Procurador: el kirchnerismo explora caminos para desplazar a Eduardo Casal

Mientras el kirchnerismo espera para mostrar sus cartas la llegada del informe del consejo consultivo creado por el Poder Ejecutivo, prevista para la semana próxima, la Comisión de Justicia del Senado continuó escuchando la opinión de especialistas sobre un eventual modificación de la ley orgánica del Ministerio Público fiscal.

Tras esta segunda ronda de expositores y por el interés demostrado por el presidente de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén), va quedando en claro que, además de modificar la mayoría legal para designar al procurador general, el oficialismo está interesado en cambiar el sistema de remoción de los fiscales.

La dirección a la que apunta el Frente de Todos en el Senado es clara. Busca modificar la ley para poder desplazar al procurador interino Eduardo Casal sin tener que someterlo al proceso de juicio político, que exige el apoyo de los dos tercios de los presentes en ambas cámaras. Una mayoría que el kirchnerismo no posee.

Cristina Kirchner acusa a Casal de haber formado parte de la guerra judicial en su contra que, sostiene, se llevó a cabo en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, inició a mediados de año una política de hostigamiento contra el funcionario desde la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público. Sin embargo, esa ofensiva viene chocando contra el muro del juicio político y la imposibilidad del kirchnerismo de obtener la mayoría necesaria en el tribunal de enjuiciamiento de fiscales que le permitiría saltearse el proceso legislativo.

El primero en exponer en esta nueva reunión fue Néstor Sagüés, quien se manifestó en contra de modificar la mayoría exigida por la ley vigente para designar al jefe de los fiscales.

"Los dos tercios es indispensable para mantener una Procuración robusta", dijo Sagüés, quien alertó que, de quitarse ese requisito, "el peso político del jefe de los fiscales podría relativizarse en grado extremo".

Sobre la duración del mandato, que en la actualidad es vitalicio, el experto consideró que uno que vaya entre los 8 y 12 años sería un "período razonable" para permitirle desplegar su política criminal.

En ese sentido, calificó de "inaceptable" que su mandato coincida con el del Poder Ejecutivo porque, dijo, "podría llevarnos a una situación incómoda de satelización del procurador en torno al Presidente". Además, Sagüés se opuso a relajar a simple mayoría los números para remover al funcionario.

Por su parte, el exjuez del Superior Tribunal de Chubut José Heredia avaló la postura del oficialismo y cuestionó que el Congreso haya establecido mayorías agravadas para la designación del procurador que no establece la ley fundamental.

"Cuando la Constitución ha querido agravar las mayorías lo ha dicho explícitamente", sostuvo Heredia, quien se manifestó a favor de limitar la duración del cargo a cinco años.

En respuesta a una pregunta de Parrilli, el especialista invitado por el oficialismo se manifestó a favor de establecer "un control externo" sobre el Ministerio Público Fiscal. "Debería permitirse que concurran otros organismos a examinar su proceder", afirmó Heredia, abriendo la puerta a una mayor intervención de la Comisión Bicameral.

Por su parte, Marcela Basterra, expresidenta del Consejo de la Magistratura porteño, coincidió con Sagüés en la necesidad de "fortalecer la independencia" del Ministerio Público Fiscal de cara a la aplicación del sistema acusatorio en todo el país.

"De mínima el Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder. Pero de máxima es un cuarto poder y eso no es caprichoso, esto necesita de mayorías especiales", afirmó en defensa de mantener los dos tercios necesarios para designar al Procurador.

Sobre la remoción el funcionario, Basterra dijo que no es necesario mantener el juicio político, pero se manifestó a favor de establecer una mayoría de dos tercios en el Senado para poder desplazar al jefe de los fiscales.

En la misma línea se manifestó Ricardo Toranzos, vicepresidente de la Asociación de Fiscales (Affun), dijo que la mayoría agravada para designar al procurador general es una condición necesaria para garantizar su independencia y autonomía del poder político.

Ante las opiniones de otros expositores y la inquietud de los senadores oficialistas, Toranzos negó que el sistema disciplinario de la Procuración sea cerrado y corporativo. Lejos está de ser un mecanismo encapsulado, sin controles externos", dijo.

"La del procurador no es la última opinión, es recurrible, es apelable ante el Tribunal del Ministerio Público conformado por distintos estratos del poder político y jurídico de la Nación", explicó.

Por último, la profesora de derecho penal Nadia Espina apoyó de manera solapada la flexibilización de las mayorías para designar al jefe de los fiscales al recordar que "la unanimidad no alcanzó para garantizarle la estabilidad en el cargo a la exprocuradora general de la Nación", en referencia a Alejandra Gils Carbó.

En ese sentido, la especialista invitada por el kirchnerismo señaló que "debería fortalecerse la Comisión Bicameral de Control" del Congreso porque, dijo, "se trata de una instancia que permite algún tipo de participación ciudadana".