Ley Bases | Diputados aprobó el proyecto en general y también la delegación de facultades a Milei, las privatizaciones y la reforma laboral

Después de casi 24 horas de un debate extenuante, la Cámara de Diputados dio media sanción esta tarde al proyecto de Ley Bases promovido por la gestión de Javier Milei. La iniciativa se giró de inmediato al Senado, donde le espera un trámite áspero y sin garantías de pronta sanción.

Tras la votación en general, que arrojó 142 votos positivos, 106 votos negativos y cinco abstenciones, los legisladores se abocaron sin pausa a la discusión en particular del articulado: pese a la presión de la oposición dura, el oficialismo y sus aliados de los bloques dialoguistas lograron aprobar los capítulos sobre privatizaciones, facultades delegadas para reorganizar y eventualmente disolver organismos públicos y una reforma laboral destinada a flexibilizar las condiciones de contratación en las empresas.

A último momento, cuando finalizaba la sesión, un sector de la oposición dialoguista logró incorporar un nuevo capítulo a contramano de los intereses del Poder Ejecutivo: el que establece una suba del 70% al 73% el impuesto interno al tabaco y la eliminación del impuesto mínimo hoy vigente. En medio de fuertes lobbies cruzados de las empresas del sector, el Gobierno y sus aliados de Pro pretendían postergar la discusión de este tema, pero cayeron derrotados en la votación.

La aprobación de la Ley de Bases contó con el apoyo del bloque de Pro -su aliado incondicional- como así también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En la vereda contraria se apostaron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto a Mónica Frade (Coalición Cívica). El santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Roberto Mirabella (Unión por la Patria) y Alvaro González (Pro) se ausentaron.

Luego de la aprobación en general, los legisladores se enfrascaron en una fuerte discusión sobre la metodología a aplicar en la votación del articulado. El oficialismo bloqueó toda posibilidad de cambios y logró, no sin fuertes reproches de los opositores duros, que la iniciativa se vote por capítulos -no por artículo- para evitar que se rechace o se modifique alguno de los puntos más conflictivos y la sesión finalice en un fracaso, como en febrero pasado.

La estrategia legislativa resultó exitosa: sin mayores complicaciones el oficialismo -que a lo largo de la votación logró mantener un piso de 134 votos positivos- aprobó en particular las distintas herramientas contempladas dentro de esta versión de la Ley Bases que, en rigor, es más acotada que la que se presentó en diciembre pasado, la cual naufragó por falta de consenso.

Facultades delegadas

El primer capítulo de la iniciativa es clave para el Gobierno en esta etapa de su gestión: incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos.

No obstante, legisladores de la Coalición Cívica, de la UCR y de Unión por la Patria cuestionaron el artículo durante el debate en particular, ya sea para incorporar nuevos organismos a ser exceptuados o bien suprimirlo. No tuvieron éxito: el oficialismo se impuso con 135 votos positivos frente a 116 negativos y 2 abstenciones.

Posteriormente, los legisladores abordaron el capítulo sobre privatizaciones de las empresas públicas, que terminó aprobado con 138 votos positivos, 11 negativos y 2 abstenciones.

De las 41 compañías que originalmente el Gobierno pretendía privatizar en diciembre pasado, debió conformarse con un listado mucho más acotado. Según la iniciativa, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas de manera total. En tanto, las firmas Agua Y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. podrán ser privatizadas parcialmente. En tanto, el Banco Nación y sus empresas subsidiarias quedaron afuera del proyecto.

Reforma laboral

Asimismo, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas a los empleadores por el trabajo mal registrado de sus empleados y habilita a las empresas (previo acuerdo con el gremio correspondiente) a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.

En vano, el radicalismo, en la voz del diputado Martín Tetaz, intentó incorporar sendos artículos para sancionar los bloqueos a las empresas y eliminar la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos que forman parte de varios convenios colectivos de trabajo. Los libertarios rechazaron la propuesta.

Por otra parte, el proyecto incorpora un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones. Está dirigido, fundamentalmente, a los sectores hidrocarburíferos, mineros, agroindustriales y forestales, entre otros.

Si bien este capítulo se aprobó sin mayores complicaciones, varias voces elevaron sus críticas por los beneficios fiscales, a su juicio excesivos, que gozarán las grandes empresas y multinacionales que ingresen en el régimen: una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.

“Crea las condiciones para un patrimonialismo de amigos”, asestó la diputada Paula Oliveto. “Nos parece poco sano en términos republicanos avanzar con este proyecto junto con un blanqueo de capitales, pueden ingresar capitales oscuros, del crimen organizado, a este régimen”.

También se pronunció en contra la diputada Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal). “Se hace un traslado enorme de privilegios al sector privado, es muy inequitativo respecto de las PyME. Este capítulo revela claramente que todas las obligaciones son para el Estado, no para el sector privado y nada se les reclama. Se nota que fue diseñado por estudios o escritorios fuera del Estado”, alertó.

“¡Esta es una entrega en términos cambiarios y tributarios. Para todos los preocupados por alcanzar el déficit, estamos votando más gasto tributario!”, clamó la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria.

“Quiero desmitificar este tema. No es la entrega de la soberanía, es para atraer inversiones y para el desarrollo del país”, justificó su apoyo al RIGI Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal. “Al Presidente hay que darle herramientas”, agregó, no sin antes pasarle un aviso al jefe de Estado para que entable un “diálogo constructivo“ con el Congreso. “Que deje de agraviar”, remarcó.

No menos intensa fue la discusión sobre la derogación de la moratoria previsional, también prevista en la iniciativa. En su reemplazo, y a instancias del radicalismo, el oficialismo accedió a incluir una Prestación de Retiro Proporcional para los que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de haber cumplido los 30 años de aportes a partir de los 60 años mujeres o 65 años los varones.

Pese a las fuertes críticas de Unión por la Patria, el artículo finalmente se aprobó 125 votos positivos frente a 113 negativos.

Debate intenso

Previo a la votación en general, los jefes de bloque cerraron el debate. Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR, también dio su apoyo a la inciativa. “Intervenimos con reformas en el proyecto y nos interpela conceder facultades a un presidente inestable. Somos conscientes que podemos revocar las concesiones. Son menores de las que se dieron a Alberto Fernández o Cristina Kirchner”, planteó el cordobés. Y reclamó que “no se repita el sistema [privatizador] noventista, que fue opaco. Vamos a estar observando cómo se reglamenta el RIGI, vamos a estar observando. Este bloque le viene a dar las herramientas que reclama, pero le viene a quitar las excusas para ganar tiempo”.

“Muchas de las cosas que están en esta Ley Bases las propusimos en la campaña electoral”, justificó Cristian Ritondo el apoyo de Pro a la iniciativa.

“Esta matriz de saqueo va a terminar en corrupción”, dijo Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) para argumentar su rechazo, sobre todo, al RIGI. Y añadió más críticas al Gobierno: “Si vamos a hacer una factoría, ¿para que queremos un Estado?”.

Cerró el debate antes de la votación general Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), quien agradeció el respaldo de los bloques aliados para aprobar la ley. “Es una ley para los trabajadores”, dijo el libertario, que justificó el cierre de organismos públicos. “Menos Estada, es libertad”, reforzó, casi como un eslogan de campaña.

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