Alfredo Cornejo avanza en Mendoza con una reforma del reparto de fondos resistida por varios intendentes

MENDOZA.- Los gobernadores le reclaman a Javier Milei por la coparticipación y el mendocino Alfredo Cornejo es uno de los que denuncia desde hace años la “discriminación” del gobierno nacional, pero dentro de su provincia él también es cuestionado por el reparto de fondos. Varios intendentes advierten que van a resistir el proyecto del gobernador para reformar el sistema y dicen tener la sospecha de que busca beneficiar a comunas amigas.

Mientras la mayoría de los intendentes quieren rediscutir toda la coparticipación local en base a diferentes parámetros actuales y dejando atrás la normativa de 1996, Cornejo se centra en modificar por ley sólo el destino de 10% de esa masa, lo que ha generado suspicacias, ya que se trata del Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Regional (CEDR), que tiene múltiples variables de análisis, a criterio oficial, lo que permitiría “darle una mano” -advierten- a quienes quedaron relegados, por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la población, según los últimos datos del Censo. El malestar es creciente porque además el gobierno provincial ya les comunicó a los 18 intendentes que hay una caída en los recursos que recauda la provincia por lo que deberán ajustarse aún más.

En este sentido, son varios los alcaldes de la oposición, pero también del oficialismo, que cuestionan, por ahora en reserva, el mecanismo que pretende activar el jefe del Estado mendocino. Dicen que se beneficiará, principalmente, a la comuna insignia de Cornejo y su actual ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar. Se trata del municipio de Godoy Cruz, que comanda el radical Diego Costarelli, quien por otra parte, reclama contra las mediciones del Indec del Censo 2022, que reportaron una baja en la cantidad de habitantes en su departamento. La misma actitud ha tomado el intendente de Las Heras, el también radical Francisco Lopresti.

Frente a este escenario, empezaron a reproducirse las voces de los jefes comunales que rechazan el planteo de sus pares, ya que temen perjudicarse en la recepción de fondos, porque no hay dinero nuevo para repartir y las comunas son “coparticipación-dependientes” y que se deben respetar los alcances de la ley. Por caso, en 2023, la coparticipación total a los municipios rondó los $200.000 millones y para el 2024 superaría los $500.000 millones.

Mientras tanto, en el Ministerio de Hacienda ultiman el proyecto de ley para avanzar con los cambios, centrados en ese 10% de fondos coparticipables, a repartir entre los 18 municipios. Sin embargo, reina el hermetismo oficial sobre lo que finalmente se definirá, aunque en el proyecto de presupuesto de 2024 figura una planilla donde se observan las comunas que se beneficiarían, entre ellas, Godoy Cruz y Las Heras. Todo indica que habrá una dura puja cuando comience a debatirse la iniciativa en la Cámara de Diputados.

LA NACION tuvo acceso a ese documento, que viene siendo analizado a fondo por los caciques “rebeldes”, quienes hacen números y simulaciones. Godoy Cruz pasará de tener el 22% de ese 10% de masa coparticipable al 25%, y Las Heras, del 17% al 18%. En tanto, Luján de Cuyo, comuna opositora, baja del 4% al 0,8%; y Maipú, un municipio históricamente del justicialismo, hoy gobernado por el intendente Matías Estevanato (una de las apuestas del PJ para pelear por la gobernación en 2024), experimenta una baja del 9% al 8%.

Varios intendentes coinciden en que creen que el sistema debería modificarse, pero de manera integral, bajo parámetros actuales.

En Mendoza, la coparticipación municipal, en un 25% es en base a diferentes recursos nacionales e impuestos provinciales y se hace de manera idéntica para cada comuna, aunque quedan afuera los impuestos automotor y las regalías petrolíferas. En tanto, el 65% se reparte en proporción a la población, mientras que el 10% restante responde al CEDR, que fue instaurado por el peronismo para compensar los desequilibrios entre regalías, población y servicios, bajo un criterio propio del gobierno de turno. Hay quienes sostienen que debe enfocarse en priorizar a las comunas postergadas y alejadas sobre aquellas que tienen mayor acceso y desarrollo. Otros consideran que no debe dejar de potenciarse a quienes mayores avances, servicios e inversiones lograron en la provincia.

Además, se suman los cuestionamientos de quienes rechazan los números del Censo 2022. Luján de Cuyo y Maipú fueron las que más crecieron en población, mientras que, principalmente Godoy Cruz y Las Heras, experimentaron una merma. Pero los intendentes de ambos municipios presentaron un recurso administrativo de reconsideración para dejar en suspensión la resolución Nº 10 que el Ministerio de Hacienda publicó a principio de año, para que se continúen liquidando los tributos coparticipables conforme los datos anteriores. Esta situación también genera tensión interna en el Gobierno, ya que se está cuestionando la tarea realizada por la dirección estadística local, DEIE, que aporta los datos al INDEC.

Frente a esta discusión, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, dejó en claro su postura. “Confiamos en los valores republicanos de Mendoza y del gobernador, por lo que entendemos que no se pueden desconocer los datos oficiales del Censo 2022. Es mi obligación y deber defender a los lujaninos. Lo que corresponde es cumplir la ley, porque Mendoza se destaca por respetar la ley y las normas, y esto debemos sostenerlo entre todos. Los datos del Censo son claros y precisos: Luján creció y los lujaninos somos más”, expuso el cacique, en respuesta a los reclamos de Godoy Cruz y Las Heras. La batalla podría llegar incluso a la Justicia.

En tanto, en la Ciudad de Mendoza, frente a todos los intereses en pugna, ya comenzaron a reclamar por las variables de análisis de la coparticipación, poniendo énfasis en el desarrollo y en la prestación de servicios diarios a miles de habitantes de toda la provincia, más allá de lo demográfico municipal. Así, el intendente radical Ulpiano Suarez inició una queja a la provincia por lo adeudado del Fondo Compensador, creado en 1996, para reparar el perjuicio ocasionado a la Ciudad con el régimen de coparticipación municipal, que no se actualiza desde el 2010.