Un sistema que cae sin ayuda de la motosierra

El sistema implosiona. No hace falta hacerlo estallar ni partirlo al medio con una motosierra. Se cae a pedazos solo con nosotros adentro. Los efectos de este desmoronamiento ahora en fase crítica se advierten en la crispación de la gente y en la angustia ante un presente precario que por ahora no anuncia nada mejor. La traducción en datos duros de estos síntomas la hizo el Indec: la pobreza superó el 40%. La causa profunda de este deterioro también ganó esta semana la tapa de los diarios. La corrupción enquistada en el sistema, que ha hecho de la Argentina un país inviable y explica los más de 18 millones de pobres que tenemos, volvía a adquirir un rostro con el escándalo de la Legislatura bonaerense, en el que fue sorprendido un puntero peronista que vaciaba un cajero automático con decenas de tarjetas de falsos empleados legislativos.

Es un caso calcado del que estalló en Entre Ríos en 2018. A través de decenas de contrataciones truchas, la Legislatura provincial generaba sueldos que, tarjeta de débito mediante, terminaban en los bolsillos de la mafia política. En diez años, se llevaron así 50 millones de dólares. También allí reaccionó la Justicia adicta y un jury express destituyó a la fiscal Cecilia Goyeneche, impulsora de la causa, que hoy espera ser restituida en el cargo por la Corte Suprema. En mayo pasado, la Cámara de Casación provincial confirmó la condena a ocho años de prisión para el exgobernador kirchnerista Sergio Urribarri.

Ahora la cosa salta en La Plata. ¿Habrá investigación, juicio y pena? ¿Cambiará algo? Es imprescindible que así sea. Esto se sabía, era vox populi: la Legislatura bonaerense, que cuenta con un presupuesto exorbitante y permanece fuera del radar de los grandes medios, es el paraíso del robo. Ahora, una muestra del saqueo consuetudinario salió a la luz. Y está ahí, a la vista de todos. Cuando la impunidad es tanta, al daño material de la corrupción se le agrega el padecimiento moral del que ve que le roban en la cara y no pasa nada. Pero llegamos a un punto límite. Tras dejar el país en una virtual bancarrota, incorregibles, los políticos corruptos se siguen llevando hasta lo que no hay.

La Legislatura del escándalo tiene un presupuesto de más de 60.000 millones de pesos y un total de 2850 empleados para 138 legisladores. Produce poco, al menos para la comunidad: la Cámara de Diputados tuvo una sola sesión en lo que va del año; la de Senadores, dos. En la denuncia contra los jueces que anularon la causa y liberaron a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero apresado in fraganti, Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico calcularon que la Legislatura podría funcionar bien con un presupuesto de 8500 millones. ¿Qué pasa hoy con la diferencia? La respuesta es simple: manejan los bienes públicos como si fueran propios. Sergio Massa se calza el traje de ministro de Economía y reparte dineros que el Estado no tiene con el único fin de fogonear su candidatura. Solo alimenta la inflación, pero poco importa la cantidad de pobres que lleve satisfacer su sed de poder y su ambición de llegar a la presidencia. Todo vale para alcanzar el objetivo.

Cristina Kirchner actúa igual. Usa el Senado para tramitar su lucha contra la Justicia. Ajena al páramo que deja su gobierno (ella lo creó, ella lo manejó, ella lo destruyó), arma una sesión para meter de nuevo en la Cámara de Casación a una exjueza de voto cantado en misión de rescate. Una suerte de golpe institucional contra la Corte Suprema. Ante el peso de la prueba de un delito que también está a la vista de todos, no tiene otro modo de zafar. Pero no se puede extender lo que no existe. ¿Cómo prolongar un mandato ya expirado?

De cualquier modo, la sensación es que se han apoderado del Estado y lo exprimen en su exclusivo beneficio. La decadencia es tanta que ya no se toman el trabajo de disimularlo. El divorcio de estos políticos con la sociedad es total. Se entiende entonces la rebelión del voto bronca contra todo lo conocido. Javier Milei encarna un populismo surgido de la ruina material y moral que deja el populismo kirchnerista. Es un producto del peronismo, que los compañeros se disponen a capitalizar.

Massa y Milei encarnan opciones dudosas. Porque, así como el peronismo le sustrajo al país la posibilidad de una socialdemocracia liberal verdaderamente progresista para tejer la matriz de un corporativismo depredador camuflado de acuerdo a las modas de temporada, la Libertad Avanza, a juzgar por lo que vocifera su líder, propone un liberalismo dogmático para el que el Estado es mala palabra, poco menos que obra del demonio, en una versión extrema donde todo se convierte en una mercancía y cuya aplicación parcial en el mundo a fines del siglo pasado aumentó la brecha de desigualdad. En su derrotero tan particular, el país vuelve a estar asediado por extremos que se tocan, envuelto en una falsa dialéctica que, desde el calor de la puja electoral, contrapone liberalismo y Estado, cuando los países más exitosos combinan la iniciativa privada con la pública en un equilibrio que no sale de los libros, sino de una lectura atenta y debatida de la realidad.