A pedido del Gobierno se destrabaron en el Senado los cambios a la ley antilavado

En un veloz trámite y luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se involucrara en las negociaciones, dos comisiones del Senado emitieron dictamen esta tarde al proyecto de ley que adecua la legislación vigente en materia de persecución y represión de los delitos de lavado de activos proveniente de actividades ilícitas a los estándares exigidos por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).

La iniciativa recibió el respaldo de los exsocios de Juntos por el Cambio y por las fuerzas provinciales de Misiones y Río Negro y así obtuvo dictamen de mayoría en el plenario celebrado por las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, quienes decidieron ceder ante el apuro de los plazos que corren el Gobierno.

El kirchnerismo, en tanto, se negó a firmar el dictamen, configurando un extraño caso al no avalar un proyecto que fue enviado al Congreso por el gobierno de Alberto Fernández a pedido de su entonces ministro de Economía y después candidato presidencial, Sergio Massa, y que fue aprobado en Dipitados, en abril del año pasado, con el voto exclusivo del bloque de Unión por la Patria.

El próximo 3 de marzo visitará el país una delegación del GAFI con el fin de analizar la legislación argentina en materia de prevención y represión del lavado de activos ilícitos. La evaluación es clave porque, de no tener la legislación adecuada a los estándares del organismo, podría caer en la denominada “zona gris” de naciones con normativas permeables al blanqueo de dinero ilícito.

El proyecto había quedado demorado la semana pasada luego de que ambas comisiones se reunieran para escuchar a funcionarios del Poder Ejecutivo pero, al final, no emitió dictamen por los reparos que habían puesto legisladores de Pro y la UCR al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Ante esta situación, Cúneo Libarona se metió de lleno en las negociaciones y contactó a senadores de diferentes bloques para pedirles que dejen de lado sus cuestionamientos y apuren el trámite legislativo de la iniciativa.

El argumento de los plazos perentorios para cumplir con el GAFI fue utilizado por el presidente de la Comisión de Justicia, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), en el inicio del breve debate celebrado esta tarde. “Acá hay una razón de Estado. Los tiempos nos llevan a tomar una decisión y a pedirles que firmen el dictamen”, reclamó el legislador.

Pagotto admitió tener cuestionamientos al proyecto aprobado por Diputados, pero los supeditó al apuro del Gobierno y deslizó la posibilidad de mejorar la iniciativa en un futuro.

El único legislador que tomó el guante en la reunión fue el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien explicó la decisión de la UCR de cambiar de postura. “La semana pasada hicimos objeciones a la ley porque entendemos que es perfectible, que podemos construir un mejor instrumento legal; pero como se ha dicho acá, tenemos una fecha límite”, expresó, antes de anunciar que su bancada apoyaría con reservas la sanción de la iniciativa.

La principal amenaza que quiere evitar el Gobierno es que el organismo internacional coloque a la Argentina en la denominada “zona gris”, que reserva para los países con legislaciones endebles o permeables al blanqueo de capitales obtenidos a través de delitos. Sostiene que ese escenario impactaría en las inversiones que la administración libertaria pretende atraer y, además, complicaría la relación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige estar en regla con el GAFI entre los requisitos para alcanzar acuerdos financieros.

La gran incógnita es qué camino adoptará el kirchnerismo, que apoyó de manera masiva la iniciativa en abril de 2023. Por el momento, la principal bancada opositora de la Cámara alta se negó a firmar el dictamen, aunque no se descartaba que pudieran terminar apoyándolo.

La semana pasada, las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda se reunieron para escuchar las exposiciones del candidato propuesto por el Gobierno para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, y de Nicolás Vergara, jefe de gabinete del organismo encargado de fiscalizar y reportar ante la Justicia las operaciones financieras sospechosas de encubrir el lavado de activos.

Ambos expositores defendieron la iniciativa e hicieron hincapié en el apuro que tiene el Gobierno ante la próxima visita del GAFI. Pero tanto la UCR y el Pro como el kirchnerismo se ampararon en el hecho de que la reunión había sido citada con carácter “informativo” para no firmar dictamen.

En aquella reunión, la UCR y el Pro había señalado sus cuestionamientos al proyecto aprobado por Diputados. Criticaron las modificaciones a la denominada ley antilavado que pone en la órbita del Ministerio de Economía a la UIF y el proceso de selección del titular del organismo, a propuesta del Poder Ejecutivo y luego de la realización de una audiencia pública no vinculante.

Para los exsocios de Juntos por el Cambio, la UIF debería responder al Ministerio de Justicia y el presidente de la UIF debería ser seleccionado con acuerdo del Senado. Además, también plantearon sus dudas ante lo que calificaron como una “vaga definición” del delito de terrorismo que el proyecto establece como modificación al Código Penal. Esos reparos parecen haber quedado de lado tras los contactos de Cúneo Libarona con los senadores de la UCR y Pro.

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