Ministerio Público: la bicameral que el kirchnerismo usó para presionar fiscales

Si bien la ministra de Justicia, Marcela Losardo, intentó bajarle el perfil a la comisión bicameral que impulsaría el Gobierno para monitorear la Justicia, el kirchnerismo ha demostrado una especial habilidad para utilizar el ámbito legislativo para perseguir sus fines políticos.

El caso más emblemático y todavía activo es el de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público. Si bien no ha obtenido resultados tangibles, Cristina Kirchner convirtió ese cuerpo legislativo en una usina de acciones y medidas tendientes a hostigar al procurador interino, Eduardo Casal, con el fin de desplazarlo del cargo y colocar en ese sitial un fiscal alineado políticamente con el kirchnerismo.

Así, durante todo el año pasado la comisión que preside el senador oficialista Martin Doñate (Río Negro) buscó constituir pruebas tendientes a demostrar el mal desempeño de Casal en el cargo que ocupa desde que Alejandra Gils Carbó renunció a la Procuración General, el último día de 2016.

Sobre el final del año pasado, el kirchnerismo sumó a Carlos Stornelli como otro de los funcionaros que pretende eyectar de la Procuración a partir de sumar pruebas en su contra en la comisión bicameral. Imputado en la causa por supuesto espionaje que manejó Alejo Ramos Padilla como juez federal de Dolores, la vicepresidenta acusa al fiscal de haber “inventado” arrepentidos para complicarla en las causas por corrupción que enfrenta en los tribunales de Comodoro Py.

A Casal, en tanto, el kirchnerismo lo considera parte de la denominada “Mesa Judicial M” montada durante el gobierno de Mauricio Macri y que habría usado la Justicia para perseguir a Cristina Kirchner y sus seguidores. La famosa guerra judicial (lawfare, en inglés) que enarbola la Vicepresidenta para defenderse de las denuncias por casos corrupción ocurridos durante sus dos mandatos como jefa del Estado.

Sin atributos para tomar medidas disciplinarias contra los fiscales, función que la ley orgánica del Ministerio Púbico Fiscal delega en el propio organismo, el kirchnerismo ha usado la comisión bicameral como caja de resonancia de las denuncias de irregularidades cometidas por los fiscales apuntados.

En el caso de Casal, el expediente en el que el kirchnerismo centra todas sus esperanzas es de las presiones de parte del procurador interino que denunció la fiscal Gabriela Boquín.

La funcionaria dijo ante la bicameral que era objeto de una “persecución” por parte de Casal a raíz de la apertura de un sumario por malos tratos a los empleados de su oficina. El kirchnerismo sostiene que esas presiones responden a una venganza del macrismo, ejecutada por Casal, por el lapidario dictamen que Boquín que hizo caer el polémico acuerdo entre el Estado y la familia Macri por la deuda de Correo Argentino.

Otra de las imputaciones contra Casal está íntimamente relacionada con Stornelli, otro de los fiscales apuntados por el kirchnerismo en la comisión bicameral.

En este caso, los legisladores kirchneristas acusan al procurador interino de proteger al fiscal al negarse a abrirle un sumario disciplinario por la “contumacia” que mostró para no presentarse ante los reiterados pedidos de indagatoria que le cursó Ramos Padilla en la causa por supuesto espionaje.

Sin embargo, y más allá de la virulencia en las intervenciones de los legisladores kirchneristas y en la pertinacia por sumar pruebas para demostrar el mal desempeño, el oficialismo no ha logrado resultados tangibles en la bicameral.

Tanto Casal como Stornelli siguen sus cargos y han dejado trascender que no piensan renunciar.

Por eso, sobre el final del año pasado Cristina Kirchner ordenó explorar otros terrenos. El más relevante fue el impulso a un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que tras recibir aprobación de la cómoda mayoría oficialista del Senado permanece guardado en un cajón de Diputados, ante el rechazo que genera en la oposición.

Otro de los caminos explorados es la modificación de la actual composición del jury de enjuiciamiento de fiscales mediante el desplazamiento de la representante de los abogados en el tribunal. La presión pública contra Stornelli aplicada por Alberto Fernández en su discurso de apertura de las sesiones el Congreso, parece sumarse a esa secuencia.