Todos ponen, dicen, pero nadie suelta nada

En mi columna del sábado pasado decía que Javier Milei, para mantener el apoyo ciudadano, está obligado a cumplir su promesa de ir contra la casta. No parece faltarle determinación: el Gobierno ha dado pasos decididos para recuperar el control de la calle y para cambiar la matriz económica del país.

Con apenas dos semanas en el poder, el Presidente, que en muchos aspectos sigue siendo un enigma, despierta temores y esperanzas en grado parejo. También, encendidos debates. El decreto de desregulación de la economía que dictó hace unos días fue objeto de polémica en ámbitos de lo más variados. Hasta grupos de WhatsApp de amigos donde los asuntos políticos no son tema frecuente ardieron el jueves al calor de ese DNU, que busca cambiar el paradigma a través de la derogación y modificación de más de 300 normas. Todo un cimbronazo. Hoy la desregulación, así como la caída de privilegios sedimentados durante décadas, es tema de la calle. Algo inédito. Pareciera que para conservar el apoyo de la gente Milei procura, como como condición necesaria, mantener su atención. Y hace bien: la necesita.

Las críticas al decreto en cuestión se centraron sobre todo en aspectos de forma: se trata de un DNU que cambia leyes que conforman el orden jurídico vigente, tarea en principio asignada al Congreso. El fondo del escrito cosechó en cambio una adhesión importante, tanto en la opinión pública como entre la dirigencia política. El rechazo a su contenido provino de una izquierda ideologizada, de la aburguesada dirigencia sindical y de un kirchnerismo que, con cínico desparpajo, clama por la república cuando en sus buenos tiempos usó el Estado como plataforma para acumular poder burlando las leyes y potenció al máximo las redes de corrupción. No es casual que el gasto público haya crecido casi un 20% entre 2003 y 2015, hasta alcanzar el pico del 42% del producto bruto. Esa sangría resultó letal para una economía que hoy produce pobreza. Se ha dicho: la revolución nac&pop gestó la cruzada libertaria.

Pero el decreto de Milei, redactado sobre la base del trabajo que Federico Sturzenegger hizo para Patricia Bullrich, apunta a algo más que a equilibrar las cuentas. Busca desmalezar la frondosa proliferación de leyes y reglamentaciones que a lo largo del tiempo fueron distorsionando las relaciones económicas, mientras el poder concedía privilegios arbitrarios a través de ellas y trazaba vías más o menos opacas para el robo del dinero público. La intención del decreto, que será complementado con un paquete de leyes, es sacar del letargo la capacidad productiva del país. ¿Hay acaso otra salida?

“El sistema económico argentino es hoy resultado, entre otros factores, de una larga historia de presiones sectoriales regularmente acogidas por un Estado habituado a contar con recursos extraordinarios para sufragarlas”, dice Jorge Bustamante en su libro La república corporativa. Cuando no hay plata, el príncipe apela a la suba de impuestos, el endeudamiento externo o la emisión. Como esos recursos están agotados, no queda sino afrontar la agónica realidad. Pero claro, desmontar las capas geológicas del populismo vernáculo no es fácil. Hasta hace poco era una causa perdida. Los intentos de ajuste anteriores fracasaron todos. Cedieron ante la trama de intereses creados, que siempre pudo más. “Toda la sociedad argentina se encuentra parcelada en grandes o pequeños territorios del privilegio –dice Bustamante-. Dicho de otra forma: toda la sociedad se encuentra comprometida con el statu quo y todas las actividades deberían modificarse en alguna medida para que el progreso sea posible”.

Todos ponen, dicen los privilegiados cada vez que no hay de dónde rascar tras el despilfarro o asoma la hiper. Tras el amague, cada cual se aferra a lo suyo y no quiere soltar nada. Y nada cambia.

¿Por qué ahora sería distinto? No hay garantías, pero podría serlo. Tal vez, porque es nuestra última oportunidad y hay una conciencia bastante acabada de eso. Caímos muy bajo y estamos muy golpeados. De allí el consenso popular inédito, aunque delicado y precario, que esta vez tiene el ajuste. Y aquí pasamos a la cuestión de las formas. Lo ideal, qué duda cabe, es que estas reformas se tramiten por ley. Que haya debate. Que se subsanen errores y omisiones. Que la transición de este cambio de identidad sea más meditada. Por salud democrática, por seguridad jurídica, Milei haría bien en buscar consensos para que estas medidas salgan por ley. Sin embargo, la irrupción un poco bestial del decreto consiguió que la sociedad se sumara al ruido e hiciera de la desregulación del Estado un tema de discusión. Todos tomaron posición. Cuando el Congreso debata, lo hará con el ojo de la opinión pública encima. La conciencia social del abismo, traducida en presión concreta contra los defensores del statu quo, es lo que Milei necesita para evitar un nuevo fracaso a la hora de desmontar la usina de privilegios y prebendas en que se convirtió el Estado argentino concebido como botín a rapiñar. Eso, y atender a los caídos en la travesía por el desierto que se dispone a encabezar.