Reformas anticasta

Al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei anticipó en su discurso un paquete de leyes “anticasta” que se apoyan en el innegable hastío que siente la sociedad frente a un sistema que funciona mal o no funciona, en el plano institucional, político y sindical.

Las críticas del Presidente hacia los políticos, los sindicatos y otros actores de poder son recibidas con beneplácito por quienes observan privilegios y situaciones que no solo fueron toleradas durante mucho tiempo, sino lamentablemente promovidas, pero que son absolutamente insostenibles.

No faltó en sus palabras el innegable reconocimiento a mecanismos que funcionan correctamente y sobre los que existe consenso general. Tal el caso del sistema electoral y los procedimientos democráticos bajo custodia de la Justicia Nacional Electoral.

Fuera de las luchas agonales, pobladas muchas veces de exclamaciones estridentes entre candidatos, nadie cuestiona la legitimidad de los procesos electorales, que han sido implícitamente valorados de modo favorable por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cuyos resultados nunca han sido puestos en duda.

Cuando el Presidente propone la democratización de los sindicatos, con elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Nacional Electoral, está apoyando sus reformas en ese sistema consolidado que nos ha permitido atravesar pacíficamente todas las crisis económicas, políticas e institucionales, desde la transición a la democracia en 1983.

La Justicia Electoral Federal tuvo en algún momento la supervisión de las elecciones de los sindicatos. La ley 23.071 de 1984 le había encomendado el control de los procesos de normalización de las asociaciones de trabajadores.

La sociedad reclama umbrales mínimos de integridad y decencia

Respecto de otra de las propuestas “anticasta” que adelantó Milei en el discurso de apertura legislativa, esa misma Justicia Electoral también sentó criterio. Nos referimos a la inhabilitación para postularse a cargos electivos nacionales a personas condenadas por corrupción.

En 2017, la Cámara Nacional Electoral impidió la postulación a un tercer mandato como senador nacional por La Rioja del expresidente Carlos Menem. Recordemos que para entonces, el ya fallecido dirigente riojano contaba con dos condenas penales por delitos de corrupción, una de la Cámara Federal de Casación Penal (contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia) y otra del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 (pago de sobresueldos), que tenían como accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En un fallo ejemplar, el tribunal electoral aplicó el antecedente de un caso similar, resuelto en 2003, en el que Raúl Romero Feris había sido inhabilitado por ese mismo cuerpo judicial como candidato a senador nacional por Corrientes, por no reunir “la condición de idoneidad suficiente”, pues pesaban sobre él dos sentencias condenatorias de primera instancia por delitos contra la administración pública.

En ambas ocasiones, la Cámara Electoral tuvo un rol diferencial, explicando que la presunción de inocencia asegurada en el artículo 18 de la Constitución nacional, que ampara a las personas en juicio penal hasta que exista sentencia firme, no subsana la falta de idoneidad para el desempeño de la función pública que requiere su artículo 16, claramente ausente cuando un candidato ha sido condenado por el delito de corrupción.

Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esos antecedentes, confundiendo presunción de inocencia con idoneidad y olvidando que el sistema democrático presupone un vínculo de confianza entre representantes y representados que requiere promover la honestidad como requisito de la idoneidad que contempla la Constitución nacional.

Si bien las causales de inhabilidad política deben ser siempre cuidadosamente estudiadas para evitar proscripciones arbitrarias, la sociedad reclama umbrales mínimos de integridad y decencia, cuyo descuido o menosprecio impacta directamente en la calidad de la representación política, desgastando la confianza que los ciudadanos tienen sobre el propio sistema democrático.

La reivindicación que el primer mandatario hizo de los mecanismos institucionales dispuestos para custodiar los procesos electivos demuestra que, pese a todo lo que no funciona y a las dificultades que tenemos que atravesar, podemos también celebrar que contamos con instituciones electorales en las que confiar.