Derecha e izquierda son categorías obsoletas para clasificar al Gobierno

"Hace unos meses, la revista Time caracterizó a Macri como "un híbrido político, pro-mercado, pero sensible a las demandas sociales". Y algunos hechos parecerían corroborar este perfil. Junto con medidas de apertura económica, ajuste estructural y políticas business friendly, típicas de un régimen neoliberal, la agenda estatal puede sorprendernos con medidas propias de un gobierno populista o "progresista". Con pocos días de diferencia, dos decisiones trascendentes originadas, respectivamente, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) y la gobernación de la provincia de Buenos Aires (GPBA), fueron noticia de primera plana. Medidas que, en otro contexto político, podrían considerarse típicas de un régimen de centroizquierda. Una, la sanción por el Congreso Nacional de un proyecto elaborado por la cartera de la ministra Stanley que ordena expropiar y regularizar la situación catastral de tierras hoy ocupadas por habitantes de villas y asentamientos populares de todo el país, entregando títulos de propiedad a sus ocupantes. La otra, la decisión de la gobernadora Vidal de incrementar de manera significativa el impuesto inmobiliario en clubes de campo y barrios cerrados de la provincia cuyas valuaciones fiscales se hallan en una alta proporción muy por debajo de lo que correspondería. Convertir en propietarios a los villeros pobres y hacer tributar más a los "countristas" ricos.

¿Cómo interpretar esta hibridez política? ¿Conviven en el Gobierno tendencias políticas contradictorias, que el Presidente intenta conciliar? ¿O acaso "derecha" e "izquierda" ya no sirven para caracterizar la orientación ideológica de los gobiernos? Es evidente que cuando los "vientos de cola" dejan de soplar y el crecimiento económico por goteo ya no alcanza para derramar, los regímenes "de derecha" que, dentro de las reglas de la democracia, pretenden mantener o afianzar sus chances electorales, deben incursionar en esta suerte de esquizofrenia política. No se trata de que el fiel de la balanza se ubique en el centro del espectro político. La imagen más apropiada es la de un limpiaparabrisas o un metrónomo que se desplaza de uno a otro extremo en función de una curiosa mezcla de convicción profunda y oportunismo político.

Las dos medidas anunciadas, que parecerían cuestionar el sesgo de "extrema derecha" atribuido al actual gobierno, justificarían una larga reflexión pero me limitaré a analizar algunos de sus posibles impactos en Buenos Aires y el área metropolitana. ¿Qué se proponen las políticas adoptadas?

Un archipiélago de countries, barrios cerrados, chacras y emprendimientos similares rodea la ciudad de Buenos Aires. En total suman unos 1000 establecimientos, implantados sobre una superficie de alrededor de 600 km2 (casi 3 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires), que aloja una población aproximada de 250.000 personas, una importante proporción de las cuales no habita esas viviendas en forma permanente, sino como opción recreativa de fin de semana.

Otro archipiélago habitacional, menor en superficie, pero notablemente superior en número de habitantes y densidad poblacional, también rodea la ciudad capital. Lo conforman unas 1000 (en 2001 eran 385) villas de emergencia y asentamientos populares, en los que habitan cientos de miles de familias, alternándose en el territorio con los countries y barrios cerrados.

La última dictadura expulsó de la ciudad de Buenos Aires unas 300.000 personas, a través de la erradicación de villas y el descongelamiento de alquileres. Buena parte solo consiguió reubicarse en zonas más o menos alejadas del área metropolitana. Con el retorno de la democracia en 1983, las villas y los asentamientos de la Capital volvieron a poblarse, pero a la vez el territorio del Gran Buenos Aires comenzó a verse salpicado por estos islotes de esplendor y de miseria.

La explosiva expansión de los countries produjo una elevación del precio de la tierra y una considerable reducción de la oferta de terrenos disponibles para su adquisición por los sectores populares. Se conformó así un nuevo escenario de lucha por la apropiación del suelo, sin enfrentamiento abierto entre clases ni presencia reguladora del Estado, pero con su complicidad por omisión, en la que desarrolladores, inversores y financiadores acabaron siendo los reales artífices de la producción del suelo. Ningún gobierno consiguió regular un desarrollo territorial que promoviera la integración social y la expansión equilibrada de la trama suburbana.

Por lo tanto, las medidas promovidas por el MDS y la GPBA, apuntan a corregir parcialmente esa política de laissez faire y "vista gorda" que caracterizó a la regulación estatal del suelo urbano, tanto en los niveles nacional, provincial y municipal. El trabajo conjunto del MDS con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina permitió determinar la existencia de 4228 barrios precarios en todo el país, donde viven 3,5 millones de personas que, en su casi totalidad, carecen de acceso a cloacas, agua corriente y gas natural, y en un 70%, ni siquiera tiene energía eléctrica. Un 63% de las tierras que ocupan pertenecen a propietarios privados, a quienes se expropiará y compensará, para así otorgar títulos de dominio a los actuales ocupantes, lo que les permitirá adquirir una serie de derechos que hoy no tienen, como solicitar la conexión de servicios públicos, obtener CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos, solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

En cuanto a los clubes de campo y urbanizaciones cerradas, la GPBA logró modificar la legislación para que los barrios que están en desarrollo dejen de pagar impuestos como si fueran tierras rurales o baldías. La mitad de los existentes paga impuestos inmobiliarios por hectárea y no por metro cuadrado. Hay responsabilidades compartidas: los registros catastrales se actualizan con excesiva lentitud y muchos desarrolladores realizan su negocio sin esperar el final de obra, dilatando los trámites o apelando a otras trapisondas. Además, no es inusual que algunos propietarios y emprendedores -"okupas con glamour", como los denominó el arquitecto Guillermo Tella- invadan suelo público o cursos de agua, privaticen calles, omitan escrituras o construyan obras no declaradas Si la provincia espera recaudar 2000 millones de pesos adicionales por la vía de actualizar las valuaciones inmobiliarias, otros recursos potenciales podrían sumarse por la regularización de estas otras situaciones abusivas.

Las medidas analizadas podrían contribuir a mejorar la regulación del suelo urbano, la integración social y la equidad distributiva. Confieso, sin embargo, no tener respuesta definitiva a las preguntas planteadas sobre cómo calificar a los gobiernos que las impulsan. Hacia qué lado se incline más el péndulo de sus políticas determinará su identidad definitiva. "Derecha" e "izquierda" son, hoy, calificativos insuficientes. Los politólogos deberemos extremarnos para crear nuevas categorías conceptuales. La hibridez política desconcierta, pero como casi en todo el mundo, parece haber llegado para quedarse.

Investigador titular de Cedes, área política y gestión pública