Massa, la cara que Milei no puede borrar en AySA

Algunos dirigentes del Pro creen que a Javier Milei no le importan la salud, la educación ni otros servicios que presta el Estado. “Lo único que le interesa es llegar a junio con superávit y levantar el cepo.” Si fuese así, ayudaría a comprender las desinteligencias que rodearon a la convocatoria de hoy a los gobernadores para discutir un acuerdo que le permita destrabar el funcionamiento del Congreso. Un paso indispensable para que las medidas de ajuste fiscal enumeradas por el presidente en la Asamblea Legislativa dejen de ser solo anuncios.

Recién el miércoles por la tarde todos los gobernadores recibieron la invitación formal al encuentro de hoy a las 15 en la Casa Rosada. Una amplia mayoría de ellos rechazó haber reclamado al gobierno la reimposición de la cuarta categoría en el impuesto a las Ganancias, cuya anulación redujo los ingresos a las provincias por coparticipación federal. Les preocupa más las deudas que mantiene la Anses con sus administraciones. Solo entre Córdoba y Santa Fe superan el billón de pesos.

Mientras tanto, el Gobierno avanza dónde y cómo puede para que su programa reformista no pierda impulso ni el consenso ciudadano del que goza, sostenido en el discurso de suprimir los privilegios de la denominada casta. Un argumento al que no apeló esta vez Manuel Adorni para justificar 200 despidos en AySA como parte de su “puesta en valor” para privatizarla. El vocero presidencial comparó esa medida con la venta de un auto particular. “Cuando te lo vienen a ver, lo mostrás lavado: sin problemas de chapa ni pintura”.

La figura elegida por el vocero presidencial hace especular que estaba al tanto de la decisión adoptada por Nicolás Posse. El 8 de febrero designó a Eduardo Endeiza, director general Administrativo en AySA. La medida adoptada un día después del fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, hizo temer a Marcelo Papandrea que tendría que abandonar la presidencia de esa empresa. Lo que ocurrió la semana pasada. Papandrea había llegado con Malena Galmarini y su salida intentó ser presentada como la influencia que ejercía allí Massa a través de su esposa.

Pero los antecedentes profesionales de Endeiza en Linkedin parecen poco eficaces para diluir esa sospecha. Desde 2022 y hasta el 10 de diciembre fue subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Es decir, de Massa. Y entre 2020 y 2022 dirigió el Fondo de Garantías de la Anses. Un organismo donde la incidencia de Massa se hizo notar desde que lo presidió en 2002. Hasta 2022, Lisandro Cleri fue el subdirector de la Anses. Ese año pasó a desempeñarse como vicepresidente del Banco Central. Alberto Fernández firmó en 2021 el decreto 823 que obligó a los organismos del Estado a contratar pólizas de vida de Nación Seguros.

Massa extendió la aplicación del decreto a los créditos que la Anses promovió entre los jubilados como parte de su campaña electoral. La directiva inicial de Fernández fue desconocida por AySA, presidida por Malena. En los cuatro años de su gestión mantuvo las pólizas de provincia Seguros. Tal vez un indicio al que prestarle atención para comprender por qué reclamó el control total de ese grupo de empresas que Axel Kicillof le denegó. Sebastián Galmarini es director del Bapro. Función en la que tiene de compañero a Bruno Screnci.

Estrecho colaborador de Diego Santilli, uno de los más fervientes paleo libertarios del Pro. Santilli y Screnci son sindicados como supuestos nexos de la llegada de las pólizas de Nación Seguros al gobierno porteño de la mano de Pablo Torres García. Uno de los brokers implicados en esta escandalosa maniobra y, en apariencias, vinculado a Nicolás “Nicky” Caputo. A esta altura, casi miembro honorario del original árbol genealógico del Pro y no solo el “hermano del alma” de Mauricio Macri.

Santilli se encargó de aportar la torta para el catering servido en la reunión del Pro del 5 de marzo para festejar el cumpleaños de Jorge Macri. “Cada vez que cambia el jefe de gobierno hace lo mismo” confió con sorna uno de los asistentes sobre la participación de Santilli en la tradicional, y emotiva, ceremonia de soplar las velas. El mandato de Santilli como diputado vence el año que viene. Si bien participa en la mesa chica del Pro, es parte del protectorado montado en esa fuerza por Cristian Ritondo.

El vicepresidente Oscar Ferrari está formalmente al frente de AySA desde la renuncia de Papandrea. Pero Endeiza estaría consolidándose como el nuevo hombre fuerte. Modesto, Endeiza prefiere ser presentado como un experto en finanzas. El Ministerio de Economía le rechazó a Papandrea el reajuste tarifario que propuso porque no estaba acompañado de una fuerte reducción en el gasto de personal. Es decir, lo que el FMI le pide a Luis “Toto” Caputo; menos licuadora y algo de motosierra. Una sorprendente adecuación de Gita Gopinath a la semántica libertaria.

Lo que hizo suponer a Marcos Brito que su viejo colaborador en el Grupo Macro, Papandrea, tenía las horas contadas. Caputo habilitó el 209 por ciento de reajuste tarifario en abril y otro en julio porque Endeiza habría captado con rapidez ese mensaje. Todavía no está claro si su teléfono fue uno de los que Malena fatigó este fin de semana para evitar que entre los 200 despedidos figuren quienes ingresaron con ella. Habría conseguido al menos que su chofer, Emiliano “El Negro” Langoni, sea exceptuado.

