Dilemas de la corrupción bonaerense

Imaginemos a un intendente municipal del conurbano bonaerense que acumula riqueza en abundancia fruto del juego ilegal, la prostitución y demás negocios clandestinos derivados de la corrupción estatal. Imaginemos, en segundo lugar, las motivaciones naturales a las que se enfrentará tal funcionario público que lo llevarán a someter esa riqueza de fuente ilegal, a un proceso de lavado de activos.

Según el Centro de Criminología de la Universidad de Oxford, existe una intima conexión entre el soborno, el lavado de dinero y las declaraciones anuales de impuestos; que llaman “teoría de los dilemas de la corrupción”.

Así, el primer dilema al que se enfrentará el funcionario municipal es: ¿consumo el dinero acumulado en el mercado informal o paralelo? O bien ¿someto la ganancia criminal a un proceso de lavado en un mercado, muy lejos de la fuente criminal bonaerense? Ejemplo: Ibiza o Marbella. La primera opción es riesgosa. La mera movilización de importantes sumas de dinero sin justificativo contable puede llamar la atención de la prensa o incluso de sus propios votantes. Es que el exfuncionario tiene una declaración jurada miserable, similar a la de un político honesto: una casa de 180 metros cuadrados y unos cuantos pesos de ahorro.

A su vez, la segunda opción (lavar sus ingresos ilegales) es necesaria, si lo que pretende el funcionario es disfrutar y ocultar el producido de la corrupción en mercados alejados del territorio de su comunidad. El verano europeo parece un lugar ideal, para comprar joyas, tomar buques o aviones de paseo y gozar así de unas lujosas vacaciones.

Pero el proceso de “lavado de dinero” suele ser más complejo y en muchos casos sólo reservado a los expertos en el arte del reciclado. Así, el segundo dilema del funcionario corrupto podrá ser: ¿estoy en condiciones de blanquear, yo mismo, los dólares acumulados? O necesitaré contratar a terceros especialistas? Mientras más abultada sea la ganancia acumulada por la corrupción, más necesidad de acudir a profesionales con capacidad técnica de blanqueo.

Según Guy Stessens, de la Universidad de Cambridge, las operaciones de blanqueo permiten satisfacer dos incentivos básicos de cualquier criminal: primero, disfrutar de sus activos criminales mediante la compra de objetos de valor y lujo, tales como: motocicleta importada, automóvil de lujo, casa de veraneo, anillo de diamantes o hasta un avión privado. Segundo, invertir el producido del delito en negocios económicos rentables; por ejemplo, comprando hoteles, cadena de restaurantes o invirtiendo en el negocio bursátil. Pero veamos cómo juegan ambos incentivos (enjoy e invest) en los siguientes dos escenarios.

Uno: el funcionario utiliza gran parte del capital “sucio” para la compra de una serie de bares y comercios, que casualmente se encuentra ubicada en su jurisdicción municipal. Pero no es necesario dar más detalles al respecto. La motivación aquí es construir poder económico, con miras a lograr el mayor de los sigilos en la inversión, por lo que su asesor contable le recomienda colocar los inmuebles a nombre de testaferros amigos o de sociedades off-shore constituidas en paraísos fiscales. De ese modo, la compra de los comercios estará declarada, pero a nombre de estructuras pantalla que esconden al verdadero dueño.

Escenario dos: el funcionario no pretende ganar más dinero; sólo quiere disfrutar (enjoy) con su amante del producido de la corrupción. Entonces, motivado por su placer personal, disfruta de su riqueza mal habida en viajes a bordo de costosos cruceros privados. En este contexto, su asesor en el arte de lavar, recomienda fugar las divisas al extranjero por vías extra bancarias o de “cuevas” financieras. El funcionario y su asesor saben que disfrutar su ganancia criminal en el país, podrá llamar la atención de los organismos de contralor anti-corrupción. Por ello lo mejor es gozar de una declaración jurada local propia de un dirigente honesto, que sólo vive de su sueldo estatal (devaluado) en pesos argentinos.

La corrupción y el lavado de activos va mucho más allá de las andanzas indebidas e imprudentes de tal o cual intendente municipal del conurbano. El descalabro moral le cabe por igual a toda la comunidad política en su conjunto. La exigencia de justificar los ingresos debería ser un requisito que incluya también a los candidatos a la presidencia.

El autor es Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford