Breve historia de la gobernabilidad peronista

Todos sabemos perfectamente qué sucedería hoy si los roles estuvieran invertidos; si gobernara un Juntos por el Cambio dividido y urgido por cerrar un acuerdo con el FMI y el peronismo estuviera en la oposición. En el mejor de los casos, se negarían a dar quorum y se sentarían en la platea a comer pochoclo y observar la desintegración del gobierno. Nos gritarían: “¡Inútiles!” Nos dirían: “¿Ven que no saben gobernar?, ¿por qué no arreglan los problemas que prometieron solucionar llenando mágicamente los bolsillos de la gente y girando enigmáticas perillas que ponían de pie al país?” “¡Gobiernen, muchachos!”, nos chicanearían. “La obligación de conseguir el quorum y de votar las leyes del Ejecutivo es de ustedes, que para eso se pusieron ahí. Y si no pueden gobernar, váyanse a casa y dejen gobernar al peronismo, que sabe hacerlo”. Esto dirían y harían los peronistas si fueran oposición. Todos lo sabemos.

¿Gorilismo? La última vez que la pobreza en la Argentina se acercó a los niveles actuales el peronismo le prendió fuego al país para hacerse con poder. No lo digo yo, lo dijo la “jefa” en la cadena nacional del 26 de diciembre de 2012, después de anunciar la compra de 32 autobombas y 26 aviones hidrantes para combatir incendios forestales. Aseguró entonces que existía un “manual peronista de saqueos y desestabilización” que se había aplicado para derrocar a Alfonsín, y a De la Rúa, en el trágico diciembre de 2001 en que, al grito de “solo el peronismo puede gobernar”, la alternancia democrática fue reemplazada por la gobernabilidad peronista. Aquel asalto a las instituciones tendría una repetición farsesca en diciembre de 2017, cuando las bandas fachas del trotskismo nac&pop y los intendentes del conurbano intentaron asaltar el Congreso en coordinación con los diputados del kirchnerismo, el peronismo federal y un frente reciclador pródigo ya de futuras autoridades. Fallaron, pero dejaron herido de muerte a Cambiemos y su capacidad para profundizar los cambios fiscales, previsionales y laborales necesarios para impedir el estallido de la bomba de tiempo que habían dejado en 2015. Su resultado final fue la corrida cambiaria de 2018 y la derrota electoral de 2019.

Al peronismo no le sobra amor, pero tampoco le faltan razones. No opera en Suiza, sino en un país cuyos sentidos comunes ha construido, y lo sabe. Punto para ellos. Se trata de un país en el cual el respeto por las instituciones paga poco en términos electorales y lo que vale es la ambición de poder y la decisión de ejercerlo. Fue así, derrocando gobiernos ajenos, que se estableció la gobernabilidad peronista, el paradigma que les ha permitido gobernar 26 de los 32 años transcurridos desde 1989 y no dejar gobernar los seis años restantes. Una gobernabilidad que, según sostienen algunos, consiste no solo en que la oposición no organice saqueos ni tire piedras al Congreso, sino en que se siente obedientemente a dar quorum y votar lo que al gobierno peronista se le antoje. No vaya a ser que un presidente que en 2019 llamaba a adelantar las elecciones nos diga golpistas o que los distinguidos panelistas que ocupan hoy el lugar del periodismo argentino nos acusen de no querer al país.

Por estos caminos se llega a esta paradójica Argentina en la cual solo el peronismo puede gobernar, pero la responsable de esa gobernabilidad es la oposición. Un país demencial. Un país condenado al éxito, pero en el cual, vaya a saber por qué, todo sale siempre mal. La responsabilidad, desde luego, es de la oposición. Se la llama hoy a proveer de gobernabilidad y razonabilidad a un gobierno que lleva años demostrando que no la tiene. ¿Es esto posible? ¿Es posible conferir desde afuera gobernabilidad y razonabilidad a un gobierno partido al medio, stalkeado por una psicópata, copado por una secta de delirantes cuya única racionalidad consiste en mantener bajo control todas las cajas, dedicado a garantizar los negocios y la impunidad de la vasta oligarquía peronista y cuyo presidente y ministros son lo más berreta que ha exhibido en el poder la bizarra historia argentina?

