Cúneo Libarona cruzó a los abogados y dijo que el DNU en carpeta no viola la confidencialidad con sus clientes

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió al cruce de los abogados de que se quejaron de que el nuevo régimen para combatir el lavado de dinero que pondrá en marcha la Argentina obliga a los letrados a ser uno de los sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de sus clientes. Los letrados advierten que la medida viola el principio de confidencialidad entre ellos y sus clientes.

El Gobierno tiene a la firma un decreto de necesidad y urgencia que cambia la normativa antivalado para adecuarla a los lineamientos que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo internacional que visitará la Argentina el 6 de marzo próximo para revisar la legislación local.

“El proyecto de DNU de ninguna manera apunta a la relación de confidencialidad del abogado-cliente ni transgrede las garantías constitucionales, y se ajusta a los estándares internacionales”, tuiteó el ministro Cúneo Libarona y adjuntó un texto del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci.

La reforma se iba a hacer por ley, pero el presidente Javier Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias para que se reúna el Senado, por lo que se realizará vía un DNU (decreto de necesidad y urgencia) en los temas que no implican reformas penales, ya que está prohibido usar ese instrumento para efectuarlas.

El anuncio de LA NACION acerca de que el DNU iba a incorporar a los abogados como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas provocó la reacción del presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra. El exministro de Justicia emitió una declaración en la que sostuvo que “las propias notas interpretativas de la recomendación del GAFI dicen que no debe incluirse a los abogados y las abogadas si las actividades subyacentes ya se encuentran obligadas a ser informadas”.

Por lo tanto, advirtió que “esto no es lo que pide estrictamente el GAFI”; y alertó que “se corre un serio riesgo de lesionar el secreto profesional”. Y dijo que la medida es “abiertamente inconstitucional”.

La réplica oficial

Sin embargo Yacobucci, en la nota que acompaña al tuit del ministro, señaló que fue el propio GAFI el que dijo que la Argentina “no cumple ajustadamente con la recomendación 22″ por no incluir a los abogados como sujetos obligados. Esa recomendación promueve que los abogados junto con los escribanos y contadores integren el sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y asuman un rol activo en la detección de situaciones de riesgo vinculadas con aquellas actividades criminales.

Los que los abogados estrían obligados a informar no son las conductas de sus clientes, amparadas por el secreto, sino tener una “una actuación diligente” relacionadas con operaciones de compraventa de inmuebles, activos y la gestión de activos financieros de terceros y en la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas y creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

De no sancionarse estas reformas, la Argentina podría ser incluida en la “lista gris” del GAFI, con consecuencias financieras graves para el país. Mientras se dan estos cruces, Yacobucci se encuentra en París en la reunión del GAFI con el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, el asesor del ministerio Marcelo Ruiz, y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky. Mantuvieron hoy una reunión de trabajo con el director de Asuntos Criminales del Ministerio de Justicia, Olivier Christen, y su equipo, en la sede del Ministerio de Justicia en la capital parisina.

En la reunión se intercambió información en relación con los desafíos que afronta el país y que, en lo esencial, serán objeto del proceso de evaluación del GAFI. Argentina tendrá en marzo la visita de un equipo de evaluadores que observaran si nuestro país cumple los estándares de ese grupo internacional. El veredicto de esta evaluación se conocerá durante el plenario del GAFI de octubre de 2024 que se desarrollará en París. En la capital francesa se analizó la posibilidad del decomiso de activos de manera anticipada y la gestión de bienes por parte de las autoridades.