Nueva lógica: el que corta no cobra, el que no acompaña traiciona

“Para el derecho no hay derecho más importante que la expresión crítica. Necesitamos seguir escuchando a quienes se quejan”, señaló horas atrás Roberto Gargarella, prestigioso jurista constitucionalista y docente.

Gargarella, junto a otros hombres del derecho, se manifestó en contra del Protocolo Anti-Piquetes anunciado por el gobierno y que se puso en práctica en la jornada de protesta de ayer. Muchos recordaban, al ver imágenes de policías haciendo bajar pasajeros de los colectivos y filmándolos, o escuchando el mensaje en las estaciones de trenes que advertía por los altavoces “el que corta no cobra”, a situaciones de alta conflictividad social que intentaron ser controladas por la autoridad de turno.

Tema aparte merece el Plan Social que el beneficiario puede perder si el gobierno cumple con su advertencia, la inflación convirtió en una ayuda ínfima los $75.000 del Plan Progresar Trabajo, ya no podría contener ningún desborde social como ayuda económica. Genera más polémica que ayuda y el temor a perderlo baja. Quizás este sea un favor a la intención del gobierno de bajar el gasto público, pero como consecuencia aumentaría la demanda social.

Dicho esto, es valorable la decisión del gobierno de eliminar intermediarios. La figura del puntero político convertido en capanga de la pobreza que obliga a la gente a marchar porque él decide si sigue o no cobrando un plan, debe ser desterrada de la vida política. Cómo así todos aquellos que cobraban planes y tenían o empleo público o acceso a la compra de dólares. Durante el gobierno de Alberto Fernández la ayuda social fue un agujero negro que deberá ser investigado. Existe una denuncia muy grave de la Coalición Cívica contra el Movimiento Evita que debe avanzar en sede judicial. Porque si se desviaron fondos de ayuda social recaudados con los impuestos que pagan los que trabajan y sufren también las consecuencias de una economía perversa, los responsables deben pagar ante la ley. Este debería ser un tema que el gobierno de Milei debería abordar con toda decisión política, pero, lamentablemente, decidió que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no sean querellantes en causas de corrupción. Lo dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: “los organismos del Estado no van a salir a buscar delitos”. Un retroceso en la lucha anticorrupción, teniendo en cuenta que se elige reprimir o sancionar a quienes se manifiesten para peticionar una mejora en la ayuda social, pero no se ataca el desvío de esos fondos colaborando con la justicia desde las oficinas de control. La Causa Vialidad, que condenó a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, y otras causas en proceso, como Hotesur-Los Sauces, tuvieron una activa participación de esas oficinas durante el gobierno de Mauricio Macri. Experiencias positivas hay como para retomar ese camino.

Hoy la Argentina vive una situación distinta, hay cansancio, hartazgo en un sector de la sociedad que encontró en Javier Milei y su gobierno una representación a sus demandas sobre el orden y el respeto a la libre circulación, pero también en cuanto a ver todo lo concerniente en la esfera pública como algo insano y nocivo que merece ser cortado de raíz. Es entendible que exista este enojo por aquella indefensión que sintieron durante todo el período kirchnerista, donde no se comprendía o intentaba, al menos, interpretar sus demandas. Sobre todo en tiempos de pandemia, cuando se vulneraron todos los derechos civiles y humanos.

Pero si todos somos iguales ante la ley, no nos queda esperar otra cosa que, cuando sucedan cortes de rutas de partes de sectores ligados al campo, o de estudiantes universitarios por demandas del sector, o de los mismos vecinos que recurren a esa práctica cada vez que tienen cortes de luz prolongados afectando a sus propios vecinos que no pueden llegar a sus hogares, lo normal sea que el “protocolo” se aplique de la misma manera. Allí se abren preguntas y reflexiones: si fue malo utilizar las estaciones de trenes para anunciar los aumentos de la tarifa que haría Milei si ganaba cuando gobernaba Fernández, también lo es utilizar los altavoces para advertir que cortar la calle puede llevar a perder un plan social. Otra: ¿habrá sanciones económicas para aquellos que participen de esos cortes? Es de esperar que, si este “protocolo” tiene el aval de la justicia, hay algunos juristas que anticipan que es imposible que no lo declaren inconstitucional, al menos en algunos de sus puntos, se aplique a todos por igual, y muchos de los que hoy señalan agresivamente al protestante cuando se vean interpelados por la misma medida, ¿estarán de acuerdo con eso?

Y otra pregunta que comienza a hacer ruido entre la política luego del anuncio del Presidente de dictar un controversial Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que derogará unas 300 leyes y modificará otras 300 para desregular profundamente la economía y las relaciones de la sociedad civil. El Pro, la UCR, la CC, el PJ no kirchnerista, que se comprometieron a darle gobernabilidad a Milei, ¿acompañarán estos modos de gobernar pasando por encima al Parlamento y con medidas de control si no lo consideran democráticos? Algunos gobernadores ya advirtieron que no.

Porque el problema y el debate que se viene será sobre la nueva representación política que se identifica a través de un discurso que hace culto a la imposición, con tonos que van desde lo despectivo a lo violento. Fue bastante común leer estos días a muchos usuarios de redes sociales anticipar que se preparaban para ver a las fuerzas de seguridad reprimir las marchas, en lugar de exigir que las mismas controlen que no existan hechos de violencia. Si bien lo que pasa en las redes no es responsabilidad del gobierno, existe una línea conducente que parece orquestada en ese sentido. Pero, además, utilizando un lenguaje que roza el racismo, calificando con palabras agraviantes y descalificadoras, como si se tratase de una condición social inferior y merecedora de insultos, solo por su situación de pobreza y porque no supieron o no pudieron elegir marchar en la jornada de protesta. A las víctimas hay que ayudarlas, no exponerlas. Esto no debería sorprender. Milei construyó su corta y exitosa carrera política montado en un discurso agresivo, cargado de insultos, donde proponía romper el statu quo de manera violenta y, ya sea por convicción, como lo hizo el 30% que lo acompañó en la primera vuelta, o por la necesidad de cambiar el rumbo y dejar atrás el modelo kirchnerista que fracasó rotundamente, el electorado lo eligió presidente con el 55,6% de los votos. Pero un sector de esos votantes tomó esa agresividad como modelo, la copió y parece ejercerla de un modo donde, a solo 10 días de su asunción, pensar distinto ya convierte al ciudadano crítico en zurdo o cómplice del fracaso, y pone todo en un estado de situación donde no hay espacio para acompañar las buenas propuestas y los cambios sin poder también criticar o simplemente oponerse a otras. El riesgo sería entonces que el modelo de pensamiento único, tal cual lo soñó e impulsó el kirchnerismo durante dos décadas, sea reemplazado por otro que nuevamente trate de imponerse.

La política es una rueda y cuando ésta se pone en marcha se puede estar arriba o abajo, por eso lo importante es y será defender los derechos y las convicciones en las que se cree desde el lugar donde la rueda nos coloque coyunturalmente. Tiene mucho más valor democrático aferrarse a esos valores que cerrar los ojos solo para defender al gobierno de turno.