La Ciudad rescindió el contrato por la Boleta Única Electrónica y pagó US$11,5 millones a la empresa

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires rescindió el contrato con la empresa MSA proveedora de las máquinas usadas con la Boleta Única Electrónica en las PASO y le abonó 11,5 millones de dólares, la parte del convenio correspondiente a las elecciones primarias, dijeron fuentes oficiales y de la compañía a LA NACION.

El contrato con MSA se rescindió a partir de la decisión de la justicia federal con competencia electoral de anular el convenio para la realización de las elecciones concurrentes, luego de los inconvenientes que se habían sucedido en las PASO cuando algunas máquinas no funcionaron, lo que generó demoras y largas colas en los centros de votación afectados.

Como consecuencia de esa rescisión, solo se pagó por los tramos del contrato efectivamente ejecutados, lo que implica el equivalente aproximadamente al 52% del monto total del contrato. La Ciudad pagó los desembolsos previstos en la previa de la elección, que incluía la provisión de las máquinas y los materiales, lo que suma un 32% del total del contrato; además del costo correspondiente a las elecciones PASO, que es un 20% del total del contrato.

El monto total del contrato original era de 21 millones de dólares, de los cuales se pagó un 52% En la Ciudad informaron que se pagaron 11,5 millones de dólares. No se pagarán, en cambio, los tramos correspondientes a las elecciones generales de octubre y a una eventual segunda vuelta previstos en el contrato, que elevaban el contrato a unos 26 millones de pesos.

MSA fue la única oferente en la licitación pública que realizó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y se quedó con una contrato por 25.895.200 dólares para la Boleta Única Electrónica que se uso en las PASO. MSA, radicada en el distrito tecnológico de Parque Patricios, fue la proveedora del sistema en 2015, cuando se usó el voto electrónico por primera y única vez en la Ciudad. También resultó ganadora de las licitaciones en Salta y en Neuquén.

El contrato original era por seis meses y preveía que MSA cobraría un 15% de anticipo, otro 15% en el momento de la entrega de las máquinas para las capacitaciones y un 10% cuando terminara la instrucción. Del 60% restante, la mitad la recibirá después de las PASO y el resto, tras la finalización de las elecciones generales, a fines de octubre.

Las fuentes de la Ciuda dijeron que en el proceso de la rescisión del contrato, el Instituto de Gestión Electoral porteño aplicó una quita en concepto de reembolso de un anticipo que no será ejecutado porque no se aplicará el sistema a las elecciones generales o a una eventual segunda vuelta.

Por los problemas para votar en las PASO, la Junta Nacional Electoral resolvió que en la ciudad de Buenos Aires se votará con una sola urna y dos boletas de papel: una con la autoridades nacionales, incluido Presidente, y otra con los candidatos locales, incluido el jefe de gobierno porteño. Ambas boletas estarán colocadas en un mismo biombo de cartón y se colocarán en un solo sobre.

Todos estos cambios estuvieron motivados en que, a través de un oficio que dirigió a la Cámara Nacional Electoral, la jueza María Servini comunicó que deja sin efecto el convenio firmado con la Ciudad para la utilización de la Boleta Única Electrónica para las elecciones porteñas de manera concurrente con los comicios nacionales, ante las fallas que las máquinas y el servicio manifestaron a lo largo de la votación del domingo 13 de agosto.

La jueza advirtió entonces que las elecciones del 22 de octubre “no pueden realizarse en las mismas condiciones”. No solo porque “constituiría una burla para una sociedad cansada de la ineficiencia de sus funcionarios”, sino porque su juzgado no podría “garantizar la normalidad y seguridad” de las elecciones generales”, su razón de ser.

La resolución de Servini es un compendio de los problemas que los porteños experimentaron durante las PASO para votar. “Estos inconvenientes -repetidos en numerosas mesas y locales de votación y durante toda la jornada- transformaron esta elección en los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años en esta Ciudad, afectando el derecho a sufragar de muchos ciudadanos que no pudieron votar a nivel local, o debieron hacerlo en condiciones deficientes”, advirtió la jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires.

La Junta Nacional Electoral integrada por la jueza Servini y los camaristas Sebastián Picasso, presidente de la Cámara Civil, y Jorge Morán, presidente de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, tras una reunión en la Cámara Nacional Electoral de la participaron los camaristas Alberto Dalla Via, su presidente, y los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas tomo la decisión de cómo votar el 23 de octubre.

El jefe de gobierno porteño decidió que en las PASO del 13 de agosto se utilizara la boleta única electrónica para elegir a los candidatos porteños, por separado de la boleta tradicional de papel, que se usó en las elecciones nacionales. El sistema, que generó un corte de boleta de facto para la elección local, fue resistido por el ala dura de Pro, quien vio una maniobra de Larreta para beneficiar la candidatura de Martín Lousteau. Pero el senador radical perdió por escaso margen ante Jorge Macri y las máquinas de votación generaron problemas y demoras en el sufragio.

Esas elecciones se denominaron “concurrentes”, porque en el mismo comicio se votaba a las autoridades nacionales y las porteñas, pero en dos urnas y con sistemas diferentes. La votación “concurrente” fue controlada por la Ciudad, mientras que la Justicia Federal coordinó la votación nacional.

Para la cita de octubre se resolvió hacer elecciones “simultáneas”, donde se votará con una sola urna, un sobre y un biombo, aunque con boletas de papel que se mantendrán separadas: de un lado del biombo se exhibirán las papeletas con los candidatos a presidente, vice, diputados nacionales y diputados del Parlasur; mientras que del otro lado estarán las papeletas con los candidatos a jefe de gobierno, legisladores porteños y comuneros. Toda la organización quedará ahora en manos de la Justicia nacional electoral.

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