Al ser indagado por la Justicia, Ginés González García dijo que no cometió ningún delito con el vacunatorio VIP

El exministro de Salud Ginés González García negó hoy ante la Justicia haber cometido delitos al indicar en 2021 que se vacunaran contra el Covid-19 personas amigas, allegadas y periodistas cercanos al poder, en lo que se conoció como el caso del “vacunatorio VIP”. El exfuncionario señaló que se habían aplicado las dosis según los criterios epidemiológicos del Ministerio de Salud y se manifestó satisfecho de aclarar su situación.

El exfuncionario, que está delicado de salud, fue indagado a través de zoom por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en una audiencia virtual de la que participaron su abogado Federico Ramos y los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Ahora la jueza Capuchetti tiene diez días hábiles para resolver si procesa al exministro por los delitos de peculado y abuso de autoridad, dos figuras graves que se pueden aplicar por haber facilitado que se apliquen vacunas personas por fuera de los turnos que se asignaban en 2021 cuando estalló la pandemia. Tras una revisación del cuerpo médico forense, los facultativos indicaron que la indagatoria, postergada desde hace 10 meses, no fuera presencial en los tribunales de Comodoro Py 2002, sino por zoom.

González García dijo ante los funcionarios judiciales que no cometió ningún delito, ya que las personas que recibieron las vacunas fueron aquellas a la que les correspondía recibirlas según los criterios epidemiológicos que había establecido el Ministerio de Salud, según su edad y situaciones de riesgo. Basó su defensa en que cumplían con los lineamientos de las resoluciones oficiales.

El exministro habló solo, sin interrupciones, y tras su manifestación contestó una pregunta del fiscal Rodríguez sobre que criterio se usó para vacunar a unos si y a otros no siendo personas menores de 60 años. González Garcia respondió que quienes recibieron la vacuna llamaron a la privada de su ministerio.

Asimismo el ex funcionario se remitió para su defensa a un escrito de 100 páginas que adjuntó con su abogado y que dijo forma parte de su indagatoria. Ya fueron indagados el exdirector del Hospital Posadas, Alejandro Maceira y Marcelo Guille, quien fuera secretario del ministro.

Los vacunados

Además de los funcionarios, la Cámara Federal indicó que deben quedar bajo investigación los vacunados VIP que accedieron a las dosis de manera preferencial, aunque esa medida aún está pendiente. Entre los que fueron vacunados cuando no les correspondía se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, y el periodista Horacio Verbitsky. Cuando recibieron sus dosis, las vacunas estaban reservadas solo a determinados grupos dentro de la sociedad (como el personal de salud o el personal estratégico de gobierno) y ellos no calificaban para un acceso prioritario.

El peculado es un delito grave que se castiga con entre dos y 10 años de prisión, y está dentro de las malversaciones sancionadas por el Código Penal. Se comete cuando el funcionario sustrae efectos que tiene bajo su custodia (vacunas, en este caso) y además cuando los emplea en provecho propio o de un tercero (los vacunados VIP). Cuando pidieron la indagatoria, los fiscales Rodríguez y Taiano señalaron que cuando se aplicaron estas dosis de manera irregular “morían más de 100 personas por día en nuestro país a causa del coronavirus, y la vacuna era un bien escasísimo”.

Por eso, más allá de que se sustrajeron pocas vacunas, señalaron que se debe evaluar “la angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, lo que convirtió a esta situación en “repugnante”. Y escribieron que “cada vez que se decidía ilegalmente a qué ciudadano ‘amigo’ o ‘poderoso’ proteger”, se estaba “postergando a otro ciudadano que la necesitaba imperiosamente para no morir infectado”.

Los exfuncionarios están acusados de haber retirado diez vacunas contra el Covid-19 asignadas al hospital Posadas y de su traslado al Ministerio de Salud de la Nación, el 18 de febrero de 2021, para vacunar a diez personas que no estaban habilitadas para recibir esas dosis. Por este hecho se solicitaron las declaraciones indagatorias de González García, Maceira y Guille.

También se acusa a González García por haber indicado que llevaran vacunas a la casa de Eduardo Duhalde el 1° de febrero de 2021. Con esas dosis se vacunó al expresidente, a miembros de su familia (Hilda “Chiche” Duhalde, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde) y a su secretario Carlos Alberto Mao.

La denuncia inicial tuvo lugar el 22 de febrero de 2021, mediante las presentaciones del fiscal Guillermo Marijuan, de los diputados nacionales Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Graciela Ocaña, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets, de Yamil Santoro, José Luis Patiño, Rodrigo Forlenza, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, de Juan José Gómez Centurión y de Ernesto Martín Nahijhian.

En un principio, el fiscal Taiano y la jueza Capuchetti habían entendido que no había delito en lo ocurrido, cuando se supo mediante una entrevista que dio Vertbisky que personas que no estaban en la lista de prioridad habían recibido dosis de vacunas, antes que otras personas que las estaban esperando.

Pero la Cámara Federal ordenó reabrir el caso tras la apelación del fiscal de Investigaciones Administrativas y dio algunos parámetros para reenfocar la investigación y centrarse no solo en los funcionarios que montaron este circuito paralelo de vacunación al oficial, sino en las personas que recibieron esas dosis de manera anticipada.