La alianza de movimientos sociales vuelve a la calle y tiende puentes en el Congreso para pedir la “emergencia alimentaria”

Los movimientos sociales volverán a la acción el martes próximo. Nucleados en el gran frente de lucha presentado hace dos semanas, harán protestas en distintos puntos del país con los mismos reclamos que cada uno de ellos, por separado, llevó a las calles en múltiples y sucesivas ocasiones desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Ahora, al reclamo de alimentos para los comedores que gestionan y al rechazo al “ajuste”, se suma el descontento por el desmantelamiento del plan Potenciar Trabajo, anunciado por el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

“Hace meses se viene sufriendo el desabastecimiento de alimentos, por orden de Sandra Petovello, en los miles de comedores comunitarios de los barrios populares de todo el país, donde las trabajadoras sociocomunitarias hacen malabares que ya no alcanzan para poder sostener las ollas que alimentan a millones de familias que la están pasando muy mal”, apuntaron las organizaciones en un comunicado conjunto, que añadió: “Sumado a eso, atacan y estigmatizan a las y los trabajadores de la economía popular con el ajuste en el Potenciar Trabajo”

Así, las organizaciones kirchneristas, las de la izquierda y los sectores más “independientes” confluirán una vez más en una jornada de protestas. El viernes 23 de febrero hicieron una primera muestra de unidad y ahora apuestan a una convocatoria más amplia. Será, según indicó un referente social, “una jornada de cortes” de alcance nacional. “La otra vez no fue con todo”, señaló un dirigente.

No obstante, las organizaciones buscarán eludir la intervención de la ministra Patricia Bullrich y su protocolo antipiquetes. Su plan es copar las inmediaciones de los accesos a la Capital Federal, pero dejando liberados los cruces.

El Puente Pueyrredón, el “punto central” de la convocatoria, según anticiparon a LA NACION, tendrá a los manifestantes del lado de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Axel Kicillof, no adhirió al protocolo de la ministra.

“Hemos intentado por todas las vías construir el diálogo con el gobierno para resolver los problemas urgentes que se están sufriendo en nuestras barriadas”, advirtieron las organizaciones en otro comunicado que hicieron circular la semana pasada, en la previa a su segunda conferencia de prensa en conjunto en el Obelisco porteño.

Allí, por primera vez desde que se activaron los reclamos –que tuvieron como blanco principal a la ministra Pettovello–, se escuchó por primera vez en boca de un referente el nombre de Pablo de la Torre, reconocido por los dirigentes sociales por su trabajo en el territorio antes de su ascenso a Niñez, Adolescencia y Familia, la secretaría que conduce bajo la órbita de Pettovello.

“Este Gobierno viene a paralizar el Estado. Si no, ¿Cómo se explica que hoy no estén nombrados ni siquiera los funcionarios intermedios? (...) ¿Cómo se explica que un secretario de Estado, me refiero a Pablo de la Torre, diga que todavía está esperando instrucciones de la ministra?”, señaló Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur.

Algunas de las muchas organizaciones que saldrán a la calle el martes son: la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); la FeNaT; Libres del Sur; el Polo Obrero; el Movimiento Argentina Rebelde (MAR); el Frente Popular Darío Santillán; la Coordinadora por el Cambio Social y el MST-Teresa Vive.

Emergencia alimentaria

En paralelo a los reclamos callejeros, Somos Barrios de Pie, uno de los movimientos que, como parte de la UTEP, integra este conglomerado de protesta, impulsa unainiciativa legislativa que apunta a declarar la “emergencia alimentaria” y hacer cumplir el “deber indelegable” del Estado de garantizar el “derecho a la alimentación”.

Con ese fin, la organización que lidera Daniel Menéndez organizó el sábado pasado un foro de fuerte corte kirchnerista que tuvo, sin embargo, presencia de otras fuerzas políticas. Por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desfilaron representantes de la Iglesia –curas de Opción por los Pobres–; legisladores y exfuncionarios de Unión por la Patria –como la diputada nacional Paula Pennaca y el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo–; y funcionarios del peronismo cordobés de Martín Llaryora y del radicalismo rosarino de Pablo Javkin.

Además, el foro contó con la presencia del director de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, vinculado al exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, y con la del neurólogo y diputado radical Facundo Manes, un antiguo promotor de la causa alimentaria, quien, enemistado con el oficialismo, inició su intervención aludiendo al discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. “En esa hora, o más, no habló de los más vulnerables. Ni una sola mención”, apuntó. Con respecto a los 10 puntos del llamado Pacto de Mayo, Manes añadió: “no se incluyó el más importante: el hambre y la malnutrición en Argentina”.

La iniciativa buscará comenzar a tomar vuelo este jueves con el lanzamiento de una campaña para juntar firmas. “Estamos buscando darle cauce legislativo y amalgamarla con los compañeros de los distintos movimientos, con diputados de Unión por la Patria y con diputados de distintas extracciones políticas”, señaló Menéndez, quien prepara su desembarco en el gobierno de Kicillof.

En el articulado del proyecto de ley sobresale un incremento de “emergencia” de por lo menos un 1% del PBI en política alimentaria, la creación de un mercado central en todas las ciudades de más de 100 mil habitantes y una empresa “nacional” de alimentos (que “podrá” contar con el 49% de sus acciones en manos de privados), así como también una mesa “interministerial” para monitorear la ejecución de las políticas, que estarían a cargo del ministerio de Capital Humano.

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