¿Es razonable pedirle que ponga la otra mejilla a una oposición cuyos dirigentes están siendo perseguidos judicialmente por haber tomado un crédito para intentar solucionar una situación de emergencia mientras el Presidente sostiene –bajo juramento, en los tribunales– que haber direccionado media obra pública nacional hacia la desértica provincia del amigo Báez es un “acto no justiciable”? ¿Es honesto pedirle a la oposición la responsabilidad que nunca se le pide al Gobierno, mientras quienes venían a solucionarlo todo lo han destruido todo y solo se ponen de acuerdo para proteger la impunidad de Cristina? ¿En qué manual de la política está escrito todo esto? ¿No es evidente que convalidar semejante trampa significa avalar las ridículas acusaciones del Gobierno sobre la responsabilidad de Cambiemos en el endeudamiento y prolongar, acaso para siempre, el escenario psicopático en el que está empantanada la Argentina? Hay que hacerlo por el bien del país, nos dicen. Pero ¿qué podría salir bien en un país en el cual el peronismo puede destruir a su antojo mientras la oposición se torna impotente por haber renunciado a su principal responsabilidad, que no es la de gobernar, sino la de controlar al Gobierno y sostener un proyecto de poder que nos saque en 2023 de este chiquero?

Ninguna oposición puede darle razonabilidad a un gobierno que no la tiene. ¿Quién puede garantizar la razonabilidad de un acuerdo técnicamente inconsistente y de las políticas económicas que el Gobierno adopte para cumplirlo? ¿Puede alguien imaginar que la oposición logrará impedir las locuras que adopten con la excusa de cumplir un compromiso que ella misma ha avalado? ¿Qué pasará cuando el oficialismo nos pida aprobar leyes demenciales en nombre de la gobernabilidad? ¿Cogobernaremos como socios en las pérdidas y testigos impotentes del daño mientras el kirchnerismo se propone como oposición a su propio desastroso gobierno?

Desde luego, estamos obligados a pensar en el país. Primero, la patria. ¿Queremos un pacto de razonabilidad? De acuerdo. Que el Gobierno comience por retirar los proyectos contrarios a la Justicia y la división de poderes. Que se aprueben boleta única y ficha limpia. Que se vuelva a una integración del Consejo de la Magistratura que respete el mandato constitucional. Que la Cancillería declare que el lugar de la Argentina en el mundo es junto a las democracias y no con dementes como Putin ni con el Partido Comunista chino. Si el Presidente pide responsabilidad a la oposición para aprobar el acuerdo con el FMI, no puede seguir siendo el agente de la locura kirchnerista en todo lo demás. Seamos razonables, pero todos, porque, si no, no es razonabilidad ni responsabilidad, sino síndrome de Estocolmo.

Y si queremos limitar los consensos al plano económico, también es posible: ningún acuerdo con el FMI puede basarse en una nueva exacción fiscal. La mesa directiva de Juntos por el Cambio ha sido explícita en este punto, convalidando el compromiso asumido en campaña por los diputados de Pro, la UCR y la Coalición Cívica: no votar ni avalar ninguna suba de impuestos. ¿Piensan reducir el déficit fiscal manteniendo el mismo gasto público mediante el crecimiento? Magnífico. Que el Gobierno se comprometa entonces, por ley, a no crear nuevos impuestos ni subir los existentes. Sin eso, no habrá razonabilidad ni responsabilidad, sino una nueva vuelta de tuerca a ese ajuste que no existe, pero lo sigue pagando la Argentina productiva en beneficio de la patria subsidiada.