El Presidente corre contra los plazos de la calle

Antes de la Navidad, en el breve contacto que tuvieron con funcionarios del Ministerio de Capital Humano, militantes del Movimiento Evita dieron a entender que las protestas callejeras de diciembre no serían virulentas. Fue, hasta ahora, un mes tranquilo. “Veremos en marzo”, agregaron. El plazo, compartido por casi todo el establishment político, parece más que nada una especulación: ningún dirigente social intuitivo quiere públicamente quedar enfrentado con una administración que acaba de ganar el balotaje por 56% y que empieza el mandato con una de las peores herencias económicas de la historia.

“Están esperando que haya caldo de cultivo, creo que todavía no ven que sea el momento”, razonan en el Gobierno. Milei corre una carrera contra el tiempo. Descuenta que no habrá buenas noticias durante varios meses y apuesta a lo que su entorno llama “desintermediar” la manifestación callejera. Traducido: debilitar a quienes la proponen. El desafío de estas organizaciones es en cambio el opuesto: esperar a que el humor social la vuelva propicia. “No adelantarse a las protestas”, lo había definido hace dos semanas Mario Manrique, número dos de Smata, y algunos de sus pares todavía coinciden: la política argentina es un gran locro en que los ingredientes se van agregando en momentos distintos. Será un 2024 agitado.

Por eso sorprendió esta semana el paro anunciado por la CGT para el 24 de enero. Anteayer, hasta minutos antes de que se decidiera en el confederal, casi ninguno de los presentes en la sede de Azopardo lo tenía previsto. Dicen que fue Héctor Daer, líder de la central, uno de los más interesados en fijar la fecha. “Antes de que el Congreso trate el DNU”, planteó, pensando que eso ocurriría el 25, algo que la oposición pone todavía en duda.

Es curioso lo de Daer. Mientras muchos de sus pares, desde Armando Cavalieri, Sergio Palazzo o Gerardo Martínez hasta Juan Carlos Schmid o Hugo Moyano, pasaron en los últimos días por algún despacho oficial o se reunieron en privado con alguien del Gobierno, él fue el único que rehusó de manera deliberada la invitación a sentarse a conversar con la Secretaría de Trabajo, que conduce Omar Yasin. En la CGT hay quienes todavía le reprochan haber quedado demasiado pegado a Sergio Massa. Él fue, de hecho, uno de los primeros en sumarse al búnker de la derrota el día del balotaje.

Pero el paro ya tiene fecha, la más temprana en la historia democrática para un presidente debutante, y complica la relación con Milei, cuyos colaboradores apuran una estrategia para atenuar sus efectos. Creen, por ejemplo, que será decisivo conseguir que no adhiera la Unión Tranviaria Automotor (UTA). “Sin adhesión del transporte, el paro no existe”, razonan. Deberán atender antes una recomposición salarial que la UTA reclama para enero y que depende a su vez de un tema más abarcador, las tarifas del transporte en el área metropolitana. Hay 18.000 colectivos que circularon durante estos días al 50% de lo habitual y que esperan un aumento adicional al anunciado anteayer, que fijó en 76,92 pesos el tramo mínimo. El descalabro de ese sector es monumental: el Estado cubre ya el 90% del pasaje, una proporción sin precedente en la historia. El boleto, que hace 22 años costaba lo que un litro de nafta, cayó hoy a lo que cuesta un caramelo Sugus Max y es un problema cultural: el bonaerense y el porteño suponen que el transporte corre por cuenta del Estado. Desde septiembre hasta anteayer, mientras el precio de los neumáticos subía 100%, y el del gasoil, 83%, la tarifa metropolitana se mantuvo congelada. ¿Hay algún negocio privado capaz de prosperar en esas condiciones?

