El candidato Massa licenció al ministro y activó la bomba

Tic, tac, tic, tac... La bomba ya está activada. Más temprano que tarde, estallará y llevará su onda expansiva a todos los hogares y empresas de la Argentina. No pocos economistas hablan ya en forma reservada del riesgo de una hiperinflación. Y si no la pronostican con todas las letras es solo por el desacuerdo que el alcance de esta horrible palabra les genera. Buena parte de la academia se ciñe aún a una concepción difundida en 1955 por el economista estadounidense Philip Cagan, según la cual se produce hiperinflación cuando el incremento de los precios supera el 50% mensual y se mantiene al menos por un trimestre. Una definición más moderna de hiperinflación, formulada en 2010 por otros economistas estadounidenses como Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, indica que este fenómeno se registra cuando el nivel general de precios se incrementa al menos un 500% en un año. Pero otras visiones más actuales plantean que puede hablarse de hiperinflación cuando se produce una tasa inflacionaria de dos dígitos mensuales durante al menos cuatro meses o bien una tasa de tres dígitos anuales. Según esta última perspectiva, al igual que de acuerdo con el sentido común imperante en cualquier sociedad del primer mundo, nuestro país estaría en la puerta de entrada al infierno hiperinflacionario, aunque no repita los niveles de 1989, cuando llegó al 4923 por ciento.

El candidato Sergio Massa licenció definitivamente al ministro de Economía Sergio Massa y recogió, después de las PASO del 13 de agosto, la posta de la política económica. Decidido a entrar al ballottage a cualquier precio, organizó un festival de populismo electoral y montó una gigantesca piñata que le permitirá hacer regalos a vastos sectores de la población con dinero que será financiado con más emisión monetaria, cuyo consecuente impacto inflacionario terminará por devorarse los beneficios.

Frente a la inflación mayorista del 18,7% en agosto, el ministro candidato pretende apagar el incendio con kerosene. Dispuesto a hacerle pito catalán al FMI, no solo se muestra decidido a incumplir las metas comprometidas tras el último desembolso de 7500 millones de dólares del organismo financiero. Cada vez que puede, Massa no hace más que echarles la culpa a los técnicos del FMI por la galopante inflación. Insiste delante de cualquier micrófono en que el Fondo forzó la devaluación del 22% del 14 de agosto y que esa fue la razón de las remarcaciones de precios. Más aún, se jacta de que, de no haber sido por su resistencia, la devaluación hubiera sido del 100%, de acuerdo con la pretensión del prestamista internacional.

Tanto esas declaraciones, afines al paladar de Cristina y Máximo Kirchner, como las medidas “paliativas” que adoptó Massa, con su consecuente costo fiscal, generaron malestar entre los técnicos del FMI que monitorean la situación argentina y en el Tesoro de los Estados Unidos. Se trata de una cuestión que será decisiva cuando, en noviembre, el Fondo deba revisar el cumplimiento de las metas trazadas por el Gobierno y decidir si renueva su ayuda.

Quienquiera que llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre deberá formular un plan de estabilización económica que requerirá de amplio consenso

La última muestra de populismo electoral fue el proyecto de ley para eliminar el impuesto a las ganancias para los asalariados de la cuarta categoría, que consiguió la media sanción de la Cámara de Diputados. La discusión parlamentaria sirvió, paradójicamente, para darle centralidad a Javier Milei. Pese a la insignificancia numérica de su bloque, su discurso fue el más viralizado y escuchado en las redes sociales. El apoyo del candidato presidencial de La Libertad Avanza a la iniciativa de Massa puede resultar comprensible desde su posición anarcocapitalista y favorable a la abolición de los impuestos. Sin embargo, habría resultado más justificado si Milei hubiese condicionado su aval al proyecto a una reducción concreta del gasto público de la misma magnitud del costo fiscal que implicará la desgravación. Al no haber hecho eso, su actitud sonó como un favor al oficialismo.

Juntos por el Cambio, que votó en contra del proyecto, también quedó atrapado en la discusión, quedando como el malo de la película. Lo cierto es que no es factible bajar o eliminar impuestos sin debatir un plan que contemple una reducción del gasto público. La dirigencia política perdió otra oportunidad para sentar las bases de una reforma tributaria integral, seria y necesaria.

A la inflación, la carencia de reservas y a la bola de nieve de Leliq que ya ronda los 20 billones de pesos, se suma, según la Unión Industrial Argentina, una deuda de las empresas con sus proveedores del exterior estimada en 38.000 millones de dólares, como consecuencia de las limitaciones para acceder a moneda extranjera. Esto puede dificultar el acceso a insumos importados necesarios para la producción y provocar mayor tensión en las cadenas productivas, con el consecuente encarecimiento o desabastecimiento de ciertos bienes.

Economistas como Agustín Monteverde creen que la probabilidad de una hiperinflación se dispara a partir de noviembre, cuando las mordazas que frenan las variables críticas y los paisajes de utilería que ocultan las urgencias y fragilidades materiales comiencen a desvanecerse.

En un proceso de huida del dinero, la gente se desprende lo más rápido posible de los pesos. Este fenómeno se manifiesta en el aumento de la velocidad de rotación del dinero, que –según estimaciones privadas– pasó de 8,4 días en junio a 6,7 días en agosto, acercándose peligrosamente a los niveles de la hiperinflación de 1989, como señala el economista Agustín Etchebarne.

Quienquiera que llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre deberá formular un plan de estabilización económica con reformas estructurales, que requerirá de amplio consenso. En las últimas horas, con Mauricio Macri como vocero, Juntos por el Cambio fogoneó el argumento de que solo una fuerza gobernante con una sólida representación parlamentaria y en las gobernaciones provinciales podrá llevar a cabo esa difícil tarea. El expresidente comenzó a plantear, en otras palabras, que un eventual gobierno de Milei sería débil en función del escaso número de bancas legislativas que se le proyecta y de no tener gobernadores provinciales afines, por lo cual llevar a cabo las reformas que propone le resultará mucho más costoso en términos de transacciones políticas.

Sin duda, el actual oficialismo, puesto a elegir entre Milei y Patricia Bullrich, optaría por el primero, pues podría cobrarle mucho más cara la facilitación de mecanismos que le garanticen gobernabilidad. Incluso, hay quienes en este sector político ven en el ascenso de Milei la posibilidad de que haga un “trabajo sucio” parecido al que le tocó en suerte a Jorge Remes Lenicov en 2002, con la esperanza de volver a gobernar tras un eventual desgaste de los libertarios en el poder que conduzca a una crisis política al estilo de Perú, país que, desde 2010 hasta el presente, tuvo siete presidentes.

Hay, desde luego, otras alternativas que ofrece la democracia si Milei llegara a la presidencia de la Nación. Una de ellas es la posibilidad de que este encuentre un aliado en Juntos por el Cambio o en sectores de esta coalición política. No faltan grupos empresarios y pensadores de think tanks como la Fundación Libertad y Progreso que, aunque tímidamente por ahora, buscan generar puentes entre ambas fuerzas políticas frente a la necesidad de acuerdos para la gobernabilidad que permitan superar una crisis socioeconómica llamada a profundizarse.

Claro que el nivel de confrontación que se advierte en la campaña electoral, con Milei acusando a Patricia Bullrich de tener “las manos manchadas de sangre por su pasado montonero” o con la postulante de Juntos por el Cambio sugiriendo que el kirchnerismo “vuelve rápido” si gana Milei, complica la posibilidad de acuerdos futuros.