El debate por la reforma penal es una discusión que necesariamente debe tratarse como una política pública que trasciende ideologías u oportunismos electorales.
La reforma del Código Penal es necesaria, aunque quizás es más imprescindible la agilización de los procesos criminales. Pero para que hagamos algo que realmente sea compatible con nuestros principios constitucionales debemos abandonar los preconceptos, tanto de un lado como de otro. No es una cuestión de exigir porque sí más pena, de hecho ya se decía que el derecho penal no le toca un pelo al delincuente, sino de administrar debidamente el servicio de justicia criminal. Tampoco podemos colocarnos sin crítica alguna y repitiendo irreflexivamente que el derecho penal no sirve y que solo criminaliza a pobres o marginales, pues ello no es cierto.
El derecho penal es la herramienta que tiene un Estado de Derecho para administrar y tratar de resolver los conflictos más graves que pueden existir en una sociedad. La pena cumple primero una función de disuadir aquellas conductas que son lesivas del desarrollo de la personalidad de cada uno de los ciudadanos y de todos en su conjunto. El derecho penal debe fomentar que cada cual pueda desarrollar su plan de vida sin que otro lo ataque o ponga en peligro sin derecho alguno. Se trata de una cuestión básica que nos permite vivir en sociedad. Frente al daño injustificado a terceros es cuando el Estado debe reaccionar imponiendo a quien realizó tal conducta una sanción. De esa manera no solo se disuaden conductas lesivas, sino que se devuelve al ofendido la dignidad que el delito le socavó.
Es cierto que estadísticamente la Justicia Penal ha actuado selectivamente criminalizando sectores más vulnerables, pero también es un hecho que estos sectores son los que en la mayoría de los casos deben sufrir los delitos contra la vida, la propiedad y la libertad sexual. Con lo cual, lo que necesitamos no es menos castigo criminal, sino una debida aplicación del derecho penal con reglas claras y efectivas.
El desafío es construir una política criminal que sirva para administrar debidamente los conflictos que tiene nuestra sociedad. Sin preconceptos ni esquizofrenias. El derecho penal tiene que estar para tratar de impedir que conflictos graves ocurran. Debemos equilibrar y armonizar el sistema de penas haciendo que estas sean efectivas y útiles sin volverse inhumanas y crueles.
El derecho procesal penal tiene que servir para que rápidamente se otorgue una respuesta institucional al conflicto, garantizando una plena participación ciudadana, tanto en la persecución como en el juzgamiento por jurados de los hechos de mayor lesividad social.
Necesitamos derecho penal para disuadir y sancionar tanto los llamados delitos de sangre como aquellos contra la administración pública. Requerimos organismos independientes para perseguir la imposición de pena en esos gravísimos crímenes que rara vez se juzgan en tiempo oportuno. Y este no es un tema menor. La sensación de inseguridad se crea por los delitos de sangre de repercusión mediática, pero la desazón ciudadana también se genera por la impunidad sistemática de los hechos de corrupción pública que afectan a todos y cada uno de nosotros. La corrupción de los funcionarios públicos necesariamente debe ser tratada con herramientas propias del derecho penal. Para ello no hacen falta más normas o incrementar penas.
Necesitamos jueces probos y valientes y organismos de persecución independientes, que no dependan de los humores del Poder Ejecutivo de turno o sean obsecuentes de este. Desde hace décadas los fiscales no persiguen debidamente los delitos cuando quienes los cometen ostentan el poder político. Lo hacen solamente cuando este decae. Siempre actúan contra ciclo cumplido y ello genera una sensación de impunidad en la ciudadanía, circunstancia que como sociedad necesariamente debemos modificar.
El derecho penal con reglas claras es la mejor herramienta para sostener una sociedad y fomentar el pleno ejercicio de los derechos de sus ciudadanos.
