El Gobierno prepara un gran acto por la implementación del nuevo Código, pero la Corte no confirmó su presencia

El Gobierno prepara un gran acto a celebrarse el próximo lunes 6 de mayo en Rosario, presidido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal en esa jurisdicción, pero hay dudas sobre la presencia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que aún no confirmaron su asistencia.

La intención del Gobierno es recrear la foto tomada el 19 de marzo pasado en la Casa Rosada. Ese día Cúneo Libarona presidió el acto, flanqueado por Rosatti, Casal, la defensora general Stella Maris Martínez y el juez Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. En ese acto. Rosatti, serio, dijo que había un “compromiso militante” con el nuevo Código y que debía ponerse en marcha en siete semanas.

Sin embargo y pesar de que fueron cursadas las invitaciones, en el Gobierno aún no tenían certeza de la presencia de estos funcionarios en Rosario el lunes próximo.

No ayudaron las declaraciones de los últimos días del presidente Javier Milei sobre la Corte Suprema de Justicia ni la postulación del juez federal Ariel Lijo, blanco de múltiples cuestionamientos.

Milei expresó este miércoles en la radio El Observador, con referencias escatológicas, que no necesitaba una Corte adicta. “Hay una ventaja relativa que tiene Lijo respecto de cualquier otro candidato: sabe cómo funciona todo el sistema jurídico de la Justicia en la Argentina. Y si nosotros queremos hacer una reforma para que la Justicia empiece a ser más ágil, digamos, y sea mucho más eficiente, hay que poner a alguien que sepa de cómo funciona”, dijo el Presidente.

Y enfatizó: “Mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución. O sea, yo no necesito una Corte adicta. Lo puedo decir de manera grosera: yo tengo el culo limpio. No necesito que la Corte Suprema me venga a salvar de algo. Por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo. Por eso puedo ir al hueso porqu soy un tipo que está limpio. Entonces yo lo que necesito es volver a los valores de Alberdi”.

Hace una semana, Milei dijo en Radio Rivadavia, con respecto al DNU: “Si la Corte hubiera fallado más rápido, hubiera bajado niveles de tensión y hubiera ayudado más a los argentinos. Pero es un poder independiente, tiene sus tiempos y hace lo que a su criterio le corresponde”. Milei mencionó que con la postulación de Lijo y Manuel García-Mansilla busca ”una Corte más apegada a la Constitución, que es liberal, una Corte que sea acorde a los valores de la libertad”. Y afirmó: “La expectativa es que pasen los dos [candidatos]”.

Las frases fueron registradas con puntillosidad en la Corte pues al parecer se cuestionaba la capacidad de los jueces para interpretar la Constitución, cuando dos de ellos, Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fueron convencionales constituyentes e intervinieron en la redacción de la reforma de 1994.

Si bien ayer en el tribunal prefirieron no hacer comentarios -y menos el 1° de mayo, Día de la Constitución Nacional-, el malestar fue evidente. “Falta una eternidad para el lunes, ya veremos”, dijo una fuente judicial sobre la invitación a Rosario, donde resaltan que el esfuerzo está puesto recrear la foto de la Casa Rosada.

Recordó esta fuente del mundo judicial que ya Milei había dicho que “al menos tres jueces” tenían una “posición bastante poco amigable” con su DNU, pero que después la Corte sorprendió al Presidente rechazado los planteos contra esa norma. MIlei había apuntado públicamente contra la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y dejado fuera a Ricardo Lorenzetti, que fue quien le propuso el nombre de Lijo para el máximo tribunal y que está enfrentado con sus colegas.

Mientras el Ministerio de Justicia prepara el acto, restan cubrir vacantes en el Poder Judicial en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. De 28 cargos, 6 están vacantes; es decir, 21%. Los pliegos de cuatro candidatos para ocupar esos lugares están en el Poder Ejecutivo y dos, en el Consejo de la Magistratura.

