El largo camino del decreto que habilitó el aumento de sueldo de Milei y que terminó con un funcionario echado

Quienes hablaron con Omar Yasin en las últimas horas lo notaron tranquilo, pero sin poder creer que estaba fuera del Gobierno. “Decía que echarlo por esta boludes no tenía nada que ver”, contó un interlocutor del ya exsecretario de Trabajo, echado este lunes por el presidente Javier Milei y señalado como el culpable del “error” que derivó en el aumento de los salarios de los funcionarios de nivel superior, incluido el propio Presidente.

¿Quién o quienes tuvieron que ver necesariamente en el decreto 2026/24, aunque la responsabilidad final haya caído sobre el exfuncionario, de origen macrista? Expertos funcionarios dejan la salvedad de que se trata de un “decreto atípico” porque homologa el convenio colectivo de trabajo, el acta acuerdo salarial entre el Estado y los gremios estatales, que se firmó a principio de enero.

En principio, de la negociación paritaria participan tres patas: Economía (a cargo de Luis Caputo), Jefatura de gabinete (que encabeza Nicolás Posse) y Capital Humano, el megaministerio que es encabezado por Sandra Pettovello y que tiene bajo su órbita a Trabajo. En esa negociación, la “preeminencia” la tuvo la oficina de empleo público, que encabeza Armando Guibert, un experimentado funcionario que depende de Posse en el organigrama nacional.

Eso explica que referentes vinculados al exsecretario sospecharan de un error con base en la jefatura de gabinete. “Siempre el que se va trata de eludir su responsabilidad”, le contestaron a esos rumores desde el primer piso de la Casa Rosada, donde sobran los leales al Presidente.

Junto con la paritaria acordada, continúan los expertos en decretos y leyes, “sube” al sistema el decreto, en este caso a cargo de Capital Humano. La Secretaría de Trabajo, tal como lo dice el decreto, avala el contenido de ese decreto, que pasó a un proceso de análisis en Legal y Técnica, a cargo de Javier Herrera Bravo. Contrariamente a los rumores que sostenían que Herrera Bravo “no le había cuidado la firma al Presidente”, en la Casa Rosada coinciden en que el trabajo de la secretaría fue “impecable”, porque “el decreto era legal en enero, cuando no incluía en el aumento a las autoridades superiores, y también era legal en febrero, cuando sí las incluyó” posibilitando el aumento que el presidente Milei derogó con otro decreto.

Después del análisis de la secretaría de Legal y Técnica, firmaron Posse y Pettovello, y por último el Presidente. “Es una negociación paritaria que incluye 50 convenios y más de 25 anexos. El Presidente lo firma, pero es probable que no lo lea entero”, puntualizan desde un despacho afín al primer mandatario.

En el contenido del decreto reside, por cierto, otro de los interrogantes. Desde Capital Humano y la secretaría de Legal y Técnica se desentienden de ese contenido, que es “bien político”. Tampoco jefatura de gabinete y el Ministerio de Economía, quien definitivamente es el que debe pagar los aumentos, asumen su responsabilidad. Y mucho menos desde Presidencia, ya que, como dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni, “el Presidente dio la orden de no pagar en enero, de que esto no vuelva a ocurrir, y ocurrió”. Es decir: Yasin y su secretaría deberían haber extendido a febrero el contenido del artículo 4 del decreto original, y no lo hicieron. “Milei estaba convencido de que en febrero el aumento tampoco se hacía, y que la idea era no dar acuerdo a extender el aumento”, agregan fuentes oficiales.

Las disidencias de Yasin (de buen vínculo con Pettovello más allá de algún roce por el acercamiento con la CGT) con Posse son, según dejan trascender en la Casa Rosada, motivos adicionales para la despedida del hasta ayer a la noche secretario de Trabajo. “Siempre el que se va es cercano a Pro o de Pro, nunca del entorno de Milei”, cuestiona un macrista que observó a la distancia los movimientos en el oficialismo.

La gran incógnita que recorre despachos y pasillos de la Casa Rosada es qué pasará si este freno a los aumentos se extiende, con muchos altos funcionarios que pasarán a ganar mucho menos que sus subordinados. En el caso de los secretarios y subsecretarios, alcanzados por el veto presidencial, pasarán en poco tiempo, y producto de la alta inflación, a ganar un salario menor que los directores y otros subordinados.

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