Corrupción: las sospechas de un pacto de impunidad entre el gobierno y el kirchnerismo

“Yo creo que hubo un uso indiscriminado de los tribunales, de las agencias del Estado, para perseguir opositores. Yo quiero paz, que miremos para adelante. Basta de guerras judiciales. Por eso sacamos la facultad de querellar a la OA y la UIF. No están para eso”, aseguró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, días atrás en una entrevista con el colega Luis Novaresio en LN+.

Hablar de “guerras judiciales” y de “utilizar los organismos de control para perseguir opositores” es sinónimo de lawfare, la tan mentada acción que puso en el vocabulario político la expresidenta Cristina Kirchner, quien se victimizaba así sobre una no demostrada persecución política, mientras la justicia la condenaba por fraude a la administración pública y enfrentaba varios procesos a punto de comenzar a transformarse en juicios orales por hechos de corrupción. Sobre esa coincidencia cayeron duramente algunos integrantes de la oposición, de los más duros y eternos luchadores contra la corrupción kirchnerista, integrantes de la Coalición Cívica como Paula Oliveto y Hernán Reyes, o Álvaro de Lamadrid de la UCR. Pero también sobresalieron las duras respuestas de los ex titulares de la UIF (Unidad de Investigación Financiera) Marano Federici y María Eugenia Talerico, que no son precisamente de los llamados “neutrales”; al contrario, Talerico aboga por respaldar y acompañar las medidas del gobierno con el fin de garantizarle una ruta de gobernabilidad. Sin embargo, Federici aclaró que “quitarle al organismo la facultad de querellar debilitaría la acusación y favorecería de manera directa a los acusados” y Talerico fue más dura aún al acusar a los libertarios de “encubrimiento” y “complicidad”.

La corrupción kirchnerista no fue un tema en la campaña de Javier Milei, es una definición más filosófica que práctica, para el libertario el estado en sí es la corrupción y no quienes cometan delitos formando parte de él. De hecho, durante su candidatura fue mucho más duro contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que contra los mismos kirchneristas, con quien supo votar o dar quorum ante iniciativas parlamentarias en su paso por el Congreso.

El ministro de Justicia luego intentó minimizar lo dicho, hablando de la independencia de los tribunales para trabajar, pero no se retractó de una medida que ya había adoptado Alberto Fernández respecto a la UIF y y la OA, incluso yendo aún más allá, quitándole un poder que en su momento sirvió y mucho para avanzar sobre causas que obtuvieron condenas.

Algunos referentes de la oposición ya lo dicen o lo insinúan: “no es momento de apresuramientos y acusaciones porque el gobierno merece su tiempo para demostrar lo contrario, pero las declaraciones de Cúneo Libarona y con algunas actitudes de sus funcionarios no podemos, al menos, dejar de sospechar sobre un posible pacto de impunidad entre el gobierno y el kirchnerismo”, afirman.

Nadie duda que la prioridad de la sociedad está puesta en las posibles salidas económicas, el debate alrededor del polémico DNU y la Ley Ómnibus, que son prioridad para el gobierno, aunque contengan algunos visos claramente alejados de la Constitución nacional, como si la urgencia permitiera abandonar la Carta Magna, que claramente también estipula y marca hojas de rutas legales para actuar en momentos donde la urgencia y la necesidad lo requieran. Pero al margen del tema central, que contiene la atención de la política, no la de la sociedad que tiene problemas más tangibles y de supervivencia mirando como escapan los precios en las góndolas de los supermercados, en los combustibles, los servicios de salud y las tarifas que están en pleno proceso de “sinceramiento”, como lo llama el gobierno empeñado en sostener una política de shock que lo diferencie del gradualismo, que a su entender, fue responsable del fracaso del gobierno de Cambiemos en materia económica. Hasta ahora, sin sensibilidad demostrada frente al alto costo social que la misma conlleva.

Esa es la prioridad, pero no amerita que esa agenda permita dejar pasar por alto o bajarle el precio a la lucha contra el delito, a la recuperación de bienes malhabidos, a fortalecer todos los recursos para dar una batalla contra la corrupción, que hoy goza de una impunidad ostentosa y que está absolutamente relacionada con lo señalado en el párrafo anterior: lo que falta en la mesa de los argentinos, los trabajos que se perdieron, los recursos para atender áreas sensibles y necesarias como salud, educación, ciencia, entre otras, están ocultos o edificados en mansiones y estancias, autos de alta gama o en cuentas en el exterior.

Ningún presidente argentino puede darse el lujo de correrse de esa responsabilidad. Perdimos cuatro años con Alberto Fernández, que jugaba claramente a otro juego y no al que debe poner las fichas en el casillero que corresponde. Achicar el estado, hacerlo eficiente, terminar con los privilegios de los trabajadores que cobran del estado por militar una causa es totalmente plausible y necesario, pero no deja de ser una gota de agua en la inmensidad del mar de la corrupción que durante dos décadas bailó su vals en el salón central bajo la mirada ciega y el silencio cómplice que otorga el despotismo en el poder. No solo funcionarios judiciales o políticos arriesgaron su seguridad y la de sus familias en busca de conseguir que se haga justicia, también hubo periodistas sin ningún tipo de protección, como Diego Cabot, que investigó la causa Cuadernos, la más importante de la historia sobre la corrupción, que merecen que no se abandone o se pise el freno ni se banalice esa labor como una mera “persecución política”.

Si existe tal pacto de impunidad hay que denunciarlo, desactivarlo y si, como dicen algunos que hay que esperar para ver si es solo una sospecha, el gobierno de Milei debería hacer todo lo posible para demostrar que hay una mala interpretación, y que las declaraciones y decisiones del ministro Cúneo Libarona fueron solo un error. Aún hay tiempo para corregirlo y es obligación del Presidente aclarar con firmeza este punto. No lo dijo en campaña, no lo dijo en su discurso de asunción, ni siquiera en sus redes sociales que utiliza para criticar periodistas que no lo acusaron de ningún delito, solo hablaron de sus perros. El asunto es que Milei sigue sin hablar ni hacer o proponer algo especial sobre la lucha contra la corrupción kirchnerista. Y preocupa, porque como dijo Napoleón sobre el silencio que no compromete: “La mejor manera de mantener la palabra es no darla”.