Pero si se consideran los nuevos cargos creados por una ley especial de fortalecimiento de la justicia federal de Rosario, los cargos son 42 y las vacantes son 20, lo que equivale a un 47%, explicó el consejero de la Magistratura en representación de los abogados Miguel Piedecasas, radical, que dijo que a fin de año se elevarían las ternas al Ejecutivo.

En tanto, avanzan en Rosario las obras para la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que pone en cabeza de los fiscales la investigación, hace desaparecer el expediente escrito y lo reemplaza por un registro audiovisual de audiencias orales.

Es necesario acondicionar salas de audiencias con equipos de filmación, grabación y alta capacidad de almacenamiento de imágenes, pero al mismo tiempo deben implementarse las medidas de seguridad necesarias para alojar a presos que pueden ser de alta peligrosidad.

La clave de todo el proceso es el financiamiento. Hace cinco años, el sistema acusatorio arrancó en Salta y Jujuy. Su implementación tardó nueve meses y se construyeron edificios nuevos y remodelaron otros. Se crearon cargos, se adquirió tecnología y se cambió la conectividad, clave para que todo funcione.

Ahora se trabajó contra reloj durante siete semanas. Hubo un anticipo financiero del 30% que realizó el Ministerio de Justicia a cargo de Cúneo Libarona, por el Poder Ejecutivo. Fue usado para la instalación de audio, video y equipos de informática. El saldo será enviado por el Ejecutivo cuando se termine la obra. En total, se acondicionarán cinco salas de audiencias con toda la tecnología audiovisual que requiere este sistema procesal. La obra que se realiza ahora es de unos 470 metros cuadrados en total, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura a LA NACION.

La Corte creó 16 cargos para la Oficina Judicial, que sorteará a los jueces para que intervengan en las audiencias que les requieran los fiscales y la Cámara de Casación aprobó el reglamento de ese colegio de jueces. Para asegurar “condiciones mínimas para la operatividad del sistema acusatorio” dijeron los camaristas, es decir que se arranca con lo mínimo.

Los camaristas Mariano Borinsky Daniel Petrone Diego Barroetaveña, Angela Ester Ledesma, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Alejando Slokar y Javier Carbajo firmaron dos acordadas para conformar tres colegios de jueces: uno de Revisión constituido por los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, otro de Juicio formado por los jueces de los Tribunales Federales de Juicio de Rosario y Santa Fe y un tercer colegio de Jueces de Garantías compuesto por todos jueces federales de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y San Nicolás. Como faltan jueces de garantías decidió reforzar el ese Colegio de Garantías en Rosario con magistrados del Colegio de Juicio.

Ahora se está trabajando en el sistema de transmisión de datos on line, verificando la conectividad con las cárceles, para hacer las audiencias on line con los presos y evitar los traslados. La Dirección General de Infraestructura Judicial del Consejo está trabajando en Santa Fe, San Nicolás, Rosario, Rafaela y Venado Tuerto en la reubicación de personal, la colocación de señalética nueva, el control de detectores de incendio; también, en la colocación y distribución de mobiliario nuevo, y en la reparación de instalaciones eléctricas, la colocación de sistemas de climatización.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Tecnología y la Dirección General de Seguridad Informática coordinan las mejoras tecnológicas, que comprenden la instalación de nuevos sistemas de audio y video, computadoras, servidores, cámaras de videovigilancia para la seguridad de los inmuebles y adaptación de la conexión a internet.

Las obras realizadas permitieron terminar de pintar los edificios de Venado Tuerto, Santa Fe, San Nicolás, y el de Rafaela. En Rosario se completó la instalación del sistema de audio y video. Las tareas de adaptación de salas, los materiales y la readecuación estructural las paga el Consejo de la Magistratura y luego reclamará los reintegros al Poder Ejecutivo. Eso fuera de los gastos realizados en equipamiento tecnológico, dijo una fuente del Consejo de la Magistratura.

La Corte además asignó tres aeronaves al Ministerio de Justicia de Santa Fe para realizar actividades operativas e investigativas de policía en función judicial orientadas a la lucha contra el narcotráfico, y autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario.