Documentos clasificados: un “descuido” de Joe Biden salpicó a Barack Obama, George Bush y Bill Clinton
Los expresidentes de Estados Unidos recibieron un pedido del Gobierno para que chequearan sus pertenencias; el escándalo que afecta al actual mandatario
LA NACION
El hallazgo de documentos clasificados en su residencia privada se convirtió en un escándalo inusitado para Joe Biden. Mientras la Casa Blanca intentar controlar las repercusiones, una oficina del gobierno de Estados Unidos le pidió a expresidentes y exvices que revisen sus pertenencias. El pedido llegó a Donald Trump, a quien la Justicia ya investiga por el supuesto manejo irregular de información clasificada, pero también a otros como Barack Obama y George W. Bush.
La cuestión se agravó días atrás cuando se conoció que también el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, también tenía registros secretos. Si bien el dirigente republicano señaló que “no tenía conocimiento” de esos registros, la manipulación de archivos confidenciales de los funcionarios que dejan el poder se convirtió en un asunto delicado en el país.
En ese contexto, la oficina de los Archivos Nacionales de Estados Unidos hizo un llamado para que los expresidentes y exvices hasta la era de Ronald Reagan (1981-1989) chequeen sus pertenencias y se fijen si, por si acaso, tienen documentos secretos. Lo hicieron mediante una carta dirigida a sus representantes, según consignó la agencia AP.
Los Archivos enviaron la carta a los representantes de los expresidentes Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Ronald Reagan, y de los exvicepresidentes Pence, Biden, Dick Cheney, Al Gore y Dan Quayle.
La acción de la oficina estadounidense busca garantizar el cumplimiento de la Ley de Documentos Presidenciales. La norma establece que todos los documentos creados o recibidos por el presidente son propiedad del gobierno y estarán a recaudo de los Archivos al final de cada administración.
La responsabilidad de cumplir la Ley de Documentos Presidenciales “no disminuye al término de un gobierno”, escribió el organismo en la carta. “Por lo tanto, le solicitamos que efectúe una evaluación de todos los materiales que se encuentren fuera (de los Archivos) relacionados al gobierno y de los que es representante designado conforme a la LDP, para determinar si los contenidos de los materiales que se asumían previamente de naturaleza personal pudieran contener inadvertidamente documentos presidenciales o vicepresidenciales sujetos a la LDP, estén clasificados o desclasificados”.
Los voceros de los expresidentes Trump, Obama y Clinton y de los exvicepresidentes Pence, Cheney, Gore y Quayle no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo la Casa Blanca.
Desde el entorno de George W. Bush sí respondieron. El jefe de despacho de su presidencia, Freddy Ford, desestimó que pudieran tener registros de esas características. “Comprendemos el propósito y continuamos convencidos de que no hay materiales de ese tipo en nuestro poder”.
El caso de Biden
Los abogados de Biden encontraron en noviembre diez documentos clasificados de su tiempo como vicepresidente en un gabinete con llave cuando guardaban cosas de una oficina que el presidente ya no utiliza. Desde entonces, búsquedas realizadas por el FBI y por los abogados del mandatario han encontrado otros seis documentos. Una fuente anónima cercana a los Archivos dijo que ninguno de ellos contenía secretos nucleares.
Biden ha procurado cooperar en todo momento con la investigación del Departamento de Justicia, aunque persisten dudas sobre la transparencia del presidente con el público.
Hace unos días, durante un viaje a California, trató de minimizar el caso. “Escuchen, hallamos algunos documentos (...) que estaban almacenados en el lugar equivocado, los entregamos inmediatamente a los Archivos y al Ministerio de Justicia”, dijo el mandatario estadounidense a periodistas.
El fiscal General Merrick Garland, nombrado por Biden, designó un Fiscal Especial para llevar adelante la investigación sobre los documentos del presidente. Garland ya había hecho lo mismo con Donald Trump, envuelto en un escándalo similar, aunque con una diferencia: se negó a cooperar con las autoridades federales, y sus documentos clasificados fueron hallados en una redada del FBI en su residencia de Palm Beach, Mar-a-Lago.
Algunos de esos papeles luego fueron devueltos a los Archivos Nacionales, custodio de los registros presidenciales, pero se negó a entregar muchos otros. Ahora, corre el riesgo de enfrentar una causa penal por rehusarse a devolver documentos ultrasecretos tras dejar la Casa Blanca.
Todas las búsquedas de documentos en la residencia de Biden han sido consensuadas entre los abogados del presidente y el Departamento de Justicia.
Como publicó LA NACION, la Casa Blanca ha dicho ante cada pregunta de la prensa sobre el tema que coopera plenamente con la investigación del Departamento de Justicia y ha eludido dar detalles sobre los papeles hallados o sobre la polémica por la cantidad de tiempo que el gobierno permaneció en silencio escudándose en que la investigación “está en curso”.
Con información de AP
LA NACION
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