La Argentina atraviesa entonces mucho más que una crisis económica, y revertirla le corresponde justo al presidente con menor fortaleza legislativa desde 1983. Es lo que parece estar empujando a Milei a acelerar y acaso sobreactuar las decisiones, muchas de las cuales provocan una resistencia inusitada. Los sindicalistas, por ejemplo, dicen que no solo no fueron advertidos cabalmente sobre el modo en que los afectaban el decreto y el proyecto de ley del Gobierno, sino que, cuando se lo reclamaron a Guillermo Francos, el ministro del Interior admitió que había sido superado en la interna por los más duros. Las fuerzas del cielo.

Se entiende que, como contraparte, muchos empresarios celebren. Jamás imaginaron que alguien podría abordar con tanta decisión una reforma laboral. En realidad, son varias las propuestas que sorprenden, y algunas van contra tópicos que parecían intocables: las cuentas sueldo de los bancos, las cajas de las obras sociales, las reformas en el Código Penal, la apertura comercial, los controles aduaneros, la intermediación de los abogados, la competencia de laboratorios y farmacias y aun los registros del automotor, usual emprendimiento de la dirigencia política. Son negocios enquistados durante años en la vida pública. “¿Qué otro sinsentido conocen? –se entusiasmó en Twitter Guibert Englebienne, cofundador de Globant, no bien se publicó el decreto–. Empiezo yo: ¿por qué un almacenero puede coexistir con un Carrefour en su provincia y un farmacéutico en provincia de Buenos Aires no puede hacerlo con Farmacity?”

Es inevitable que haya rechazos estruendosos. El cambio de paradigma toma a muchos empresarios en medio de dificultades gigantescas. Anteayer, un grupo de pymes de la Unión Industrial Argentina que deberá adaptarse a la nueva regulación intentaba por Zoom explicarles a dos funcionarias de la Secretaría de Industria, Daniela Ramos y Carolina Cuenca, que no tienen manera de pagar importaciones porque se demoran los cambios en el sistema. El Gobierno detectó inconsistencias entre las bases de datos de la AFIP y el Banco Central y necesita crear un padrón de deudores.

Milei deberá atender las múltiples dificultades con los ingresos en caída y escaso respaldo en el Congreso. Haber enviado esta semana el proyecto de ley le valió al menos el aval de legisladores de Juntos por el Cambio que hasta ahora dudaban del DNU. Le exigían en realidad una ley espejo complementaria para dirimir temas que se anticipan controvertidos, como el compre argentino o, más difícil, las privatizaciones, para las que existen objeciones porque muchos funcionarios del Gobierno vienen de empresas que podrían estar interesadas o han participado en operaciones de esos sectores. Techint, Corporación América, KPMG. Por eso en Juntos por el Cambio agradecen que varias de esas cuestiones hayan sido incluidas finalmente en el proyecto. “Eso le saca presión al DNU: va a ayudar a que la ley ómnibus salga, aunque con cambios”, dijo un diputado, que de todos modos sigue viendo al Gobierno poco dispuesto a hacer concesiones. “Siguen con que la disidencia es corrupción y esos delirios místicos”, se quejó.

La discusión en el Congreso volverá a poner a prueba la capacidad de adaptación del Presidente. Hace algunas semanas, no bien se impuso en el balotaje, Gerardo Martínez le propuso por WhatsApp que conformara una mesa con empresarios y la CGT. “Dame tiempo”, le contestó Milei. Habrá que esperar, y no todo el sindicalismo tiene tanta paciencia. Armando Cavalieri, por ejemplo, se apuró en la dirección opuesta a Daer: adhirió al fondo de cese que modifica las indemnizaciones. Lo acordó en la Secretaría de Trabajo, a cambio de que se consignara en la reglamentación del convenio una excepción a lo que plantea el DNU: el gremio podrá retener aportes sin el consentimiento de los empleados. Esa foto de Cavalieri molestó en la CGT, donde se quejan hasta de la fecha: justo el día de la marcha a Tribunales. ¿Había necesidad? Lo dirán los primeros resultados económicos. Son los plazos del Movimiento Evita. Hasta la protesta callejera es a veces pura especulación.