Bullrich coordinó el operativo con la Ciudad para evitar cortes de calles y ya se prepara para un nuevo desafío por la marcha de la CGT

El gobierno de Javier Milei activó hoy otra vez el nuevo protocolo “antipiquetes” durante la manifestación encabezada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y organizaciones sociales en rechazo del megadecreto que firmó el Presidente para desregular la economía. Como había ocurrido el miércoles en la marcha de las agrupaciones de izquierda, el Ejecutivo Nacional y la Ciudad desplegaron un operativo de Seguridad y lograron impedir los cortes de calles durante la protesta, que tuvo poca convocatoria.

Desde temprano, Bullrich coordinó el operativo con las autoridades del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, que están a cargo de la seguridad en el territorio porteño. De hecho, el ministro de Seguridad de Jorge Macri, Waldo Wolff, y su número dos, Diego Kravetz, quien quedó al mando de la Policía de la Ciudad, se reunieron con Bullrich en el Departamento Central de la Policía Federal, donde se montó el comando unificado de las fuerzas federales para monitorear la manifestación.

Allí también llegó Javier Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, quien tenía previsto encontrarse con Bullrich para consensuar medidas para combatir la ola delictiva y el flagelo del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Si bien la funcionaria nacional aspiraba a que Alonso colaborara con los operativos para impedir los piquetes, sobre todo, en los ingresos a la Capital, Kicillof tampoco adhiere al duro protocolo de seguridad.

El Gobierno de Milei desplegó hoy a las fuerzas federales -la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval-en los accesos a la Capital, como el Puente Pueyrredón o el Puente La Noria; en edificios públicos, como la Casa Rosada y el Congreso; y en las estaciones de trenes. De esa forma, las autoridades nacionales buscaron lograr un efecto “disuasivo” en las zonas que están bajo jurisdicción federal con el objetivo de limitar la convocatoria. En la autopista Panamericana, gendarmes detuvieron a un ómnibus que transportaba 25 pasajeros. Según el informe oficial del operativo, el vehículo se encontraba en infracción, ya que no contaba con habilitación.

Durante la tarde, la cartera de Bullrich se jactó de haber logrado “neutralizar cada uno de los intentos de cortes de calles en todo el territorio nacional”. “Las manifestaciones ocurridas en cada uno de los puntos anunciados para el día de la fecha, ocurrieron de forma controlada y pacífica, cumpliéndose acabadamente con el protocolo de orden público dispuesto por la Ministra de Seguridad”, apuntaron.

La nueva doctrina de Bullrich para acotar los piquetes enfrentará un reto mayor el miércoles próximo, cuando los jefes de la CGT peronista movilizarán a los afiliados a sus gremios a los Tribunales de Plaza Lavalle, donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia, para pedir la derogación del decreto de desregularización de la economía que firmó Milei y que incluye cambios en materia laboral y en el sistema de salud.

“Hoy tenemos una cantidad de marchas y de sectores que se resisten a los cambios profundos que se quieren realizar a pesar de haber tenido un amplio apoyo popular. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo porque la convicción del cambio está intacta, la convicción del orden esta intacta”, sostuvo la ministra en diálogo con Radio Mitre.

El esquema de seguridad para evitar piquetes en las principales arterías de la Ciudad estuvo a cargo del gobierno de Jorge Macri, que tiene su propio plan de procedimiento y no adhiere al protocolo de Bullrich. Según establece la nueva doctrina de Bullrich, las fuerzas federales solo intervienen en caso de que haya un requerimiento formal del gobierno porteño. Es decir, en el supuesto de que la policía de la Ciudad se vea superada por los manifestantes y no logre despejar los cortes.

El operativo de hoy fue más acotado que el del miércoles, cuando Jorge Macri desplegó unos dos mil efectivos para reducir los bloqueos a la circulación durante la manifestación de izquierda. Concluida la movilización encabezada por la CTA y los movimientos sociales, el gobierno porteño celebró haber sorteado un nuevo desafío piquetero sin cortes ni incidentes.

Pasadas las 11, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó el informe del Ministerio de Seguridad sobre los resultados del fuerte operativo del miércoles por la movilización piquetera. Dijo que el Gobierno realizó una presentación judicial por el delito de extorsión y defraudación contra 32 personas a partir de las 16150 denuncias que recibieron en la línea 134. Se trata del canal que habilitó el Ejecutivo para recibir denuncias de extorsiones. El caso quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.

“En estas denuncias los ciudadanos explican los mecanismos de extorsión empleados por las organizaciones tales como pedido de dinero cada vez que cobran el plan; multas que llegan que llegan a los 8000 a quienes no concurren a los cortes de rutas por ellos convocados; amenazas de dar de baja el plan si no se prestan a la concurrencia a estos eventos”, detalló el Gobierno en el informe sobre el operativo del 20 de diciembre.

Además, el vocero presidencial sostuvo que las fuerzas federales identificaron a catorce organizaciones sociales en la manifestación. Mencionó, entre otras, al Polo Obrero, la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento Evita, Libres del Sur, Barrios de Pie, el Movimiento Patria Justa, Darío Santillán y el MTE. De inmediato, los jefes de varias de esas agrupaciones negaron haber movilizado a sus seguidores durante la marcha del 20 de diciembre.

Adorni reveló, además, que el despliegue del miércoles de las fuerzas federales tuvo un costo de 60 millones de pesos. Y ratificó que el Gobierno le trasladará ese importe a las organizaciones políticas y sociales que promovieron y participaron de la marcha piquetera del 20 de diciembre en el centro porteño, como establece el nuevo protocolo de orden público.

Por ahora, el Ejecutivo no identificó a beneficiaros de planes sociales que hayan cortado las calles. Una de las advertencias de Milei es que suprimirá la asistencia a las personas que participen de los piquetes. “Aún se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social a fin de proceder de acuerdo con las normas del Ministerio de Capital Humano”, indica el informe de la cartera de Bullrich.