El verdadero contramodelo

La presidenta Cristina Fernández suele referirse al conjunto de vectores que definen su administración como el "contramodelo". Se trata de una definición de lo propio a partir de lo ajeno: la Presidenta está convencida de que el mundo está gobernado por un conjunto maligno de principios y de que la Argentina, bajo su gobierno, es un país diferente que ha venido a ponerles los puntos sobre las íes a la injusticia y la explotación. Se trata de la imagen de un país heroico frente a un mundo cruel; un cruzado solitario en busca de justicia, que es castigado y perseguido por la osada insolencia de su causa.

Esa imagen entrega profundas dudas a quien la observa. De hecho, incluso en la región, no se advierten, salvo en los marginales casos de Venezuela y Ecuador, posturas similares en los países vecinos, que hasta podrían compartir con la Argentina una determinada visión del mundo.

Pero en cambio sí hay un "contramodelo" que arroja innumerables certezas a quien intenta una comparación con el "modelo". Si por "modelo" tomamos el perfil social diseñado en la Constitución y lo comparamos con el esquema propuesto por el Gobierno, entonces sí no tendríamos ninguna duda de estar ante un "contramodelo".

La Constitución argentina proyectó un boceto social muy claro. En la punta de la pirámide de ese diseño se colocó ella misma: nada hay en la Argentina superior a la Constitución; ni los gobernantes, ni los gobernados, ni, por supuesto, las leyes. El nuestro, más que democrático, es un sistema republicano constitucional, esto es, una instancia superadora de la democracia.

Inmediatamente debajo de sí misma, la Constitución colocó a los individuos; a los ciudadanos privados. No hay más que leer el capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías para darse cuenta de cuál es el orden jerárquico de la Constitución. Toda esa hermenéutica está dirigida a rodear de protecciones a las personas. ¿Protecciones contra quién? Contra el Estado.

La preocupación básica de la Constitución es limitar el poder del Estado para lograr una maximización de la libertad individual. Al Estado se lo somete a rigurosos controles, a la división del poder, a vigilancias que lo escudriñan, a auditorías que le exigen explicaciones.

Guste o no, éste es el diseño constitucional. La Argentina fue pensada para que sus ciudadanos fueran libres y para que sus gobiernos fueran esclavos de la ley.

Desde hace mucho, pero notoriamente durante el gobierno de los Kirchner, se viene perfeccionando en el país un "contramodelo" según el cual los valores constitucionales han sido dados vuelta.

El "contramodelo" ha retirado de la cima de la pirámide social a la Constitución y ha colocado en su lugar al Estado. Ha desconocido la supremacía de la autonomía de la voluntad y en su lugar instaló las decisiones aluvionales de la mayoría, representadas por quienes consiguen el mayor número de votos en unas elecciones. Ha reemplazado el sistema de garantías democráticas de las minorías por la imposición del mayor número. Pretende llevar a la mente de las personas la idea de que el Estado es la patria, de que los gobernantes son el Estado y de que la democracia sólo consiste en que el que ganó hace callar a los que perdieron.

En este "contramodelo" el vigilado, el sospechado, el limitado, el que tiene que dar explicaciones es el ciudadano.

Cuando la Justicia dispuso medidas cautelares a favor de particulares en el caso de la ley de medios, la Presidenta tuiteó: "La Justicia le ata las manos al Estado". ¿Olvidó que la Justicia es tan Estado como el presidente? ¿O acaso cree que el Estado es sólo el Poder Ejecutivo, es decir, ella?

La Presidenta y su gobierno encarnan un "contramodelo". Pero ese contramodelo está lejos de ser el de un Quijote justo y solidario dispuesto a inmolarse por la justicia social. El contramodelo de la Presidenta barre el modelo de la Constitución que nos rige; reemplaza al individuo, a la sociedad, a la autonomía de la voluntad por el Estado, y entroniza una suerte de monarquía en lugar de la república y de la Constitución. Parece mentira que 160 años después la Argentina vuelva a discutir lo que se suponía que la Constitución había dejado resuelto para siempre.

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