Juicio político: fuerte debate en Diputados en el primer día de tratamiento del pedido para destituir a los jueces de la Corte
Los legisladores están reunidos en un encuentro que comenzó con acusaciones cruzadas entre el kirchnerismo y la oposición
LA NACION
Lo que iba a ser un trámite formal decantó en un debate político cargado de acusaciones y en el que tanto el oficialismo como la oposición adelantaron sus argumentos a favor y en contra de la apertura del tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados del juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoría ideológica Juntos por el Cambio le adjudica a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Tal como se esperaba, la Comisión de Juicio Político definirá recién el 9 de febrero la admisibilidad del proceso y el inicio del debate de las acusaciones que pesan sobre los magistrados. Así lo confirmó en el inicio de la reunión la presidenta del cuerpo, la oficialista Carolina Gaillard (Entre Ríos), quien señaló, además, que la semana próxima habrá un nuevo encuentro para escuchar a los autores de los 14 proyectos de resolución que reclaman la destitución por diferentes motivos de Horacio Rosatti, presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El encuentro previsto para dentro de dos semanas será clave, porque también se resolverá la lista de testigos que serán citados a declarar y se tendrá el primer esbozo de las pruebas, como las conversaciones privadas cuya validez legal está cuestionada, que el oficialismo pretenderá usar para demostrar el mal desempeño de los jueces.
Todo indica que con la mayoría absoluta que tiene el peronismo en la Comisión de Juicio Político, 16 sobre un total de 31 miembros, podrá imponer su criterio con facilidad para, al final del camino, emitir dictamen. Sin embargo, el despacho tendrá escasas chances de prosperar en el recinto, si se toma en cuenta que el Frente de Todos no tiene, ni se preocupó por buscar, el consenso político para alcanzar el voto de los dos tercios de los presentes que requiere la Constitución para trasladar el juicio político al Senado, que cumple la función de tribunal de sentencia en estos casos.
La de la escasa viabilidad de que la acusación prospere fue la razón esgrimida por el opositor Omar de Marchi (Pro-Mendoza) para sospechar de las intenciones del oficialismo y calificar al proceso como un “circo mediático” que impulsa el Frente de Todos como una maniobra para distraer la atención de los temas que importan y acucian a la sociedad, como la inflación y la pobreza; y como represalia del kirchnerismo por el fallo que declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura y el que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en su pelea por la reducción de fondos de la coparticipación federal que dispuso en 2021 el Poder Ejecutivo.
La jugada del oficialismo mereció también la crítica de Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense), el único miembro de la Comisión de Juicio Político que no integra ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio, quien acusó al kirchnerismo de poner en marcha “una embestida política para paralizar la Justicia”. Según el legislador, la maniobra se sustenta en tres pilares: el proceso político contra los magistrados, la amenaza de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto del Poder Ejecutivo y la ampliación de la Corte de 5 a 15 miembros.
La intervención del mendocino fue la chispa que desató un debate político que se extendió por tes horas y media en la que no faltaron las acusaciones y las chicanas políticas cruzadas y hasta el pase de facturas personal entre diputados oficialistas y opositores.
“No venimos a montar ningún circo. Venimos acá a plantear un camino previsto en la Constitución Nacional”, salió al cruce el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez (Santa Fe), quien consideró que el simple hecho de que se hayan acumulado 14 proyectos que piden el inicio del juicio político a los magistrados indica que se está ante “una situación de gravedad extrema”.
“Hay sospechas gravísimas, no solo de imparcialidades y arbitrariedades, sino también de persecución política”, agregó Martínez, adhiriendo a la línea discursiva de Cristina Kirchner, quien acusa a algunos jueces de la Corte de formar parte de una conspiración para perseguirla y proscribirla.
La reunión comenzó a las 11.10 con presencia perfecta del oficialismo, incluidos los dos diputados que responden al Frente Renovador que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, y con el trámite formal de la lectura de cada uno de los 14 proyectos que piden el juicio político de los jueces. Tal como había decidido este miércoles, Juntos por el Cambio decidió dar el debate en comisión y, una vez que quedó claro que el oficialismo tenía el número para iniciar el encuentro, sentó a todos sus diputados.
Así fue como el debate comenzó a tomar color y calor a medida que a una intervención opositora se sumaba una del oficialismo.
En una dura intervención, el vicepresidente de la Comisión, Juan Manuel López (CC-Buenos Aires), denunció que la acusación contra la Corte “surgió después de que Cristina Kirchner desoyó el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y después del fallo que el Presidente y un grupo de gobernadores decidieron desoír, pero debieron recular, en palabras de Cristina Kirchner, por la coparticipación”.
“Son fallos que les molestan al poder político, todo lo demás que están agregando me parece cotillón”, agregó López, quien respondió a las réplicas del oficialismo, que le recordaron fuera de micrófono que la Coalición Cívica también había impulsado el juicio político de Lorenzetti, afirmando. “Estamos acá para que no avancen brutalmente conta la cabeza del Poder Judicial”.
Las acusaciones
Desde el oficialismo se insistió en las acusaciones contra las supuestas arbitrariedades e imparcialidades cometidas por los jueces de la Corte en sus últimos fallos, causales que fundamentarían el mal desempeño de los magistrados en el cumplimiento de sus funciones.
Así, el exradical Leopoldo Moreau denunció el “funcionamiento mafioso” del tribunal y volvió a la carga con la acusación contra los jueces Rosatti y Rosenkrantz por haber aceptado ser nombrados jueces de la Corte por decreto en el gobierno de Mauricio Macri, lo que calificó como “el pecado original” en la descomposición jurídica de la Corte. Desde la oposición le replicaron calificando sus palabras como una falacia, ya que ambos juristas fueron designados con acuerdo del Senado a mediados de 2016.
Por su parte, el oficialista José Luis Gioja (San Juan) criticó la imparcialidad de la Corte en el tratamiento de la medida cautelar planteada por la ciudad de Buenos Aires contra la quita de puntos de la coparticipación que dispuso el gobierno e Alberto Fernández. Tras destacar que los jueces le negaron a los gobernadores la posiblilidad de ser escuchados en el expediente, al no tratar su pedido de participar como amicus curiae, el exgobernador sanjuanino se quejó porque “no pude ser que la Corte, en una medida cautelar sin fundamento alguno, le haya devuelto a Capital la coparticipación”.
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