Edmundo Carbone: el juez que puso el primer freno a la ley de medios

Murió a los 86 años el ex juez Edmundo Carbone, que fue titular durante varios años del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1, reconocido hace una década como uno de los juzgados con mayor excelencia en el ámbito profesional. Entre otras causas sensibles, Carbone tuvo en sus manos la demanda civil que la jueza María Servini de Cubría entabló contra Tato Bores en 1992 y dictó la medida cautelar para impedir que Clarín se adaptara a la ley de medios que había dictado el gobierno kirchnerista en 2009.

Con activa presencia en la Justicia desde la década del 60, Carbone había nacido en Avellaneda en 1930. Estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó en 1959, tres años después de haber ingresado en Tribunales.

Ferviente simpatizante de Racing Club, entre 1967 y 1971, durante los gobiernos militares de Onganía, Levingston y Lanuse, trabajó en el Ministerio del Interior y llegó a ser director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera.

Casi una década después, en 1980, fue nombrado titular del Juzgado Nacional N° 1 en lo Civil y Comercial Federal. Ratificado en el cargo por el Senado en 1984, permaneció hasta su jubilación.

En 1992 recayó en su juzgado la demanda que la jueza María Servini de Cubría hizo contra Tato Bores y Canal 13. Asimismo, la magistrada había presentado una cautelar que logró la censura previa del programa en donde se la satirizaba. Si bien la emisión salió vedada, Carbone desestimó la demanda en 1993 y, en su fallo, aseguró que el programa era una crítica a Servini de Cubría "por su desempeño en una causa con procesados de cierta relevancia por su actuación en la vida política", en referencia al "Yomagate", y que no interfería con su vida privada, como había alegado la letrada.

Años después, Carbone adquirió nuevamente notoriedad por una medida controvertida que impidió la proyección de la película La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, en septiembre de 1996.

El motivo que esgrimió para impedir que el film llegara a nuestro país se apoyó en el artículo 2 de la Constitución nacional. De acuerdo con lo que argumentó el magistrado, en ese artículo se "prescribe que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano y toda vez que la proyección del film La última tentación de Cristo podría implicar una profanación de la fe católica". Pasadas algunas horas, el juez se declaró incompetente para entender en la causa. Dos días después, el diputado Alfredo Bravo (Frepaso) reclamó el juicio político de Carbone, al alegar que se trataba de un caso de censura previa.

La última vez que la figura de Carbone tomó relevancia mediática fue en 2009, cuando confirmó la vigencia de una medida cautelar que había solicitado el Grupo Clarín para evitar desprenderse de parte de sus empresas, como una exigencia para adecuarse a la ley de medios.

El juez consideró que la venta de los canales de radio y TV conducía "a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita" y consideró que la empresa había probado contar con licencias otorgadas con anterioridad a la ley y que están vigentes.

Tres años antes de esta medida que lo puso en el escrutinio público Carbone y su juzgado habían ganado el premio a la excelencia judicial de la ONG Fores e Idea.