José Luis Lingeri, titular del sindicato de los trabajadores de AySA, convocó a un paro para este lunes. Lingeri le había propuesto al gobierno un plan de racionalización. Colegas de Lingeri en la CGT bromean sobre el confuso motivo del paro. “No se sabe si es en repudio a los despidos o a la continuidad de Massa.” La relación de Lingeri con los Massa habría terminado peor de lo que comenzó.

Puesto en primer plano por la metáfora de Adorni, el universo automotor promete ser un dolor de cabeza para la extitular de AySA. El ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra Federico D´Angelo por fraude. D´Angelo fue director del Fondo de Garantías de la Anses. Endeiza sustituyó en la dirección general de Aysa a su hermano, Patricio D´Angelo.

D´Angelo está vinculado a la compra de 620 vehículos que ordenó Galmarini y que investiga el juez federal Ariel Lijo, por el supuesto sobreprecio en la operación denunciado por diputados de Juntos. La firma Lumiére habría ganado la licitación para proveer a AySA de esos vehículos. Lumiére es el concesionario oficial de la marca Renault en Quilmes, distrito donde Federico D´Angelo es concejal por el Frente Renovador desde 2017.

Milei citó a Massa entre los “jinetes del fracaso” aludidos por su discurso en el Congreso. Pero omitió cualquier referencia a Alberto Fernández. El expresidente y Federico DÁngelo son por ahora los dos únicos imputados en la causa que investiga el fiscal federal Federico González por la denuncia que presentó el Ministerio de Capital Humano. La cartera conducida por Sandra Pettovello perdió esta semana al tercero de los cuatro subsecretarios que había designado. Rodrigo “Rocco” Aybar renunció para asumir la subsecretaría de Vivienda en el Ministerio de Economía. Quienes aseguran conocer al concejal del intendente Diego Valenzuela en Tres de Febrero, confiaron que se hartó de las disputas acicateadas alrededor de Pettovello por Marcelo Basilotta, expresidente del Concejo Deliberante de General Rodríguez con el intendente del Pro, Darío Kubar. Basilotti es asesor de Pettovello.

Probablemente el origen de las tensiones por el destino de los 900 mil beneficiarios incluidos ahora en el programa “Volver al trabajo.” El subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, insiste en transferirlo a los municipios. Desde su aparición en 2009, los planes son una caja en disputa entre intendentes y organizaciones sociales. Contra lo que podría suponerse, los municipios manejan una porción importante. El de La Matanza controla la cuarta parte de los 88.000 asignados en ese distrito y el de José C. Paz es la tercera de los casi 18 mil asignados.

Los beneficiarios agrupados en cooperativas conforman unidades ejecutoras que reciben fondos para la adquisición de equipamiento. Una práctica sospechada de vicios. Pettovello dio de baja a 300 unidades ejecutoras. Se estima que representan la mitad de las que existen. El Gobierno se debate entre financiarlas los próximos seis o dieciocho meses, tal vez para conformar a los sectores de la Iglesia que le reclaman una respuesta a la creciente demanda social. Especialmente de alimentos. Las organizaciones marcharán el 12 de marzo al Ministerio de Capital Humano y prometen cortar los principales accesos a la ciudad. Otro desafío al protocolo de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad mantiene bajo perfil tras ser elogiada por el presidente en la Asamblea Legislativa. ¿Hablaron de eso Milei y Ritondo en el almuerzo que compartieron la semana pasada? ¿O de adelantar un recambio en la presidencia de la Cámara de Diputados si Martin Menem vuelve a experimentar dificultades similares a las que tuvo con la ley ómnibus? Hay otras expresiones de malestar institucional. La Corte no recibiría con agrado los recursos de per saltum anunciados pero no presentados por Rodolfo Barra.

El procurador del Tesoro apeló el fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que avaló el pedido de la provincia de Chubut para que el gobierno no le retenga fondos de la coparticipación federal. Los gobernadores serán recibidos esta tarde por Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien el Pro comienza a considerar un interlocutor válido luego de retomar el diálogo con Ritondo. Al encuentro no asistirían los gobernadores del PJ. La provincia de Buenos Aires es, hasta ahora, la menos damnificada por la quita de fondos discrecionales. La supresión del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, sin embargo, casi duplica su déficit este año e incrementa su riesgo crediticio. Un dato negativo si Kicillof tuviese que recurrir al mercado para obtener los 1800 millones de dólares de deuda que lo autorizó a tomar la Legislatura.

Kicillof pagó en marzo un vencimiento de unos 400 millones de dólares y enfrenta uno similar en septiembre. Se especula que otros 2000 millones estarían depositados en la cuenta del Tesoro en Bapro. La ronda que se iniciará esta tarde debería coronar el pacto que se sellaría el 25 de mayo en Córdoba. La provincia donde Milei obtuvo el mejor resultado en primera y segunda vuelta. Probablemente la razón del acuerdo con Hacemos por Córdoba que sus dirigentes insisten en desmentir. Y también el primer resultado adverso tras la crisis por la ley ómnibus que derivó en la renuncia de Osvaldo Giordano a la Anses. Giordano fue quien detectó los sobreprecios del contrato con Nación Seguros que trascendieron a los pocos días de su salida del gobierno. Una decisión que el exministro de Finanzas de Córdoba atribuyó a “un enojo que (Milei) canalizó mal.” Demasiado, en apariencias, para resolver con un simple lavado de cara a un auto usado.

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