Caso YPF: el Gobierno le pidió a la Corte de EE.UU. trasladar la controversia a la Argentina

El Gobierno dio anoche un paso trascendental en el caso por la expropiación de YPF, el litigio internacional más importante que enfrenta la Argentina y que podría poner en juego más de 5000 millones de dólares, según cálculos oficiales.

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que el máximo tribunal analice si se trata de un caso comercial (que puede ser tratado en ese país), o si se trata de un caso de inmunidad soberana y que debe trasladarse a los tribunales argentinos, como espera la gestión de Mauricio Macri .

La Argentina enfrenta un reclamo de Burford Capital, el fondo especulativo que se quedó con el derecho a litigar del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) por la estatización de YPF del año 2012.

El Gobierno recibió un primer revés en julio, cuando la Corte del Distrito Sur de Nueva York consideró que el juicio de Burford Capital debía tramitarse en los Estados Unidos y rechazó el pedido argentino de trasladar la controversia a Buenos Aires. La Procuración del Tesoro (PTN) pidió entonces una audiencia para poder apelar esta decisión ante la Suprema Corte estadounidense. Ayer hizo la presentación ante ese tribunal y se jugó su carta más importante en el caso.

"El caso enfrenta un panorama particular, con una nueva conformación de la Corte estadounidense (de mayoría republicana) y con una jurisprudencia sobre el tema en las cortes inferiores que está divida", explicaron fuentes del Gobierno a LA NACION. La Corte Suprema no ha tratado casos similares que contemplen el dilema entre los actos comerciales y los actos soberanos.

"Es un asunto de vital importancia en el plano jurídico, con consecuencias en el plano del comercio internacional y en la relación de los Estados Unidos con otros estados", agregaron las fuentes oficiales. Distintos actores de la mesa judicial de Mauricio Macri apuestan a contar con el apoyo de otros países en su empresa para traer la causa YPF a la Argentina.

El caso

La familia Eskenazi creó las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energíapara adquirir el 25% de las acciones de YPF, cuando el controlante de la petrolera era Repsol.

En 2012, laestatización impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones Clase D de la compañía, pertenecientes a Repsol, pagándole la correspondiente compensación.

Las firmas de la familia Ezkenazi terminaron yendo a la quiebra, con el argumento de que no podían cubrir sus deudas. Así apareció el fondo Burford, un especialista en litigios de empresas concursadas o en bancarrota, para comprar el derecho a litigar de Petersen y convertirse en demandante del Estado argentino.

En 2015, Burford inició una demanda en la Corte de Nueva York alegando un incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación. Sostuvieron que Argentina e YPF debieron haber realizado una oferta por el restante 49 % de las acciones conforme a los estatutos.

El expediente YPF se convirtió en la causa judicial que más desvela a la gestión de Macri, por el impacto que podría tener en las arcas públicas. La demanda es por U$3000 millones, pero en los cálculos del Gobierno el juicio podría terminar implicando unos U$5000 millones, casi el equivalente al último desembolso del FMI.

En su estrategia judicial, el Gobierno e YPF presentaron una moción para que se desestimara la demanda fundada, entre otros argumentos, en la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. El argumento jurídico del Gobierno que la expropiación fue un acto soberano de un Estado, que tiene preeminencia sobre cualquier contrato y que debe resolverse en suelo argentino.

Pero en primera y segunda instancia la Justicia estadounidense falló a favor de Petersen. El Gobierno, sin embargo, consiguió un respiro cuando la Justicia otorgó un stay, para dejar el caso en suspenso hasta que la cuestión sea resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Ayer, a horas de que ese stay venciera, la PTN presentó el recurso de certiorari ante el máximo de los Estados Unidos. Ese tribunal deberá resolver si la expropiación del 51% de YPF puede ser considerado como un "acto comercial" que justifique la no aplicación de la regla de inmunidad soberana de los Estados, o si por el contrario, se trata de un litigio local.