiva al blanqueo de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico y el terrorismo.

De hecho, una delegación del GAFI se encuentra en el país haciendo una evaluación de la normativa nacional en la materia, de ahí el apuro del Poder Ejecutivo por tener sancionada la ley.

El proyecto fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado por la Cámara de Diputados en abril del año pasado a pedido del entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, el texto quedó congelada en el Senado por decisión de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. En enero, con el cambio de gobierno y la llegada de Victoria Villarruel a la presidencia de la Cámara alta, el tema se reactivó y obtuvo dictamen.