El gremio de los colectiveros de la UTA no definió su adhesión al paro de la CGT y negocia con el Gobierno

A Roberto Fernández el conflicto lo incomoda. El jefe de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio que reúne a los choferes de colectivos, duda en adherir al paro general que activará la CGT el jueves de la semana próxima. En su entorno, aseguraron a LA NACION que su decisión es garantizar el servicio hasta las 19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si oficializa esta postura, el impacto de la huelga contra la gestión de Javier Milei no será tan potente como imagina el triunvirato de mando cegetista.

En el Gobierno tomaron nota de las idas y vueltas de Fernández, quien se distanció hace unos años de la vida interna de la CGT por diferencias con Pablo Moyano. Identifica la mano del referente camionero en el crecimiento de su rival interno en la UTA, Miguel Bustinduy. De hecho, tanto Bustinduy como los delegados combativos de la Línea 60, vinculados a la izquierda, es probable que el 9 de mayo se desmarquen y se sumen al paro general de 24 horas al que convocó la central obrera. En el ajedrez interno de los colectiveros, Bustinduy y la izquierda se movilizaron con reclamos a Fernández para desacreditar el acuerso salarial sellado con las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte hace dos semanas, que contempla una suma no remunerativa de $500.000 hasta definir un porcentaje de aumento el mes próximo.

“Roberto no tiene el ánimo de parar porque tiene una negociación abierta por la paritaria. Se está llevando bien con el Gobierno. Es probable que haya una adhesión parcial, con servicio hasta las 19″, señaló una fuente de la UTA que frecuenta a Fernández casi a diario. Sin embargo, el jefe de la UTA está molesto por la indefinición de su paritaria y el desafío de los opositores. De hecho, fracasó la audiencia de hoy en la Secretaría de Trabajo para resolver lo de la suba salarial. Se convocó a las empresas y al gremio para una nueva audiencia de conciliación para el 10 de mayo, al día siguiente del paro de la CGT. “La situación de los trabajadores es de una gran incertidumbre”, expuso hoy Fernández ante los empresarios, en la audiencia laboral. Pero no mostró más cartas que su malestar.

En lo que sí no hay dudas, es que la UTA no se sumará el lunes próximo a las protestas escalonadas que lanzará la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) entre las 8 y las 11 en reclamo de la posible reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Por su pelea con Moyano, Fernández se abrió hace tres años de la Catt y conformó un sello propio de gremios transportistas junto con Omar Maturano, de La Fraternidad.

En la CGT ya activaron gestiones para convencer a Fernández de parar el jueves 9 de mayo. Uno de los jefes cegetistas se habría comunicado para sumarlo a la protesta, sabiendo que el aporte de su gremio es vital para garantizar el impacto de la huelga. No dijo que sí ni que no. Fue ambiguo, fiel a su estilo.

En el AMBA, donde hay 18.000 colectivos habilitados para trasladar pasajeros, el sistema funciona hoy con $153.000 millones mensuales, de los cuales un 70% son aportados por el Estado y el 30% por el precio de las tarifas, según precisaron fuentes empresarias. Parado sobre esta ecuación, el Gobierno, en su rol de aportante de subsidios, pretende tallar en la decisión de la UTA para definir su adhesión a la huelga. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, ya se lo hizo saber al jefe de la UTA, según fuentes consultadas por LA NACION.

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