En medio de la protesta y a máxima velocidad

El contenido del decreto con que Javier Milei volvió a sorprender esta semana a la dirigencia política y ocupará gran parte del debate jurídico y legislativo revela, antes que nada, un rasgo relevante de su personalidad. Convencido de que los tiempos de la política son cortos y sus adhesiones en el Congreso, dudosas, el Presidente eligió otorgarse a sí mismo gobernabilidad por la vía más controvertida: la del líder que pisa el acelerador. No lo frenaron ni las críticas ni las protestas que desencadenaron los anuncios no bien terminó la cadena: “Vienen más medidas”, fue lo primero que dijo al día siguiente.

A quienes tratan seguido al Presidente no les llamó la atención. Hay que entender además este aspecto psicológico dentro del contexto político, que hasta parecería una confesión de debilidad: es como si Milei actuara pensando en que las condiciones en que le toca gobernar no le permiten atenuar la marcha porque, de lo contrario, eso lo expondría a perder fuerza. En 2003, al ver el modo en que Néstor Kirchner empezaba a moverse ante sus interlocutores después de un lapso de deterioro en la autoridad presidencial, el empresario de origen sirio Fayed Chehab, entonces dueño de la aerolínea American Falcon, concluyó ante este diario: “Kirchner es un presidente débil, por eso necesita sobreactuar”. Como el santacruceño, Milei parece también envalentonarse ante el conflicto. Él mismo acaba de admitir que el domingo, cuando fue a votar a Boca, sabía que se exponía al escrache y, lo más importante, que la fórmula Ibarra-Macri perdería las elecciones. “Lo hice por una cuestión de lealtad a Macri –explicó en una entrevista con Jonatan Viale–. ¿Me tengo que dejar intimidar por un grupo de patoteros?” Toda una novedad para una dirigencia renuente a pagar costos y que elige hasta cada palabra según las encuestas.

A diferencia de Kirchner, Milei tuvo esta vez la posibilidad de imponerse en el balotaje. Pero él no asumió, como Kirchner, ni con el ajuste hecho ni con la economía creciendo. Por eso su apuesta resulta infinitamente más riesgosa. El decreto del miércoles fue un primer paso que no sólo lo ubicó al borde de la inconstitucionalidad, sino que lo enfrentó con sectores corporativos poderosos. Los laboratorios, por ejemplo, que desde entonces buscan la vuelta jurídica para defenderse. La medida, que insta a la utilización de medicamentos genéricos y desregula la instalación de farmacias en todo el país, les trae además a los empresarios en cuestión pésimos recuerdos: ven la misma letra con que los amenazaba Mario Quintana en los años de Macri. “Es el decreto de Farmacity”, dijeron en un laboratorio. Eduardo Franciosi, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), reaccionó en Twitter la mañana siguiente a la cadena. “Contradictorio que un gobierno liberal inhiba a través de un DNU la libertad de los médicos para prescribir marcas”, publicó.

La desregulación entusiasmó sin embargo a la mayor parte del establishment económico. Las dudas residen sólo en la forma. La más elemental: ¿Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, supone que el decreto pasará la prueba del Congreso? ¿Y, de ser así, también la de la Justicia? ¿O estuvo tan ocupado en la causa contra YPF en Nueva York que no tuvo tiempo de repasar el texto? Como no hay respuesta, los empresarios se preguntan también si, llegado el caso, Milei sería capaz de corregir decisiones o, mejor, rectificar al menos el modo en que están planteadas. Es lo que pretenden también legisladores que celebran las medidas. Entre ellos, los de Juntos por el Cambio que se contactaron esta semana con el diputado Martín Menem y el ministro del Interior, Guillermo Francos, para pedirles que el Gobierno reemplace el DNU por proyectos de ley que contengan lo mismo.

No es fácil anticipar el éxito de estas gestiones porque tampoco está claro cuán cerca de las decisiones están todos los funcionarios. ¿Estarán al tanto?, se sigue preguntando el grupo de sindicalistas de la Confederación Argentina de la Cámara del Transporte que estuvo el miércoles con Omar Yasin, secretario de Trabajo, casi al mismo tiempo en que Milei grababa la cadena nacional. ¿Debieron haberles anticipado algo? El tono amable de ese encuentro en la cartera laboral no se condice con el humor de la CGT posdecreto. “Voy a tener que hacer alguna pregunta, cortar con tanta cordialidad”, había llegado a decir ahí Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento, y se adentró en lo que hasta ese momento prometía ser lo más incómodo del paquete de Milei: la garantía de un mínimo de servicios durante una huelga para sectores de transporte que empezarían a llamarse “esenciales”. Las modificaciones a la ley de contrato de trabajo y la desregulación del sector de las obras sociales se conocieron horas después.

Las reacciones posteriores muestran que la relación con los gremios tradicionales será un enorme desafío para el Gobierno. Nunca nadie se había metido con la caja sindical. Hay que ver el tono combativo que han recuperado muchos dirigentes. Al frente del conflicto habrá que agregarle seguramente uno que no despuntó, el de Aerolíneas Argentinas, empresa que será cedida a los empleados en simultáneo con la apertura a la competencia. “Cielos abiertos”, el terror de Pablo Biró. Una decisión explosiva no solo porque se toma en temporada alta, sino por las dificultades internas que vive la compañía, con ocho aviones averiados por el último temporal y cartas de intimación por leasing impago que han empezado a llegar en los últimos tres meses y que agregarían faltantes de aeronaves. Hasta el proveedor de catering, Gate Gourmet, tuvo que presionar días atrás para que le pagaran algo de lo que le deben.

Milei deberá convivir con este estado de irritación mientras se acelera la inflación. Nadie está en condiciones de anticipar hasta dónde llegarán reacomodamientos de precios que provocan, al mismo tiempo, discusiones entre supermercados y proveedores. “Esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está siendo afectado por aumentos desmedidos del proveedor. Te pedimos disculpas por el inconveniente”, decía esta semana un cartel sobre el estante del arroz de una sucursal de Carrefour. Coto ya lo venía haciendo en el del pan lactal. “Les informamos que la ausencia de producto es por aumentos injustificados del proveedor Fargo SA”, expuso.

Un proceso tumultuoso que Pablo Lavigne, secretario de Comercio, y Fernando Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor, deberán observar con la lógica del manual libertario: sin involucrarse. Y algo nuevo en más dos décadas para las cadenas, que sólo recibieron la invitación a reuniones a los efectos de conocer a los nuevos funcionarios.

Porque la solución depende en realidad de cuestiones que se tratan muy lejos de ahí, en el Banco Central. Dicen quienes colaboran con el Presidente que la imposibilidad de conseguir rápidamente fondos para esta primera etapa lo disuadió de arrancar ahora con la dolarización, que quedó postergada hasta que se recompongan las reservas. Como mínimo, hasta septiembre, plazo en el que habrá que convivir con un IPC mensual de dos dígitos. El decreto del miércoles, que permite que se pacten operaciones en cualquier moneda, servirá mientras tanto para preparar el terreno. Fue el único gradualismo que Milei se permitió a sí mismo, al advertir que una dolarización en las actuales condiciones habría arrancado con una paridad en 2000 pesos. Riesgo que juzgó excesivo e innecesario y que lo llevó, esta vez sí, a pisar el freno.