La tecnología pone en aprietos al poder sindical

Mucho antes del cimbronazo económico que genera la pandemia, las nuevas tecnologías eran una peligrosa advertencia para los jefes sindicales. Con la crisis y la incertidumbre que sembró el coronavirus, son hoy su gran amenaza. Hay una casta de dirigentes que aún le escapa a la reconversión y que ni siquiera los coletazos de la peste la empujan a reaccionar. Para esa generación pasó casi indiferente el debate para regular el teletrabajo.

En la semana que se aprobó la ley, a fines del mes pasado, la CGT divulgó por mail y WhatsApp (no tiene sitio propio de internet) un comunicado oficial, aunque de otro tema. Fue una efeméride nostálgica, a 68 años de la muerte de Eva Perón. Los mensajes de los gremios suelen remitir muchas más veces al pasado que al presente o al futuro.

No se conoció, por ejemplo, la postura de la corporación sindical sobre la nueva legislación del trabajo remoto, un atajo que impone hoy la emergencia sanitaria. Solo se supo lo que expuso Héctor Daer, uno de los dos jefes cegetistas, que pidió que se mantengan los mismos derechos y obligaciones que la modalidad presencial, y que se preocupó por dejar en claro en la letra chica que no se trata de una nueva actividad, lo que hubiera habilitado a algún gremio moderno a avanzar sobre la representación de los miles de teletrabajadores. Fue una manera de cercar el territorio que el sindicalismo tradicional considera propio.

La pandemia obligó a muchas empresas a apelar al home office, una práctica que mucho antes del coronavirus generaba ruido y poco adhesión entre los sindicalistas. ¿La razón? Su poder de representación podría diluirse, además de significar un alivio importante en los bolsillos del empleador, ya que se ahorrarían los gastos por el lugar de trabajo, insumos, viáticos y hasta el pago de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Se suponía que la flamante normativa despejaría algunos de estos interrogantes, pero no resultó tan así. Hay un punto en especial que avivó las dudas y que dice: "Se sanciona el concepto de reversibilidad por el cual un trabajador podrá volver a realizar trabajo presencial en cualquier momento y sin previo aviso". Es decir, el empleador deberá hacer frente a los gastos operativos en el domicilio del trabajador, pero en caso de que éste se arrepienta, también deberá tener a mano un sitio acorde en lo oficina de siempre. La industria del juicio ya se relame.

Solo en 2019, el Sindicato de Empleados de Comercio, el más grande del país, perdió 30.000 puestos de trabajo por el avance tecnológico. Cambiaron los hábitos de consumo: cada vez más gente hace las compras de manera digital. Si alguien antes de la pandemia nunca había experimentado una compra on line, en estos cuatro meses de confinamiento alguna vez lo habría intentado, evalúan preocupados en el gremio mercantil, cuyo convenio colectivo es de 1975, una inmensa desventaja para atinar a representar a trabajadores de empresas informáticas o de gigantes dedicados al comercio electrónico, como lo es Mercado Libre.

Para detener la sangría laboral, el mercantil Armando Cavalieri avanzó con acuerdos de reducción de costos con el sector de electrodomésticos, por ejemplo. "La flexibilización laboral está de hecho, no hace falta hoy una ley", dijo un sindicalista de peso en la CGT que justificó el atajo que tomó Cavalieri.

Entre 2015 y 2019, la Asociación Bancaria perdió 1180 puestos de trabajo, según un relevamiento interno del gremio. Las bajas se explican por los procesos de retiros voluntarios, la fusión del Banco Citi con el Santander y algunos despidos aislados. Lo que sí se impuso casi como regla en el sector es que no se repone más personal porque se cubre con el avance tecnológico. Es la raíz de la pulseada que Sergio Palazzo pretende dar por la representación de unos 5000 trabajadores que se desempeñarían en el sistema financiero tecnológico (fintech) y que considera que deberían estar encuadrados en su gremio. Una de sus disputas es con Marcos Galperin por la aplicación Mercado Pago.

Uber y otras aplicaciones

Jorge Omar Vivianise retiró esta semana de la conducción del sindicato de taxistas después de 37 años. Él dice que cumplió un ciclo. Y que deja un gremio con 25.000 afiliados, una sede central a la que no le faltan los lujos, un centro médico, un camping y un hotel cinco estrellas. Cubrir los costos estructurales se volvió casi imposible. Impactó mucho en la caída el desgaste de cinco años de pelea judicial y callejera con un enemigo invisible, como lo es Uber. "Me voy con la batalla ganada porque la aplicación no está legalizada, es trucha. Los autos andan en la calle, pero no son legales", dice Viviani, quizás buscando consuelo. Un cambio en la regulación de los taxis porteños podría sentenciar a una actividad golpeada.

Horacio Rodríguez Larreta le ganó de mano a la administración nacional en regular las aplicaciones de delivery, que emplearían a más de 50.000 personas. La normativa aprobada en la Legislatura porteña, sin embargo, puso más el foco en la seguridad vial que en los derechos del trabajador. Al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, no le dieron aún luz verde para desarchivar un proyecto que apunta a regular la jornada laboral, cobertura de salud y seguro. En la iniciativa está la mano de Mara Ruiz Malec, la ministra del área de Axel Kicillof, que manifestó que en el trabajo de plataformas digitales "existe una relación laboral tradicional". No sería descabellado entonces que al proyecto congelado se le dé ahora curso en la provincia. Hay dos gremios que se disputan ese universo de repartidores, que creció al ritmo de la crisis.

Hugo Moyano, que no se dará por vencido para ser parte de las ganancias de Mercado Libre, no está al margen de los desafíos tecnológicos a pesar de sus 76 años.

Una empresa unicornio, cuya valuación supera los 1000 millones de dólares, descartó hace unos meses invertir en el país para desarrollar una aplicación que permite la contratación directa de choferes de camión. La multinacional se radicó finalmente en Brasil, argumentado presiones sindicales, según comentaron testigos del desembarco frustrado.

Es curioso lo de Moyano. Al menos lo de Hugo y Pablo, los referentes camioneros. Rechazan cualquier innovación, pero habilitaron otras maniobras en dirección opuesta. Facundo, su hijo que es diputado nacional, expuso hace unos días antes 465 empresarios sobre el futuro del trabajo y reclamó que el Estado sea el que analice con cada actividad de qué manera se pueden reemplazar los puestos de trabajo que serán ocupados por tecnología. No habló de paros ni de bloqueos.

Hugo Moyano (h.), otro de los herederos del jefe camionero, es desde hace ocho años el abogado de la Unión Informática, un gremio que ubicó delegados propios en casi todos los gigantes del software radicados en el país y que se propone disputarle afiliados al sindicalismo tradicional que no aggiornó sus convenios.

En medio de esta confusión, da ahora sus frutos un proyecto innovador que surgió hace seis años y que apunta a reconvertir al empleado antes que la tecnología lo desplace. Lo impulsa la Unión de Empleados de la Construcción y Afines (Uecara), que encabeza el cordobés Gustavo Rossi, que representa a mandos medios de la construcción y a peajistas del interior del país. La iniciativa consiste en capacitar al trabajador de una cabina de peaje para que pueda desempeñarse en otra función dentro de la misma compañía. Ya se reconvirtieron 300 empleos y selló acuerdos con universidades. "A la tecnología no se le puede hacer paros. Lo que hay que lograr es que no sea un expulsor de trabajo", argumenta Rossi.

El mero desafío pone en aprietos al poder sindical.