Milei y el sueño peronista de la Corte propia

La lógica que hizo presidente a Javier Milei y que lo mantiene en una alta como provisoria estima social tiene su primera crisis. La Argentina acaba de descubrir que su presidente cree, al igual que la versión kirchnerista y menemista del peronismo, que es indispensable una Justicia maleable y adepta al poder político, incluso si necesita aceitar la relación por medio de bolsos con dinero clandestino.

El éxito electoral libertario se explica con facilidad, en especial ahora que se han consumado hechos que parecían impensables; la llegada al poder de un outsider como Milei, por ejemplo. Con el resultado puesto, puede dimensionarse la magnitud de la coincidencia entre un candidato iracundo que llegó denunciando a todo el sistema político y el deseo de más de la mitad del electorado de quebrar sus afinidades partidarias para acompañar un viraje categórico del rumbo del país.

Algo más. Los argentinos están descubriendo a medida que se desarrolla el mandato al hombre que eligieron presidente. Y el propio Milei se está descubriendo a sí mismo en el rol más complejo que pueda ejecutar un político casi en el debut como dirigente.

Prevalece, antes que esos descubrimientos tardíos, un fuerte deseo social que responde a una pregunta que sobrevoló durante toda la campaña del año pasado, cuando se daba por descontado que el ganador de las elecciones debería llevar adelante un doloroso como ineludible ajuste.

Una clara mayoría de argentinos prefiere bancar la ejecución del plan de Milei convencida de que es mejor soportar un trago amargo que seguir padeciendo una larga decadencia que potencia el empobrecimiento.

El Presidente tiene como soporte el consenso social de que, por traumático que resulte, es necesario hacer los cambios de una vez. Otro asunto es establecer la extensión de esa parte inicial; si puede medirse en meses, como dice el Gobierno, o si habrá que esperar años, según sugieren quienes creen que una mejora de los indicadores sociales tardará en acompañar la reducción de la inflación que se anticipa.

La candidatura al máximo tribunal de justicia de un juez famoso por su desprestigio establece un vínculo con las políticas que en materia judicial llevaron adelante Carlos Menem y el matrimonio Kirchner

Milei está cubierto por una armadura ideológica que también es el soporte estructural de su personalidad. Toda su realidad es atravesada por la lógica del mercado y el universo de la economía explica sus pasos. De hecho, solo atiende con detenimiento y cuidado a la agenda económica, y poco menos que ignora otros asuntos esenciales de una administración.

Delegó la seguridad y mira como un espectador los pasos de la ministra Patricia Bullrich. La acción social en manos de Sandra Pettovello solo despierta su interés cuando la funcionaria le plantea dilemas insalvables. Lo mismo con las relaciones exteriores, a cargo de Diana Mondino. La educación o la salud le resultan ajenos.

Fuera del círculo de la economía, Milei hizo una jugada que para muchos resultó un descubrimiento y para otros, tal vez los menos, una confirmación. Al anunciar el envío de la candidatura del juez Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema, abrió una grieta respecto de su lucha contra la casta.

¿Cuál es el verdadero interés del Presidente en cambiar el sistema de poder que llevó a la Argentina al enriquecimiento indebido de muchos protagonistas de la función pública a costa del 50% de pobreza? La candidatura al máximo tribunal de justicia de un juez famoso por su desprestigio establece un vínculo con las políticas que en materia judicial llevaron adelante Carlos Menem y el matrimonio Kirchner.

Elevado a la categoría de prócer por los libertarios, el presidente riojano armó una mayoría automática que derrumbó por años la autoridad de la Corte, al tiempo que alentaba el sometimiento de los jueces encargados de investigar al poder.

Néstor Kirchner forzó la renuncia de aquellos jueces de la mayoría automática y fue reconocido por la recreación de una Corte con juristas de prestigio. Pero su esposa borró para siempre aquella decisión; el kirchnerismo terminó intentando ejecutar una condena colectiva a los actuales miembros de la Corte una vez que se agravó la situación procesal de Cristina Kirchner.

Lijo puede ser apenas una anécdota si se confirma una sospecha instalada con fuerza en los últimos días: un pacto con Cristina Kirchner para forzar la salida de tres de los miembros del máximo tribunal para instalar una Corte funcional a los deseos de impunidad de la expresidenta.

Milei necesita los votos del kirchnerismo en el Senado y solo Cristina se los puede dar. Esa fórmula incluiría un acuerdo de impunidad retroactiva y otra para el futuro. La primera, para la jefa de la oposición, y la restante para evitar el juzgamiento negativo de los cambios legales que son imprescindibles para las reformas estructurales que aspira a concretar Milei.

El Presidente atendería en función de esa lógica la experiencia menemista, que acomodó sin escrúpulos los fallos judiciales a sus deseos. Es posible que crea, en función de su perspectiva exclusivamente económica, que una Justicia sometida es una herramienta necesaria para evitar que se caigan las leyes de un nuevo esquema.

Milei puede quebrar un pacto implícito con votantes que lo apoyaron para que termine con las prácticas corruptas de lo que él definió como “la casta”. ¿Es tan así? ¿Es de verdad relevante para la mayoría de los argentinos contar con una Justicia independiente que persiga la corrupción?

Es posible que Milei sepa la respuesta. Es fácil encontrarla en el pasado reciente: cada vez que en forma transitoria la Argentina encontró un respiro a sus crisis económicas, durante el menemismo y en la primera etapa kirchnerista, importó mucho menos que la Justicia cumpliera su misión.

Un presidente que promete dejar como legado un país con el rumbo recuperado quizá solo piense esa herencia como un cambio rotundo de la economía. ¿Será lo mismo si pacta impunidad con el kirchnerismo?