El Gobierno y la Corte acordaron una reforma para acelerar causas

El Gobierno y la Corte acordaron avanzar en un proyecto de reformas procesales urgentes para acelerar y acortar las causas penales.

Desde hace tiempo vienen discutiendo ideas varios jueces, entre ellos, los federales Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Claudio Bonadio, en contacto directo con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que instaló el tema como uno de los ejes del nuevo plan de gran reforma judicial. En el Ministerio de Justicia también trabajan en estas reformas parciales, con canales de diálogo con algunos de los federales. Serían leyes "de transición", previas al cambio definitivo hacia el sistema acusatorio.

El martes pasado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó en el Palacio de Tribunales a tres miembros de la Corte: Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti. El clima fue algo hostil con Garavano después de sus críticas a la acordada que le negó la habilitación al tribunal oral que iba a juzgar a Cristina Kirchner , un tema que todavía no está terminado. Si bien bajó la tensión, la Corte debe responderle ahora al Consejo de la Magistratura sobre los "alcances" de su acordada, y en el Gobierno anuncian que presentarán un pedido propio de aclaratoria sucinto y no beligerante.

Sin embargo, en las reuniones del martes hubo también espacio para empezar a trabajar en objetivos comunes. Allí acordaron avanzar con estos cambios procesales. "Estamos en un proceso de reconstrucción de confianza", dijo a LA NACION un funcionario del Gobierno.

Garavano le debía a la Corte una "devolución". El máximo tribunal le había hecho llegar la lista de propuestas que los jueces discutieron en las jornadas del 6 y 7 de marzo. Entre esos puntos, incluidos en el temario por Lorenzetti, estaba la idea de las reformas procesales penales, a aplicar cuanto antes. El sistema de enjuiciamiento vigente hoy se modificará drásticamente cuando entre en vigencia el régimen acusatorio, ya aprobado, que se implementará en todo el país empezando por Salta en noviembre y -según el Gobierno- llegará a Buenos Aires entre 2021 y 2023.

Mientras tanto, la idea de la Corte y de Garavano es avanzar ya con estas leyes de transición, que según sostienen ambas partes, no son un boicot de los jueces al acusatorio sino un acercamiento al futuro sistema.

El proceso penal tiene dos partes: la instrucción, escrita, destinada a recolectar pruebas, y el juicio oral, que lleva adelante un tribunal y termina con la condena o la absolución. El objetivo declarado de estas reformas es agilizar la instrucción, que está a cargo de un solo juez, suele demorar muchos años y puede ser interrumpida por sucesivos recursos ante las cámaras de apelaciones.

En líneas generales, las propuestas de reformas incluyen que haya una primera etapa de investigación informal antes de imputarle al acusado el supuesto delito. Que después, en una audiencia oral, se concrete la imputación y se le dé la posibilidad de que declare en indagatoria. Hoy, presentarse a la indagatoria es obligatorio. Otra idea es que desaparezca el procesamiento y se limiten al mínimo las decisiones que se pueden apelar, incluyendo solo medidas extremas, como prisiones preventivas, embargos e inhibiciones. También se plantea como un momento clave una audiencia oral donde se defina si hay pruebas suficientes para elevar el caso a juicio. Hoy, todo se discute por escrito. La idea es que haya una "audiencia multipropósito" donde se resuelvan todos los planteos de las partes de una sola vez. Así el sistema sería más rápido, eficiente y transparente, anuncian.

En el sistema acusatorio un aspecto clave es que la investigación pasa a ser responsabilidad de los fiscales y ya no de los jueces. Pero no está previsto que los jueces vayan a avanzar ahora en esa transferencia de atribuciones. Y no parece ir hacia el acusatorio la propuesta de ampliar la oficina de escuchas judiciales, que depende de la Corte, y convertirla en una "oficina de investigación criminal sofisticada". Durante los debates, hubo magistrados que advirtieron que si las investigaciones van a depender de los fiscales, una oficina así debería estar en el Ministerio Público. Dentro de la Corte hay discusiones sobre esto.

En lo que respecta a la reforma procesal, ahora le toca mover a la Corte. En el Gobierno esperan que conviertan las ideas en uno o más proyectos de ley. "No podemos adelantar plazos. Se está evaluando cómo y de qué forma se va a materializar", dijo a LA NACION un vocero de la Corte. En el Gobierno sostienen que para que esta reforma tenga sentido, los proyectos tienen que estar presentados -y de ser posible, aprobados por el Congreso- en el primer semestre de este año. Por el Ministerio de Justicia está trabajando en el tema el abogado Marcos Salt.

Otros puntos impulsados por la Corte que tienen el apoyo del Gobierno son la idea de extender los casos de flagrancia, mejorar las estadísticas y avanzar en el expediente digital en varios fueros, para erradicar los escritos en papel.

El Poder Ejecutivo insiste también en que la Justicia trabaje en doble turno para extender el horario de atención y que revea las ferias judiciales. La Corte lo está analizando, pero en los debates los jueces no mostraron interés por cambiar ni horarios ni ferias.